Víctor Manuel Tut Cauich

Expediente 1371/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1371/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • José de Jesús Hernández Morales
  • Víctor Manuel Tut Cauich

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    (...) SE DECLARA ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO (...) SE ORDENA EL ARCHIVO DE LOS PRESENTES AUTOS (...)

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte las constancias del expediente laboral 390/2015 remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en apoyo a su informe justificado. Ahora bien, de una revisión de las mismas se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto, al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, de dar contestación a sus solicitudes respecto a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 390/2015 de su índice. Sin embargo, de las copias certificadas que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio contestación a las solicitudes formuladas por la parte quejosa respecto a la ejecución del laudo dictado en autos del expediente laboral 390/2015 de su índice; esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Lo anterior, sin que obste que no se haya emplazado al presente juicio de amparo a los terceros interesados Ayuntamiento del Municipio de Halachó, Yucatán, al Presidente, Secretario, Tesorero y Síndico del propio Ayuntamiento, toda vez que atendiendo al sentido de esta determinación no se vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia señalada para las doce horas con veinte minutos del día de hoy treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Sin que obste lo anterior, el hecho que no haya transcurrido el término concedido a las partes en proveído de veinte de septiembre del año en curso; sin embargo, ello no es obstáculo para resolver el presente juicio al haberse actualizado de manera notoria y evidente la aludida causal de improcedencia, aunado a que las partes cuentan con los recursos y medios legales correspondientes en caso de no estar conformes con la presente determinación, por lo que de ninguna forma se les deja en estado de indefensión. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse del informe, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con el que remite el memorial signado por los quejosos José de Jesús Hernández Morales y Víctor Manuel Tut Cauich, ocurso mediante el cual cumplen con la prevención formulada en proveído de cinco de agosto del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la ley de amparo aplicable, para su apertura de oficio. En términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, solicítese el informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo, en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinente, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. En atención a las medidas de contingencia, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que podrá hacer llegar a este Juzgado el informe requerido o cualquier otro documento relacionado con este juicio, enviándolo al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional que es el siguiente 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Se señalan las doce horas con veinte minutos del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En el entendido de que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a José de Jesús Hernández Morales, con independencia que los promoventes pueden designar uno de ellos en cualquier momento en que lo soliciten. Con fundamento en los artículos 5, 26, fracción II, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como terceros interesados al Ayuntamiento del Municipio de Halachó, Yucatán, al Presidente, Secretario, Tesorero y Síndico del propio Ayuntamiento, quienes deberán ser emplazados mediante oficio en el domicilio de su oficina principal, de acuerdo a lo estipulado por la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, corriéndoles traslado con una copia de la demanda. Por otra parte, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se previene a las partes de este juicio de amparo a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en los artículos 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Con apoyo en el numeral 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que informe a este Juzgado si tiene conocimiento que la parte quejosa ha promovido otra demanda de amparo contra el acto que reclama en este juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano, que la parte quejosa ofrece y anexa a su escrito de demanda de amparo, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Con copia de la demanda de amparo y del presente acuerdo, con las correspondientes evidencias criptográficas, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo; lo anterior a través del correo electrónico rossana.rosas971@gmail.com para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Téngase por hechas las manifestaciones, de la parte quejosa en el sentido de que está anuente y de acuerdo en que al momento de hacerse pública la sentencia se publique sin supresión de sus datos personales. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y a la Agente del Ministerio Público de Federación adscrita a este juzgado mediante correo electrónico. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

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