Victor Manuel Tamayo Pulido
Expediente 594/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Manuel Tamayo Pulido
- S. T. R.
- VICTOR MANUEL TAMAYO PULIDO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión contra el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el asunto como definitivamente concluido. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. VALOR DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y el diverso XXXI del capítulo Primero del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del apartado siete punto cuatro, del capítulo siete del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno, a través del oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020, toda vez que fue concedida la suspensión de plano de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo a que se hace mención en dicho manual, conservando las respectivas documentales. Hágase la anotación en la carátula. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido a partir de esta fecha. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de enero de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que el termino de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que informara si el menor de edad aquí quejoso, compareció a la aplicación del biológico materia del acto reclamado, transcurrió sin que hubiese hecho manifestación alguna, por tanto, al efecto se provee. De la constancia de notificación de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, agregada en autos, se advierte que el promovente del amparo Víctor Manuel Tamayo Pulido, en nombre y representación de mi hijo menor de edad de identidad reservada y de iniciales S.T.R., quedó debidamente notificado del proveído de diez de diciembre mencionado, en que se tuvo al Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, informando que el veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, el quejoso menor de edad de iniciales S.T.R., compareció en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria de Morelia, Michoacán, en donde recibió la segunda dosis del biológico materia del acto reclamado y remitió diversa constancia para acreditar su dicho. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir esencialmente en: "Del Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Reclamó la omisión de integrar al grupo etano de niños de 12 doce años a menores de 18 dieciocho años de edad, en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México; a efecto de que se le aplique la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis, por ser la única vacuna autorizada para aplicarse a dicho grupo etano, al haber participado y colaborado en la realización y aprobación de dicha Política. Así como, la omisión de integrar al grupo etano de niños de 12 doce años a menores de 18 dieciocho años de edad, a efecto de que se le aplique la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis (por ser la única vacuna autorizada para aplicarse a dicho grupo etano), en la estrategia federal denominada "Operativo Correcaminos", cuyo objetivo es lograr la cobertura de toda la población mexicana de manera eficaz y eficiente. Del Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México, reclamó la omisión de integrar al grupo etano de niños de 12 doce años a menores de 18 dieciocho años de edad, en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México; a efecto de que se le aplique la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis, por ser la única vacuna autorizada para aplicarse a dicho grupo etano; al haber participado en la elaboración, revisión y supervisión de dicha Política de Vacunación. Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán; reclamo la ejecución y aplicación de la Política rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en Michoacán, a través de la estrategia estatal denominada "Operativo Correcaminos", cuyo objetivo es lograr la cobertura de toda la población de Michoacán de manera eficaz y eficiente, a efecto de que se vacune a mi hijo menor de edad S.T.R., con la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis." De las documentales enviadas por el Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, se advierte que al quejoso menor de edad de iniciales S.T.R., le fueron aplicadas la primera y segunda dosis del biológico materia del acto reclamado el veintisiete de octubre y veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno; de lo que se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el invocado precepto legal, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Entonces, es evidente que quedó sin efecto alguno el acto que constituye la materia del reclamo en la presente instancia constitucional, de lo que se colige que se destruyeron en forma total todos los efectos de tal acto de molestia; por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 1 de 1 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pag. 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como fue puntualizado, el apoderado de las autoridades responsables con sus comunicados recibidos en este juzgado el ocho de noviembre (registro 19619) y siete de diciembre (registro 21442) de dos mil veintiuno, remitió copias certificadas de las constancias relacionadas con la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico materia del acto reclamado; entonces, es evidente que se destruyeron en forma total todos los efectos del acto de molestia; por lo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no tiene efectos. Documentales las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 226, localizada en foja 53, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En tales condiciones, es inconcuso que el acto que reclama la parte quejosa y sus consecuencias legales, al quedar sin efectos, dejaron de afectar su esfera jurídica; de ahí que, se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, como fue anticipado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos humanos fuera de audiencia. Sobre el particular, se invoca la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 10/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184572 18 de 27 Segunda Sala Tomo XVII, Marzo de 2003 Pag. 386 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Máxime que el promovente del amparo, no desahogo la prevención realizada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que informara si el menor de edad aquí quejoso, compareció a la aplicación del biológico materia del acto reclamado, a efecto de desvirtuar la afirmación de las autoridades responsables, de ahí que, como se precisó procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia. Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO DE FECHA DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE CATORCE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de enero de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que el termino de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que informara si el menor de edad aquí quejoso, compareció a la aplicación del biológico materia del acto reclamado, transcurrió sin que hubiese hecho manifestación alguna, por tanto, al efecto se provee. De la constancia de notificación de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, agregada en autos, se advierte que el promovente del amparo Víctor Manuel Tamayo Pulido, en nombre y representación de mi hijo menor de edad de identidad reservada y de iniciales S.T.R., quedó debidamente notificado del proveído de diez de diciembre mencionado, en que se tuvo al Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, informando que el veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, el quejoso menor de edad de iniciales S.T.R., compareció en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria de Morelia, Michoacán, en donde recibió la segunda dosis del biológico materia del acto reclamado y remitió diversa constancia para acreditar su dicho. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir esencialmente en: "Del Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Reclamó la omisión de integrar al grupo etano de niños de 12 doce años a menores de 18 dieciocho años de edad, en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México; a efecto de que se le aplique la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis, por ser la única vacuna autorizada para aplicarse a dicho grupo etano, al haber participado y colaborado en la realización y aprobación de dicha Política. Así como, la omisión de integrar al grupo etano de niños de 12 doce años a menores de 18 dieciocho años de edad, a efecto de que se le aplique la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis (por ser la única vacuna autorizada para aplicarse a dicho grupo etano), en la estrategia federal denominada "Operativo Correcaminos", cuyo objetivo es lograr la cobertura de toda la población mexicana de manera eficaz y eficiente. Del Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México, reclamó la omisión de integrar al grupo etano de niños de 12 doce años a menores de 18 dieciocho años de edad, en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México; a efecto de que se le aplique la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis, por ser la única vacuna autorizada para aplicarse a dicho grupo etano; al haber participado en la elaboración, revisión y supervisión de dicha Política de Vacunación. Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán; reclamo la ejecución y aplicación de la Política rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en Michoacán, a través de la estrategia estatal denominada "Operativo Correcaminos", cuyo objetivo es lograr la cobertura de toda la población de Michoacán de manera eficaz y eficiente, a efecto de que se vacune a mi hijo menor de edad S.T.R., con la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis." De las documentales enviadas por el Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, se advierte que al quejoso menor de edad de iniciales S.T.R., le fueron aplicadas la primera y segunda dosis del biológico materia del acto reclamado el veintisiete de octubre y veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno; de lo que se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el invocado precepto legal, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Entonces, es evidente que quedó sin efecto alguno el acto que constituye la materia del reclamo en la presente instancia constitucional, de lo que se colige que se destruyeron en forma total todos los efectos de tal acto de molestia; por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 1 de 1 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pag. 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como fue puntualizado, el apoderado de las autoridades responsables con sus comunicados recibidos en este juzgado el ocho de noviembre (registro 19619) y siete de diciembre (registro 21442) de dos mil veintiuno, remitió copias certificadas de las constancias relacionadas con la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico materia del acto reclamado; entonces, es evidente que se destruyeron en forma total todos los efectos del acto de molestia; por lo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no tiene efectos. Documentales las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 226, localizada en foja 53, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En tales condiciones, es inconcuso que el acto que reclama la parte quejosa y sus consecuencias legales, al quedar sin efectos, dejaron de afectar su esfera jurídica; de ahí que, se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, como fue anticipado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos humanos fuera de audiencia. Sobre el particular, se invoca la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 10/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184572 18 de 27 Segunda Sala Tomo XVII, Marzo de 2003 Pag. 386 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Máxime que el promovente del amparo, no desahogo la prevención realizada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que informara si el menor de edad aquí quejoso, compareció a la aplicación del biológico materia del acto reclamado, a efecto de desvirtuar la afirmación de las autoridades responsables, de ahí que, como se precisó procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia. Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, respecto de las documentales remitidas por la responsable Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal corresponda, sin que haya realizado manifestación alguna. Por tanto, requiérase por última ocasión al promovente del amparo, para que dentro de igual término, informe a este juzgado, si el menor de edad aquí quejoso, compareció a la aplicación del biológico materia del acto reclamado; en la inteligencia de que de no hacerlo, se acordará lo conducente. DIFIERE AUDIENCIA. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para esta fecha, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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