Víctor Manuel Tejero Pérez

Expediente 1022/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1022/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Tejero Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto: Como se ordenó en el expediente principal, se da cuenta en estos autos con la copia autorizada del acuerdo dictado en esta fecha, mediante el cual se decretó que causó estado el auto de seis de abril de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó en el juicio constitucional fuera de audiencia y se ordenó el archivo del mismo, como asunto total y definitivamente concluido. En consecuencia, se ordena dejar sin efecto todas las providencias dictadas en este cuaderno de suspensión, así como la audiencia incidental señalada para las NUEVE HORAS CON UN MINUTO DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio 730/2022 signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, que remite en cumplimiento a la sentencia dictada en los presentes autos. Así, del oficio de cuenta, se desprende que la autoridad responsable, ordenó al actuario de su adscripción a notificar a la aquí quejosa los autos de trece de enero de dos mil diecisiete y veintitrés de junio de dos mi veintiuno. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 1853/2021-II-A, promovido por CLAUDIA DEL MAR MENDOZA CHI, en contra de los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, compareció CLAUDIA DEL MAR MENDOZA CHI, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, con sede en Mérida, Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, con sede en Mérida y Presidente del H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, con sede en Mérida. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La emisión y promulgación del decreto que contiene el Reglamento del Recurso de Inconformidad, publicado en la tercera sección del Diario Oficial de la Federación el lunes 30 de junio de 1997, específicamente los artículos 23 y 25 de dicho reglamento; así como el decreto que contiene el Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico los artículos 8, 22, 23, 25 y 30, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2006. De las restantes autoridades responsables: La resolución de fecha siete de septiembre del año dos mil veintiuno, en el que se resuelve el recurso de inconformidad, en el que se le niega la calificación por enfermedad de trabajo en su modalidad de recaída y consecuente negativa de otorgamiento de una pensión. TERCERA. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, son sede en la Ciudad de México, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Presidente del H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, los tres de la Delegación Yucatán, con sede en Mérida, pues así se manifestó en sus informes justificados rendidos por conducto del funcionario que lo representa. Aunado a lo anterior, su existencia no está sujeta a prueba ya que se está en presencia de hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, por tratarse de derecho positivo nacional y vigente. Se considera aplicable la Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el volumen sesenta y cinco, página quince de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.- El juzgador de Amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación de la ley, que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." CUARTA. Actualización de una causal de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo que disponen los artículos 1° fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, debido a que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad. Lo anterior es así, ya que el acto que se señala como reclamado, no es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo, en virtud de que no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación derivada de una relación laboral. Primeramente, es importante destacar que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la citada legislación, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior es dable concluir, fundadamente, que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En tanto que la fracción I, del artículo 1 de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la persona que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, válidamente se puede sostener que no todo acto emitido por un órgano del Estado constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que reúnan las notas distintivas fijadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer presupuesto o nota que se debe satisfacer para considerar que el acto reclamado es un acto de autoridad y, por ende, que su autor es autoridad para efectos del juicio de amparo, es que se debe originar en una relación de supra a subordinación, entre la autoridad y el particular. En la contradicción de tesis 71/98, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre particulares y administrados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Estas relaciones, se regulan por el derecho público que prevé los procedimientos para resolver los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, el procedimiento contencioso-administrativo en el ámbito ordinario; mientras que en el ámbito constitucional, destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tal motivo, la Constitución consagra una serie de garantías individuales o derechos fundamentales como limitaciones al actuar del órgano del Estado, ya que impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, de tal suerte que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley prevé los procedimientos o juicios ordinarios necesarios para resolverlas. La nota distintiva de las relaciones de coordinación es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o previstas por la ley. Las partes se colocan en el mismo plano, de tal suerte que los actos que surjan son de naturaleza "particular" y, por ende, el amparo resulta improcedente. Las relaciones de coordinación están reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral; y están sostenidas entre los particulares, así como entre éstos y el Estado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Es ese sentido, en cada caso se tiene que analizar si el acto reclamado lo realizó una persona física o moral, particular o pública, que modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria para el quejoso, u omitan un acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y que dicho acto sea en funciones que estén determinadas por una norma general. Por tanto, se procede a examinar si en la especie, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Presidente del H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos de la Delegación Yucatán, con sede en Mérida, tienen la naturaleza de autoridad para efectos del presente juicio de amparo. En el caso particular, la quejosa reclama la resolución de fecha siete de septiembre del año dos mil veintiuno, en el que se resuelve el recurso de inconformidad, en el que se le niega la calificación por enfermedad de trabajo en su modalidad de recaída y consecuente negativa de otorgamiento de una pensión. El cual no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, tal y como lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, visible en la página: 1511, que dice: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." En efecto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, es que debe desecharse la demanda de amparo. A fin de brindar seguridad jurídica a la parte quejosa, se destacan algunos de los puntos relevantes que llevaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia a decidir en la contradicción de tesis 129/2011 que en este tipo de actos reclamados (resoluciones a los recursos de inconformidad hechos valer en contra de una diversa resolución en materia de prestaciones de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, actuando a través del consejo consultivo, no es autoridad para efectos del juicio del amparo). En primer lugar, tenemos que los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, disponen: "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos." "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Del precepto 294 en cita, se advierte la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad, cuando consideren impugnable cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, la norma contenida en el numeral 295 distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio Instituto; pues, en relación con los primeros determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios. Sobre tal tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción que nos ocupa puntualizó, entre otras cuestiones, que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, a saber: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. En cambio, la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. Ello dado que los artículos 2, 4, 5 A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, disponen: "Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado." "Artículo 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos." "Artículo 5 A. Para los efectos de esta ley, se entiende por: ... IX. Sujetos o sujeto de aseguramiento: los señalados en los artículos 12, 13, 241 y 250 A, de la ley; XI. Asegurados o asegurado: el trabajador o sujeto de aseguramiento inscrito ante el Instituto, en los términos de la ley; XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o pensionado y a falta de éste, la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados en la ley; XIII. Derechohabientes o derechohabiente: el asegurado, el pensionado y los beneficiarios de ambos, que en los términos de la ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones de instituto; XIV. Pensionados o pensionado: el asegurado que por resolución del instituto tiene otorgada pensión por: incapacidad permanente total; incapacidad permanente parcial superior al cincuenta por ciento o en su caso incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y el cincuenta por ciento; invalidez; cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de ascendencia." "Artículo 6. El seguro social comprende: I. El régimen obligatorio, y II. El régimen voluntario." "Artículo 7. El seguro social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta ley y sus reglamentos." "Artículo 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos. Para tal efecto el instituto expedirá a todos los derechohabientes, un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que la ley les confiere, según el caso." "Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto." "Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y V. Guarderías y prestaciones sociales." "Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones." De los artículos en cita, considerando incluso el numeral 5 de la misma ley, previamente transcrito, se puede afirmar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. La seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Todo lo expuesto, pone de manifiesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. De modo que, en torno al acto reclamado en este asunto, el referido Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Consejo Consultivo Delegacional, no actuó con facultades de imperio, por tratarse de una cuestión que se resuelve como ente asegurador; de ahí, que el acto reclamado no puede considerarse como emanado de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, cuyo rubro y texto rezan lo siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN U OMISIÓN SE MATERIALIZA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES COMO ENTE ASEGURADOR Y EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL VÍNCULO LABORAL ENTRE ÉSTE Y EL TRABAJADOR Y NO SÓLO CUANDO SE RECLAME LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). De la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, publicada en la página 303 del Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", se advierte que para que al Instituto Mexicano del Seguro Social no se le considere como autoridad en el amparo, se requiere que en la demanda se reclame la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la ejecutoria que le dio origen se conoce la razón jurídica que justifica ese criterio, y ésta se relaciona con el doble carácter que el referido organismo tiene legalmente reconocido, a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el cual actúa como autoridad con los atributos propios que la ley le otorga, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y 2. Como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. De ahí que, siguiendo esos lineamientos, cuando se trata de establecer si el indicado instituto efectivamente tiene el carácter de autoridad responsable, el rasgo determinante no obedece al tipo de garantías que el quejoso aduzca como violadas ni a la circunstancia de que reclame la falta de respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, pues ello sólo tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación y con lo que el agraviado decida señalar como acto reclamado, pero no necesariamente involucra el tipo de atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, las que deben coincidir con las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como propias de un organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales. A partir de lo anterior se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos, pues entonces la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, sin importar que el acto reclamado no se identifique exclusivamente con el derecho de petición, ya que, según lo expuesto, no es esa la única hipótesis a la que resulta aplicable la citada jurisprudencia." Así como, la diversa jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, que señala: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." En ese sentido, concluyó que la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. Así las cosas, del análisis de la demanda de amparo y de sus anexos, principalmente del relativo a la resolución reclamada, a la luz de la jurisprudencia antes estudiada, la cual como ya se dijo, es de observancia obligatoria, y por tanto, se concluye que a las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables, denominadas Instituto Mexicano del Seguro Social, la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Presidente del H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos de la Delegación Yucatán, con sede en Mérida, no les reviste el carácter de autoridades responsables, entendiéndose por tal, aquella la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar dicho acto, ni siquiera a la luz del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, por lo ya razonado. Apoya lo anterior, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyo rubro y texto dispone: "CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL DEL IMSS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL, EN LA INCONFORMIDAD REFERENTE A LA NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DE INVALIDEZ. Los artículos 275 de la anterior Ley del Seguro Social, y el 295 de la vigente, dicen expresamente que las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus asegurados y familiares, "podrán" tramitarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y una apreciación literal y aislada de su texto, conllevaría a concluir que es optativo el acudir ante esa autoridad laboral; sin embargo, la conclusión es contraria, una vez analizada esta cuestión, a la luz de las diversas disposiciones que norman la procedencia del juicio de amparo, como los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 73, fracción XV, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, disposiciones de las que se desprenden dos cuestiones fundamentales en el caso: 1) que el acto reclamado debe provenir de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, y 2) que dicho acto debe ser definitivo. Ahora bien, es importante destacar que el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social no ha resuelto la inconformidad propuesta por la quejosa, como autoridad, para los efectos del juicio de amparo, sólo se trata de una controversia entre particulares, y como tal, debe ser sometida aún a la autoridad competente." No se soslaya la jurisprudencia que hizo valer la quejosa bajo el rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES." Pues, tal y como se explicó en la contradicción de tesis que dio origen a la diversa jurisprudencia "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL". El tema previsto en la primer jurisprudencia citada, se trata de un supuesto distinto al que se presentó en los asuntos que originaron el criterio por contradicción señalado en último término, que se refieren a controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el referido instituto sobre las prestaciones que la Ley del Seguro Social otorga, que son de naturaleza distinta a la civil que caracteriza a la acción de pago ejercitada por un asegurado o beneficiario contra el instituto por gastos efectuados por no recibir los servicios médicos u hospitalarios o por haberlos recibido de manera deficiente. De ahí que la misma no resulte aplicable al caso que nos ocupó. En consecuencia, procede sobreseer en este juicio constitucional con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, situación que impide analizar el fondo del asunto. De conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por tanto, la misma causa se determina en cuanto a la emisión y promulgación del decreto que contiene el Reglamento del Recurso de Inconformidad, específicamente los artículos 23 y 25 de dicho reglamento; así como el relativo a los artículos 8, 22, 23, 25 y 30 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, atribuidos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CLAUDIA DEL MAR MENDOZA CHI, en contra de los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Presidente del H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, las tres de la Delegación Yucatán, con sede en Mérida, por las razones expuestas en la cuarta de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la quinta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, que remite con relación al requerimiento efectuado por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, respecto de la tarjeta postal relativa al oficio 6922/2022, comunicando que dicha pieza postal no ha sido devuelta a esa oficina. Asimismo, solicita se le conceda una prórroga de quince días para devolver el acuse de recibo de mérito. En atención a lo anterior, no habiendo impedimento alguno para ello, se accede a lo solicitado; por lo que, se le previene a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial", del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de quince días hábiles, siguientes al en que reciba el oficio que derive de este proveído, devuelva a este Juzgado, la tarjeta de acuse de recibo antes citada. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.

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