Víctor Manuel Torres Arellano

Expediente 262/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
262/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Torres Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal establecido para ello; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se sobreseyó, además se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que el juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, remitió como sustento de su informe justificado, consistente en un disco versátil digital (DVD), relativo a la causa penal *** de su estadística, devuélvansele. Se solicita el acuse de recibo condigno al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, toda vez que obra un documento original que se adjuntó a la demanda de amparo -"dictamen" pericial psiquiátrico-, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 18, prevéngase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlo, previa cita que habrá de gestionar para tal fin, en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; apercibida que de no tal documento será depurado del presente expediente judicial.

  2. Principal

    Celaya, Guanajuato, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 262/2021-5; y, R E S U L T A N D O VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 262/2021-5; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado federal en la misma fecha, *, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra los actos y autoridades que a continuación se transcriben: IV.ACTOS RECLAMADOS. A. La privación de la libertad fuera de procedimiento que se trata de ejecutar en contra del suscrito * ya que no existe mandamiento por autoridad competente. A.- (sic) La privación de la libertad fuera de procedimiento que se trata de ejecutar en contra del suscrito * ya que no existe mandamiento por autoridad competente, emitida por el juez de oralidad penal, ya que la misma es ilegal, como se determinará en los conceptos de violación, de dicha circunstancia tuve conocimiento el día 27 de abril del año 2021, que existe una investigación al suscrito dentro de la causa penal *, como lo refiero en el capítulo de antecedentes." III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Como ordenadoras: 1. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal, residente en Apaseo el Grande, Guanajuato. 2. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal, residente en Celaya, Guanajuato. 3. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 1 de la ciudad de Apaseo el Grande, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Apaseo el Grande, Gto. 4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 2 de la ciudad de Apaseo el Grande, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Apaseo el Grande, Gto. 5. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 1 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 2 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. 7. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 3 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. 8. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 4 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. 9. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 5 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. 10. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 6 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. 11. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 7 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. 12. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres 1 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. 13. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres 2 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. 14. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres 3 de la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Celaya, Gto. Como ejecutoras: 15. Jefe, Director, Encargado y/o Comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato. 16. Jefe, Director, Encargado y/o Comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Celaya, Guanajuato." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, el que por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, admitió la demanda; formó el expediente y lo registró bajo el número 262/2021; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el propio auto de radicación se ordenó al juez responsable respecto del cual fueran ciertos los actos reclamados, practicara los emplazamientos de los terceros interesados. Por tanto, mediante proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, Sede Celaya, base Apaseo el Grande, remitiendo las constancias de emplazamiento del agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de donde deriva la orden de aprehensión reclamada; así como del menor de iniciales A.I.T.R., por conducto de su progenitora y representante legal * TERCERO. Inexistencia de autoridades responsables. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se suspendió comunicación con las autoridades que la parte quejosa denominó como: "Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 7 de la ciudad de Celaya, Gto.", "jefe, director, encargado y/o comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Celaya, Guanajuato" y "jefe, director, encargado y/o comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato", ante su inexistencia; por tanto, esta sentencia no se ocupará más de tales autoridades. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una orden de aprehensión que tiene efectos de ejecución dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda de amparo y de su escrito ampliatorio, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal * del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, por el hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores e incapaces, previsto y sancionado por los artículos 237 y 239 en relación con los diversos 9, 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, cometido en agravio del menor de iniciales A.I.T.R., representando legalmente por su progenitora ******; y, ii) En vía de consecuencia, la inminente ejecución de dicha orden de captura. Actos reclamados a las siguientes autoridades, en el ámbito de sus atribuciones legales: 1. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande; 2. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya; 3. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 1 de la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato; 4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 2 de la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato; 5. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 1 de Celaya, Guanajuato; 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 2 de Celaya, Guanajuato; 7. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 3 de Celaya, Guanajuato; 8. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 4 de Celaya, Guanajuato; 9. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 5 de Celaya, Guanajuato; 10. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 6 de Celaya, Guanajuato; 11. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres 1 de Celaya, Guanajuato; 12. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres 2 de Celaya, Guanajuato; y, 13. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres 3 de Celaya, Guanajuato; TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. La autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, negó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó. Por tanto, si el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de la autoridad en cita, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable en comento, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, exclusivamente por lo que ve al acto de la autoridad, precisados en este considerando. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, pues así lo expresó al rendir su informe de ley cuando señaló que en la causa penal número *, radicada en contra de *, en audiencia privada de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se giró orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores e incapaces, previsto y sancionado por los artículos 237 y 239, en relación con los numerales 9, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio del menor de identidad resguardada * Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la orden de captura reclamada se robustece con la constancia que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el acto reclamado en forma destacada, y algunos de los archivos digitales con los que cuenta la causa penal de origen; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que es una diligencias encomendada por disposición de la ley y por tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, las autoridades responsables agentes del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 1 y 2 de Apaseo el Grande; 1, 2, 3 y 6 de Celaya; 1, 2 y 3 de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de Celaya, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que les reclaman, en lo que en su ámbito de atribuciones corresponde; sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas, pues se considera que tienen el carácter de autoridades ejecutoras y al existir la orden de aprehensión reclamada a la ordenadora, es clara su inminente ejecución. De ahí que se determinen como ciertos los actos que les atribuyen. Ello porque al ser dichas autoridades órganos de la Institución del Ministerio Público, están facultadas para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión emitidas por autoridades jurisdiccionales y, en consecuencia, deben considerarse legalmente como autoridades ejecutoras. En ese contexto, es inconcuso que dichas autoridades tienen intervención en la inminente captura del peticionario de la tutela federal. Aunado a que en términos de lo dispuesto por el artículo 145, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los mandatos de captura girados por la autoridad judicial, serán ejecutados por el Ministerio Público a través de la Policía. En otro aspecto, las diversas autoridades responsables agentes del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común 4 y 5 de esta ciudad, no rindieron su informe de ley, no obstante encontrarse legalmente requeridas para ello, según consta del respectivo acuse de recibo que obra a fojas 27 y 28 del sumario; por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a esas autoridades, aunado a que por su condición de ejecutoras y en términos de lo señalado en párrafos que anteceden, les compete cumplir los mandatos de captura librados por la autoridad judicial competente, al caso el juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, quien aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal * del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, en la que se dictó la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la parte quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano de los peticionarios del amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte quejosa, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación la parte quejosa esgrime: I. En el capítulo conceptos de violación "PRIMERO", del escrito inicial de demanda, la parte quejosa, en esencia y en atención a la causa de pedir, expresa que se vulneró el artículo 14 constitucional, pues se le pretende privar de su libertad sin que se hayan respetado las formalidades inmersas en el precepto constitucional en cita garantía de audiencia o debido proceso-. Que no fue llamada a juicio; que una persona para ser privada de su libertad tiene que ser oída y vencida en juicio, lo cual no se cumplió en el caso que nos ocupa. El planteamiento a trato es infundado. En efecto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la orden de aprehensión constituye un acto de molestia -no así de privación-, por lo cual no se rige por la prerrogativa reconocida por el artículo 14 constitucional relativa a la garantía de audiencia. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión, se dictarán cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, por tanto, no transgrede el principio citado, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista audiencia previa. Máxime, que la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 constitucional, y no por el diverso 14 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.6o.P.86 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia". II. En los puntos "SEGUNDO" y "TERCERO", del capítulo "conceptos de violación", la parte quejosa expresa, sustancialmente, que la orden de aprehensión infringe los numerales 16, 17, 19 y 21 de la constitución, porque en ningún momento se le llamó para defender sus derechos, lo que torna en indebida la investigación de donde derivó la orden reclamada. El anterior planteamiento es infundado. Respecto del mandamiento de captura reclamado, es pertinente precisar que el mismo se encuentra regulado por lo dispuesto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los siguientes términos: Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En relación a los requisitos de la orden de aprehensión, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) Se acredite la necesidad de cautela. Ahora, quien esto resuelve, estima que los requisitos señalados, para el dictado de una orden de aprehensión, en la especie, se encuentran colmados, como enseguida se verá. En efecto, el primer requisito, se satisface, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por autoridad competente como es el juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en la comunidad de San Pedro Tenango, municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción por materia y territorio. De igual modo, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es, la denuncia de un hecho que la ley señala como delito, la que fue presentada por Evelyn Alejandra Ramos Moreno, madre del menor de edad víctima del delito de corrupción de menores e incapaces. Tal delito, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 237 y 239, con relación a los diversos 9, 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, tienen establecido una pena privativa de libertad. Corrobora lo expuesto, la siguiente transcripción: Artículo 9.- Ninguna persona podrá ser sancionada por un delito si la existencia del mismo no es consecuencia de la propia conducta. En los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si de acuerdo a las circunstancias podía hacerlo y además tenía el deber jurídico de evitarlo, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Artículo 13.- Obra dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente tipificado o lo acepta, previéndolo al menos como posible. "Artículo 20.- Es autor del delito quien lo realiza por sí, por medio de otro que actúa sin incurrir en delito o con varios en común. Es partícipe quien sea instigador o cómplice. La punibilidad aplicable al autor podrá agravarse hasta un tercio, cuando realice el delito por medio de un menor de dieciséis años o de una persona incapaz." Artículo 237.- A quien procure, facilite o mantenga en la corrupción a un menor de dieciocho años de edad o a un incapaz, mediante actos lascivos o sexuales, o lo induzca a la mendicidad, ebriedad, a realizar una conducta sexual, al uso de substancias de cualquier naturaleza dañosas a la salud, a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, se le aplicará prisión de tres a ocho años y de cincuenta a doscientos días multa. Si el agente ejerce violencia sobre el pasivo la sanción se aumentará hasta una tercera parte. Artículo 239.- Las sanciones que señalan los artículos anteriores se aumentarán hasta en una mitad más cuando el delito se cometa por quien tenga parentesco por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el segundo grado, por afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima aunque no existiera parentesco alguno, así como por el tutor o curador. Además, se le impondrá la pérdida de la patria potestad respecto de todos sus descendientes y el derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima. Por lo que si el delito de referencia tiene prevista pena privativa de libertad, con ello se satisface el tercero de los requisitos que -constitucional y legalmente se exigen, para que se gire una orden de aprehensión. Asimismo, como datos de prueba de acuerdo a lo que se advierte del audio y video de la audiencia de veinticinco de junio de dos mil diecinueve-, que demuestran la existencia del hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el quejoso los cometió, por los que se giró la orden de aprehensión, se advierten los siguientes: Denuncia de * de quince de mayo de dos mil dieciocho, en la que señaló ser madre del menor de iniciales * de cinco años de edad al día de la denuncia- y que el padre del menor ofendido falleció; que tienen su domicilio en calle Corregidora número veinticinco de la comunidad de San Pedro Tenango, en Apaseo el Grande, Guanajuato; que como ella es obrera y su mamá también tiene esa ocupación, se les dificultaba mucho cuidar al menor y por ese motivo optó que fuera la abuela paterna de nombre Antonia Arellano Toral, quien vive con su esposo de nombre * quien le ayudara a cuidar al mencionado menor de edad, de lunes a jueves en la casa de los abuelos paternos, ubicada sobre *, Guanajuato una vez que saliera del kínder, lugar donde incluso el menor dormía; ello desde el mes de febrero hasta el ocho de mayo de dos mil dieciocho. En ese domicilio viven el resto de los hijos de los abuelos paternos del menor de edad-, entre ellos * y *, todos de apellidos *. Que el once de mayo de dos mil dieciocho, alrededor de las seis treinta horas se encontraba con su menor hijo, en la casa de su madrina de nombre *, quien vive en la calle *; que ahí sorprendió a su menor hijo de iniciales A.I.T.R. chupándole el pene a un diverso menor de cuatro años de iniciales J.A.R.C., hijo de la citada *; menores que se encontraban dentro de una de las habitaciones de la vivienda; el niño mencionado en último término se encontraba totalmente desnudo parado a un lado de la cama. Que cuando observó esto regañó a su hijo y le comentó lo sucedido a su madrina; después de esto le preguntó a su hijo el por qué de esa conducta, a lo que niño dijo que porque a él se lo hacían sus tíos cuando estaba con su abuelita Antonia y que además su tío * le colocaba el pene entre sus pompitas, que se lo empujaba cuando se dormía con él en su cuarto por las noches y que lo hacía hasta que él sentía "mojadita su colita"; lo que el menor de edad narró llorando. Que ahí también se encontraba otro niño de iniciales *, de seis años de edad, quien admitió que el menor de edad ofendido les había chupado el pene a él y a su hermano de cuatro años de iniciales * Una vez sucedido lo anterior, la denunciante dejó al menor con su madrina y fue a hablar con sus suegros para informarles lo anterior; al llegar ahí habló con ellos, quienes le dijeron que no creían lo que decía el menor. Posteriormente regresó por su hijo a la casa de la madrina, le habló por teléfono a su mamá para decirle lo acontecido y nuevamente la denunciante regresó a casa de sus suegros llevándose con ella al menor ofendido. Una vez en la casa de los abuelos paternos, le pidió a su hijo que les dijera a estos lo que le narró y el menor les dijo que efectivamente su tío * le ponía el pene en su colita. Los abuelos dijeron que eso no era posible y ahí estaban presentes, *,* y *. Que posteriormente se quedó a solas * con *, a quien le pidió que dijera la verdad y fue cuando * aceptó y dijo que sí era cierto; que en ese lugar se encontraba la abuela materna del menor, razón por la que se le fue a golpes al aquí quejoso. Finalmente, cuando platicó con su menor hijo en casa, le dijo lo que le hacían sus tíos, e insistió que su tío * le metía su pene en la "colita, hasta que sentía mojado, cuando dormí con él." Entrevista del menor ofendido de iniciales **** quien respondió a las preguntas que le fueron formuladas que vive con su madre; indicó el nombre de esta; dijo que su papá se llama * pero ya murió; que además vivía con su mamá ***, y dijo que esta era su mamá que la llevaba con su mamá ****; cuando se le preguntó quién era esta dijo "Es que mi mamá * vive en una casa diferente a la de nosotras pero ahí me quedo a dormir yo cuando me voy al kínder; dijo que al kínder lo lleva su tío *, solo cuando se queda con su mamá *; que con su mamá vive su tío *, su tía *, su papi *, su tío *, su tía Nana y también **; se le preguntó que cuando se quedaba a dormir con su mamá * con quien se dormía y respondió que con su tío ** en un cuarto en una cama; se le preguntó que quien más duerme en ese cuarto y respondió que solo * y él; al preguntarle cómo se lleva con su tío * dijo "a veces me trata muy bien cuando juego con *** y a veces me trata muy mal cuando él y * jugamos a las luchas; se le preguntó al menor si alguien lo trataba mal y respondió que *, ya que * me pone su pene en mi colita; se le preguntó si podía narrar esa conducta y respondió no sé; entonces se le preguntó que como se daba cuenta que él hacía eso y respondió "porque me ponía su pene y yo sentía lo mojado en mi colita"; se le preguntó cómo era "eso mojado" y respondió: "es que el me hacía quedito en mi colita y Aarón era el que me hacía luego bien duró"; se le preguntó que narrara como le hacía * y dijo: "Es que yo estaba acostado en la cama dormido y después yo sentía bien mojado"; se le preguntó si le decía algo y dijo que nada; se le preguntó si recordaba en qué momento y dijo que en la noche, cuando se dormía con él; se le preguntó que como lo hacía y contestó: pues él se movía así y se asentó que el menor hacía movimiento en la silla de atrás hacia adelante; el menor dijo que no sentía nada cuando su tío hacia eso, solo sentía mojado; se le preguntó si sabía que era lo mojado y respondió que no lo sabía; se le preguntó si llegó a ver de qué color era eso mojado y dijo que no; también se le preguntó dónde sentía lo mojado y dijo "en mi colita"; se le preguntó que cuando eso pasaba qué ropa llevaba puesta y respondió que no traía ropa; se le preguntó que por qué no traía ropa y dijo que su tío le baja su ropa y se movía; también respondió que no le decía nada a su tío * porque después se dormían; se le preguntó si sabía porque estaba en esas oficinas y respondió: "sí, es que mi mamá vio que yo le estaba chupado el pene al * y yo creí que era algo bueno pero ya supe que es malo"; se le pidió que si deseaba contar lo que pasó ese día y dijo: "primero se quitó su pantalón porque su mamá le dijo que se lo quitara, porque su mamá quería que se cambiara la ropa; luego * se quitó toda su ropa, pero también los calzones; después nos fuimos a ver tele pero como su mamá le dijo que se cambiara"; se le preguntó qué porque hacía eso y dijo que porque él creía que era bueno, ya que sus tíos le decían que era un juego; que ahora siente que eso es malo porque su mamá le dijo que eso no lo tiene que hacer y ya por eso refirió no recordar más cosas. Informe médico y proctológico número * de quince de mayo de dos mil dieciocho, realizado por la perito médico legista * al menor ofendido en el que concluyó que el menor presenta una cicatriz localizada en la hora cinco en comparación a la carátula del reloj, en su región anal. Entrevista de * quien es madre de los menores de iniciales * y * así como de una niña de ocho años de edad de iniciales * indicó conocer a la denunciante *, ya que es su ahijada y sabe que es madre del menor ofendido; que tiene conocimiento que esta última trabaja por lo que el menor queda al cuidado de la abuela paterna de nombre *, quien tiene varios hijos, entre ellos el ahora quejoso; lo que sabe porque todos viven en la misma comunidad; agregó ser madre de los menores ya indicados y que el día once de mayo de dos mil dieciocho, entre una y media y dos de la tarde llegaron a su casa * y su hijo; que estuvieron ahí conviviendo y los niños jugando y alrededor de las seis treinta de la tarde, * se iba a retirar de su domicilio cuando ella le llamó a su hijo; que este no salía porque todos los niños estaban jugando en el cuarto, razón por la que Alejandra se metió a buscarlo y cuando salió la notó "rara"; * le indicó a la entrevistada que le deba mucha pena y que le tenía que decir que su hijo le estaba chupando el pene al menor de iniciales J.A., que por ese motivo entraron al cuarto y vio que su hijo corrió a esconderse debajo de las cobijas; y que Alejandra le preguntó a su hijo que porque hacía eso, pero el niño no decía nada y después le dijo que sus tíos le hacían eso; que su tío * le metía el pene entre sus nalguitas y que eso pasaba cuando se dormía con él. Que posterior a eso la señora * estuvo platicando con sus hijos para preguntarles si solo en esa ocasión había ocurrido eso y de esa plática se dio cuenta que también se lo había hecho a su otro hijo menor de edad. Que más tarde Alejandra regresó a su domicilio y le indicó que sus suegros no le habían creído y que por ese motivo llevaría a su hijo para que se lo dijera directamente y se retiró del domicilio. Entrevista del menor de iniciales * de seis años de edad, quien a respuestas que le fueron formulados respondió que sabía que estaba en esa oficina y que era "por una violación"; que sabía lo anterior porque "mi mamá dijo así, le hicieron una violación a * y * nos hizo esa violación a nosotros"; dijo que lo que la habían hecho a él y a su hermano fue "nos chupo el este por donde hacemos de la pipí a mí y a mi hermano"; se le preguntó que por donde hacía de la pipí y dijo "por un agujerito que tenemos aquí" y se asentó que en ese momento con su mano se tocó su área genital; dijo que solo en una ocasión el menor * les realizó esa conducta, el mismo día; que eso ocurrió hace algunos días, en su cama, en el cuarto de su casa; que le bajó el calzón y le chupo con su boca a él y a su hermano. Entrevista del menor de iniciales *, quien a preguntas respondió que se encontraba en ese lugar porque estaban jugando; dijo que conocía las partes de su cuerpo y las mencionó; se le preguntó que qué era la "chis" y dijo que por donde hace pipí pero dijo que no sabe cómo se llama; indicó que el menor ofendido de iniciales *, le tocó su área genital unos días antes cuando estaban en la cama y narró lo sucedido. Entrevista de la menor de iniciales *. hija de *, quien indicó haber estado en su domicilio el once de mayo de dos mil dieciocho, razón por la que se percató del incidente que tuvo lugar con sus hermanos menores y el ofendido A.I.T.R. Informe psicológico número * suscrito por la psicológica * al menor ofendido en el que concluyó que el menor sí presenta indicadores de afectación emocional derivados de los hechos denunciados; que esos indicadores son característicos a un cuadro clínico sintomatológico que desarrollan las personas víctimas de una situación de índole sexual que afectan sus áreas de desarrollo, alteran su ritmo de vida y estado de ánimo; que se afectaron las áreas físicas con problemas de sueño, cambios de hábitos de alimentación; emocionales como sentimientos de amenaza, preocupación, inadecuación, agresión, estigmatización, vulnerabilidad, sentimientos de culpa y vergüenza, así como afectación sexual por tener un conocimiento sexual precoz o inapropiado para su edad, con una curiosidad sexual; en el área conductual, detectó una enuresis, ya que el menor ha repetido conductas erotizadas en otro menor; agregó que el menor ya normalizó una conducta, porque se le presentó como un juego y al no cumplirlo se le amenazó con la consigna de que tenía el diablo adentro y que se le tenía que sacar y esto le generaba miedo al menor; al menor le han dado a conocer de manera inadecuada el contenido de la sexualidad y genitalidad, ya que debido a su edad cronológica, etapa de desarrollo congnitivo lo cual se refiere como "pre operacional" donde el menor no cuenta con un pensamiento formal por lo que no tiene recursos en los cuales pueda buscar soluciones ante determinados eventos. El menor tampoco alcanza a comprender las consecuencias de las prácticas que experimentó con su figura paterna y le ha generado sentimientos de culpa y angustia, alterando su desarrollo psicosexual, repitiendo actos eróticos con otro menor sin comprender el significado de éstos. Su personalidad se encuentra en formación, la que se ha visto alterada por el abuso sufrido, lo que implica que su desarrollo no es el más favorable, trasgrediendo con ello su sano desarrollo; que requiere de treinta y dos sesiones de terapias. Acta de nacimiento del menor ofendido número veintiséis, con fecha de nacimiento veintiséis de enero de dos mil trece. Acta de nacimiento de *, con fecha de nacimiento de ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Desglose de la carpeta a la Agencia del Ministerio Público para Adolescentes. Lo que implica, que tales datos de prueba, evidencian la existencia del hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores y que existe la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión, y con ello, se satisface, el cuarto de los requisitos indispensables para que se gire una orden de aprehensión. Lo anterior es así, puesto que, como bien lo señaló el juez responsable, de tales datos de prueba, admitiendo su razonabilidad, se obtiene que el sujeto activo realizó el hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores e incapaces. Lo que se obtiene del dicho del propio menor ofendido, quien señaló que en la casa de los abuelos paternos, ubicada *, donde habitaba de lunes a jueves, dormía con su tío *, que este lo despojaba de su ropa y le colocaba el pene entre sus glúteos. Esto revela que el sujeto pasivo señaló a su tío Víctor -ahora quejoso-, como la persona que realizó con el pasivo conductas de naturaleza sexual. Que el requisito de que el sujeto pasivo sea cualificado -menor de edad-, se desprende del dato de prueba consistente en el acta de nacimiento, de la que se obtiene que el pasivo contaba con cinco años de edad al momento de la comisión de los hechos. El juez de control agregó que el actuar del activo fue promover, gestar una acción, impulsar un proceso, logrando un objetivo que fue lograr la corrupción del menor, realizando actos de índole sexual con la finalidad de satisfacer su propio deseo sexual; con lo que inculcó en el menor hábitos impropios ante la prematura edad del ofendido, habida cuenta no estaba en condiciones de iniciar una vida sexual por contar con cinco años de edad. Que con el actuar del imputado provocó en el menor un inadecuado desarrollo de su personalidad, dado que se advierte que él el niño pensaba que era un juego, además que ha repetido esas conductas con otros menores de edad tal como lo narró su madre cuando lo sorprendió realizando tales actos. Por tanto, el menor tuvo afectación a su libre personalidad, a su adecuado desarrollo, conforme a lo que estableció la psicóloga; actuar del imputado que además es calificado porque existe entre este y la víctima menor de edad una relación de parentesco, dado que es tío del niño en comento. De igual forma, como correctamente lo consideró la juez de control, la conducta atribuida fue cometida de manera dolosa, pues no se advierte otro tipo de actuación, sino con intención de verificar la conducta, y con el carácter de autor material. Asimismo, cabe hacer notar que hasta esta etapa procesal, no se actualiza alguna causa de exclusión del delito o extinción de la acción (artículo 33 del Código Penal para el Estado de Guanajuato y 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente). No obsta a lo anterior, lo indicado por la parte quejosa en su escrito de demanda en el sentido de que padece de sus facultades mentales; toda vez que tal circunstancia no está demostrada en autos; y si bien exhibió una documental con objeto de corroborar su afirmación, lo cierto es que se trata de una prueba que no es la idónea para justificar el padecimiento que señala. Sin que pase desapercibido que en la referida documental allegada por la parte quejosa se indique "Dictamen pericial psiquiátrico", a cargo del médico especialista en psiquiatría que suscribe tal documento; habida cuenta que no fue ofertada como prueba pericial en psiquiatría y menos aún se desahogó conforme a las reglas establecidas en el artículo 119 de la Ley de Amparo para ese tipo de probanzas que requieren preparación, sino solo fue exhibida como documental conjuntamente con la demanda de amparo. Por otra parte, cabe señalar que el juez de control precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al inculpado a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación; lo que se encuentra justificado, en virtud de una circunstancia esencial: La pena de prisión que en su caso tiene que soportar el aquí agraviado, en el supuesto de ser sentenciado (que en su máxima punibilidad de la conducta básica corresponde a ocho años de prisión, más la mitad por la agravante relativa al grado de parentesco que guarda con el menor arroja un total de doce años de prisión) y que se trata de un delito que en términos del artículo 19 constitucional amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese orden de ideas, el juez estimó que a raíz de esas circunstancias, es muy probable que el quejoso no se presente de manera voluntaria a enfrentar los cargos imputados. De ahí que se cumpla el quinto y último los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del imputado hoy quejoso, por la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores e incapaces, previsto y sancionado por los artículos 237 y 239 en relación con los diversos 9, 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato, cometido en agravio del menor de iniciales * representando legalmente por su progenitora *. Máxime que respecto de la orden de aprehensión, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, y que son suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, e incluso, la probable comisión por parte del aquí quejoso. Lo que denota que el juez de control responsable sí fundó y motivó debidamente la resolución reclamada que dictó el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, dentro de la subyacente causa penal *. Así, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª/J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes términos: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". En esa tesitura, se estima apegada a derecho la resolución materia del acto reclamado, puesto que, al menos por ahora, existen datos de prueba que evidencian la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores e incapaces, previsto y sancionado por los artículos 237 y 239 en relación con los diversos 9, 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato, cometido en agravio del menor de iniciales A.I.T.R., lo cual es jurídicamente suficiente, para sustentar la orden de aprehensión, toda vez que, en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. En otro aspecto, cabe destacar que -respecto a la valoración de los datos de prueba-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010 (de donde derivó la invocada jurisprudencia1ª./J. 64/201), determinó que los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión conforme al sistema procesal penal de corte acusatorio, no son los mismos que se exigían anteriormente (sistema tradicional o mixto). El Alto Tribunal del País (Primera Sala) consideró que desde la reforma constitucional de dos mil ocho, se determinó la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió. También sostuvo que se impide a los jueces del proceso oral revisar las actuaciones realizadas en la indagatoria para que no prejuzguen, en atención al principio de igualdad y contradicción. De manera que la base resulta ser la razonabilidad de los argumentos del Ministerio Público. En concordancia con lo anterior, cabe reiterar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido establecido que la orden de aprehensión se debe dictar conforme a datos y la solicitud en la relación de hechos sustentados en los registros correspondientes. Así, para el dictado de una orden de aprehensión basta que el Ministerio Público mencione los datos de la carpeta de investigación y relacione los hechos con los registros correspondientes, lo que se garantiza con el principio de lealtad procesal que rige su actuación, conforme al artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del mismo modo, se establecieron como características de la carpeta de investigación, las siguientes: 1. Que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permiten fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. 2. Por ello, el valor probatorio de los datos contenidos en la carpeta de investigación no se impone por la ley, pues corresponderá al juzgador en la etapa correspondiente, otorgárselo o negárselo, frente a cualquier otro dato que se ofrezca por el imputado con el fin de contradecir aquellos. También se precisó que la función del juez de control es verificar o controlar la investigación que se realiza previamente al juicio, velando por la protección o ejercicio de los derechos de todas las partes e intervinientes, a fin de evitar la afectación de un derecho fundamental y resolver con objetividad todos los conflictos que se presentan entre estos en dicha etapa y para tal efecto presidirá y presenciará en su integridad el desarrollo de las audiencias, sin que pueda delegar sus funciones. De lo que se obtiene que se flexibilizaron los requisitos y se disminuyó la exigencia probatoria para conceder una orden de aprehensión. Sin embargo, se debe destacar, que ello no implica que el órgano de control al emitir su determinación incurra en vaguedad, pues el objeto de la motivación en las resoluciones judiciales es permitir al ciudadano conocer las razones de la afectación que se le impone y garantizar su control a través de las instancias de impugnación correspondientes. De manera que no obstante que el juez de origen no cuente con la carpeta de investigación, sino solo con el relato realizado por el Ministerio Público al solicitar la emisión de orden de aprehensión, ello no es motivo para que la autoridad judicial soslaye señalar cuáles son los hechos que se le atribuyen al inculpado y que están señalados como delito por la ley. De tal manera que a fin de cumplir con la debida motivación de la orden de aprehensión que se reclama, el juzgador debe señalar en la resolución correspondiente cuáles son los hechos que se atribuyen al implicado y que la ley considera como delitos sancionados con pena privativa de libertad y la posibilidad de su participación en la comisión de los mismos. Máxime que de conformidad con la parte final del tercer párrafo del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control no concederá la orden de aprehensión cuando los hechos que señale el Ministerio Público no resulten constitutivos de delito, lo que de suyo implica el mandato para que la autoridad judicial analice los hechos expuestos por la autoridad investigadora de conformidad con los datos de prueba a fin de que pueda establecerse la comisión de ese hecho y la probable intervención del aquí quejoso en el mismo. Exigencias que en la especie, este órgano federal estima satisfechas, pues con base en los datos de prueba relacionados por el representante social, el juez consideró que aquellos establecen razonablemente que se cometieron los hechos considerados por la ley como delito de corrupción de menores e incapaces, y la probabilidad que el imputado los cometió o participó en su comisión; tal como se precisó en párrafos que anteceden. De ahí lo infundado de los motivos de inconformidad en examen. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, porque estos no reclamaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del acto reclamado a la autoridad ordenadora. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *, en contra del acto reclamado al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya; por lo expuesto en el tercer considerando de este fallo. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a *, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, indicados en considerando segundo -con excepción del juez mencionado en el resolutivo que antecede-; por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto a la imposibilidad que se tuvo para emplazar a la autoridad responsable que señaló en su escrito de demanda como: "jefe, director, encargado y/o comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato." Sin que hubiere hecho precisión alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de dieciocho de mayo del año actual; por ende, se suspende toda comunicación con la citada autoridad, al ser inexistente.

  4. Incidental

    En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, día y hora programados para el verificativo de la audiencia dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 262/2021-5; estando en audiencia pública el Maestro en Derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, quien actúa asistido del Maestro en Derecho Gualberto Gutiérrez Romero, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes, procediendo a su celebración. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias El secretario hace relación de las constancias que obran en autos, destacando las siguientes: Demanda de amparo presentada por **** (fojas 1 a 7); Proveído de treinta de abril pasado (fojas 18 a 21), por el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; Informe previo rendido por las autoridades responsables; Acuerdo de dieciocho de mayo del año actual (foja 42), por el que se suspendió toda comunicación con las autoridades que el quejoso denominó como "Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 7 de la ciudad de Celaya, Gto." y "jefe, director, encargado y/o comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Celaya, Guanajuato", al resultar inexistentes; y, Así también, en este acto el secretario da cuenta con la certificación que antecede. A lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias existentes en actuaciones y por rendidos los informes previos de referencia, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. De igual forma, vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto a la imposibilidad que se tuvo para notificar a la autoridad responsable que señaló en su escrito de demanda como "jefe, director, encargado y/o comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato", sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de dieciocho de mayo del año actual y se suspende toda comunicación con la citada autoridad, al ser inexistente. Periodo probatorio Seguidamente, se abre el período probatorio, en que el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció las pruebas documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda (fojas 8 a 16). A lo que el juez provee: con sustento en el numeral 143, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las probanzas en comento. Etapa de alegatos Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que las partes fueron omisas en formularlos; con lo que se cierra la presente etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que corresponde: RESOLUCIÓN INCIDENTAL Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 262/2021-5; y, RESULTANDO Primero. Demanda de Amparo. **** demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra actos del juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, Guanajuato y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 18 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda e inci dencia. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables sus informes previos, los cuales se recabaron. Tercero. Inexistencia de autoridades responsables. Mediante proveído de dieciocho de mayo del año actual y determinación tomada en la audiencia incidental que antecede, se suspendió comunicación con las autoridades que la parte quejosa denominó como: "Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 7 de la ciudad de Celaya, Gto.", "jefe, director, encargado y/o comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Celaya, Guanajuato" y "jefe, director, encargado y/o comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato", ante su inexistencia; por tanto, esta interlocutoria no se ocupará de tales autoridades. Finalmente la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, CONSIDERANDO Primero. Precisión de los actos reclamados. Con apego en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La orden de aprehensión girada en contra del quejoso; así como la inminente ejecución de tal orden. Actos reclamados en el ámbito de sus respectivas facultades a las autoridades responsables: 1. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande; 2. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya; 3. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 1 de la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato; 4. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 2 de la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato; 5. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 1 de Celaya, Guanajuato; 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 2 de Celaya, Guanajuato; 7. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 3 de Celaya, Guanajuato; 8. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 4 de Celaya, Guanajuato; 9. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 5 de Celaya, Guanajuato; 10. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 6 de Celaya, Guanajuato; 11. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres 1 de Celaya, Guanajuato; 12. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres 2 de Celaya, Guanajuato; y, 13. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres 3 de Celaya, Guanajuato; Segundo. Negativa de actos. La autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos que se le atribuyen. Por tanto, si el peticionario de la tutela federal no ofreció prueba para desvirtuar la negativa de la autoridad de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario; en consecuencia, se niega la suspensión definitiva, por falta de materia sobre la cual decretarla, únicamente por cuanto a los actos atribuidos a esa autoridad. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, pues así lo expresó al rendir su informe de ley, en el que señaló se encuentra radicada la causa penal número *****, radicada en contra de ******; asimismo, que en audiencia privada de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se giró una orden de aprehensión en contra del nombrado, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores e incapaces, previsto y sancionado por los artículos 237 y 239, en relación con los numerales 9, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio del menor de identidad resguardada A.I.T.R. representado legalmente por su progenitora ******. Por otra parte, las autoridades responsables agentes del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común 1 y 2 de Apaseo el Grande; 1, 2 y 3 de Celaya; 1, 2 y 3 de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de Celaya, todas del estado de Guanajuato, al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman, en lo que en su ámbito de competencia corresponde; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, pues al tener el carácter de autoridades ejecutoras y existir la orden de aprehensión reclamada a la ordenadora, es clara su inminente ejecución. Además, al ser dichas autoridades órganos de la Institución del Ministerio Público, están facultadas para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión emitidas por autoridades jurisdiccionales y, en consecuencia, deben considerarse legalmente como autoridades ejecutoras. En ese contexto, es inconcuso que dichas autoridades tienen intervención en la inminente captura del peticionario de la tutela federal. Aunado a que en términos de lo dispuesto por el artículo 145, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los mandatos de captura girados por la autoridad judicial, serán ejecutados por el Ministerio Público a través de la Policía. En otro aspecto, las diversas autoridades responsables agentes del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común 4, 5 y 6 de esta ciudad, no rindieron su informe de ley, no obstante encontrarse legalmente requeridas para ello, según consta del respectivo acuse de recibo que obra a foja 23 del sumario; por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a esas autoridades, aunado a que por su condición de ejecutoras y en términos de lo señalado en párrafos que anteceden, les compete a esas cumplir los mandatos de captura librados por la autoridad judicial competente, al caso el juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, quien aceptó el acto a ella reclamado. Materia de la suspensión Ahora, se reitera que la autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, en su informe de ley refirió que libró orden de aprehensión en contra del quejoso, por el hecho que la ley define como delito de corrupción de menores e incapaces; que tal injusto amerita prisión preventiva oficiosa. En esa tesitura, con fundamento en los artículos 138, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, procede conceder al quejoso ****** la suspensión definitiva, ya que fue solicitada por parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. En la medida de que la sociedad está interesada en el respeto de los derechos humanos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dando oportunidad al gobernado de comparecer con la responsable a hacer valer las garantías para su protección evitando de que se sustraiga de la acción de la justicia y la suspensión de un procedimiento. Efectos de la suspensión La suspensión otorgada procede para el efecto de que el agraviado ****, quede a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente en lo que se refiera a su libertad, y del juez de Control para los efectos de la continuación del procedimiento; una vez que sea cumplimentado el mandamiento de captura girado en su contra. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se llegara a dictar en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. En la inteligencia que la presente medida cautelar, no surtirá efectos si se trata de ejecutar una orden que haya sido o sea materia de otro juicio de amparo o se sorprenda al promovente del amparo en flagrante delito. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 146 y 153 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. Se niega la suspensión definitiva a *****, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a *****, respecto de los actos y autoridades precisados en el último considerativo de la presente interlocutoria.

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