Víctor Manuel Tafoya Aguilar

Expediente 827/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
827/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Tafoya Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención a la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo para que la parte quejosa, que es a quien pudiera causar perjuicio, a fin de que interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo". En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, como lo dispone el artículo antes referido. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Ciudad de México, trece de diciembre de dos mil veintiuno. V I S T O S para resolver en el juicio de amparo 827/2021, promovido por Víctor Manuel Tafoya Aguilar, contra actos del Comandante de la Guardia Nacional y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y turnado a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, Víctor Manuel Tafoya Aguilar, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y acto que a continuación se señalan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. El Comisario General GN, Comandante de la Guardia Nacional. 2. El Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. 3. El Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. Del Comisario General GN, Comandante de la Guardia Nacional, reclamo: La emisión del oficio GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno. 2. Del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, reclamo: La emisión y notificación del oficio GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno. 3. Del Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, reclamo: La emisión y notificación del oficio GN/DGSE/12890/2021, de veinte de junio de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa indicó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, 4, 5, 14, 16, 123, Apartados A y B, fracción XIII y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Prevención. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, el que por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno la registró con el número 827/2021 y previno al promovente para el efecto de que precisara si reclamaba en carácter de normas autoaplicativas o heteroaplicativas los artículos 159, fracciones XIV y XVI del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional y, 60, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional, bajo apercibimiento. CUARTO. Escrito de aclaración. Mediante escrito recibido el dos de julio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y remitido a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, Víctor Manuel Tafoya Aguilar precisó que las mencionadas normas las reclamaba en su carácter de heteroaplicativas y, que su primer acto de aplicación lo constituía el oficio GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se transmitió el antecedente del oficio GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno. QUINTO. Admisión de la demanda. Previa ratificación de firma del escrito aclaratorio, por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se requirió a las responsables su informe justificado, se dio al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito la intervención que le corresponde y se señaló fecha de audiencia constitucional. SEXTO. Requerimiento respecto del señalamiento de actos reclamados. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito requirió a la parte quejosa para que precisara si era su interés señalar como actos reclamados los relativos al proceso legislativo de los artículos 159, fracciones XIV y XVI del Reglamento de la Ley General de la Guardia Nacional y 60, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional; bajo apercibimiento. SÉPTIMO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia al tenor del acta que antecede, declarándose vistos los autos de este juicio de amparo para dictar la resolución que ahora se pronuncia. OCTAVO. Adscripción de nuevo titular. Para efectos del artículo 51 y 52 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en sesión de ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó que a partir dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito Ulises Oswaldo Rivera González, sería el titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; como se desprende del oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de naturaleza administrativa, cuya ejecución se realiza en la ciudad en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: Del Comandante de la Guardia Nacional: El oficio GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se solicitó al Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, comunique al personal que ahí se enlista, entre ellos, el quejoso, su cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional. Del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional: El oficio GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace del conocimiento del ahora quejoso su nueva asignación por cambio de adscripción en la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales. Del Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales: El oficio GN/DGSE/12890/2021, de veinte de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace del conocimiento del ahora quejoso que causó alta en la 14/a Compañía de Campo dependiente de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales. Sin que en el caso se tengan como actos reclamados los artículos 159, fracciones XIV y XVI del Reglamento de la Ley General de la Guardia Nacional y 60, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional, pues la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento que se le formuló en el sentido de señalar como actos reclamados los relativos al proceso legislativo de tales preceptos, a pesar de que el proveído en el que se le otorgó ese derecho le fue notificado de manera personal el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte del acta de notificación que obra a foja 82 del presente expediente; por lo que haciendo efectivo el apercibimiento contenido en ese proveído, el presente juicio de amparo se resolverá únicamente respecto de los oficios en cita y autoridades a los que se les atribuye. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Comandante de la Guardia Nacional, consistente en el oficio GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se solicitó al Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, comunique al personal que ahí se enlista, entre ellos, el quejoso, su cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional; al Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, consistente en el oficio GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace del conocimiento del ahora quejoso su nueva asignación por cambio de adscripción en la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales; y, al Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, consistente en el oficio GN/DGSE/12890/2021, de veinte de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace del conocimiento del ahora quejoso que causó alta en la 14/a Compañía de Campo dependiente de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales. Lo anterior, pues así lo manifestaron dichas autoridades al rendir en forma conjunta su informe justificado. Certeza de actos que se corrobora con los propios oficios reclamados, que en copia certificada obran agregado en autos a fojas de la 66 a la 73; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgador advierte, de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de que los oficios reclamados no le deparan afectación alguna al quejoso. La causa de improcedencia invocada establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en su primera hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo. En relación con lo expuesto, es oportuno poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Entonces, de acuerdo con la reforma se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo porque podrá acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés legítimo o jurídico, que son instituciones diferentes, como se explicará enseguida. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". ([TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1736). Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Además, la sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ([TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 822.). En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, el interés jurídico, en cambio, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Materia Común, enero de 2008, página 225). De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero, el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad, en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En relación con la presente sentencia, este órgano jurisdiccional considera que el estándar de afectación aplicable al caso concreto es el relativo al interés jurídico, toda vez que la parte quejosa debe acreditar que el acto reclamado le ocasiona un perjuicio directo en su esfera jurídica, con motivo de los servicios que presta en la Guardia Nacional como Agente Mayor. En la especie, como se precisó previamente, el quejoso reclama la emisión de los oficios GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno, GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno y, GN/DGSE/12890/2021, de veinte de junio de dos mil veintiuno, por los que se informó al quejoso su alta en la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Legales. Al respecto, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia sobre el tema, en la que determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. El criterio invocado se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 38/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco (2005), página trescientos diez (310), del tenor siguiente: SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento. De igual manera, dicho criterio fue reiterado por la referida Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 331/2010, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Febrero de dos mil once (2011), página ochocientos quince (815), de rubro y texto: POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.- Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el cambio de adscripción del ahora quejoso del lugar en donde venía desempeñando sus funciones a uno diverso, no refleja el ejercicio de un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, así como tampoco se advierte una disminución de las prestaciones que percibe. En ese sentido, tampoco se desprende que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el quejoso como Agente Mayor, ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho puesto, además de que el quejoso no ofreció prueba alguna que demostrara esa afectación. En ese contexto, tomando en consideración los criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que el cambio de adscripción reclamado, no afecta el interés jurídico del quejoso, dado que no se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Habida cuenta de que no existe medio de prueba que desvirtúe lo anterior, esto es, que con el cambio de adscripción que se reclama, se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario o bien, una reducción en el salario que percibía. Además, el quejoso no aportó elemento probatorio que justifique que su nombramiento de Agente Mayor, estableciera que el lugar en donde venía prestando sus servicios, se le haya otorgado con el carácter de vitalicio o inamovible, para que en todo caso, pudiera ser considerado como titular de ese derecho para combatir el acto reclamado, de modo tal que siendo el quejoso un elemento de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o bien como un correctivo para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando las garantías individuales de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. En efecto, el quejoso no acreditó que dicho cambio de adscripción tuviera como consecuencia una modificación en sus funciones y condiciones, que lo legitimara para instar este medio de control constitucional. En síntesis, el cambio de adscripción no afecta el interés jurídico del promovente ni éste acreditó que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.6 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1030, que dice: INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías. También es aplicable, la tesis aislada I.7o.A.420ª, aplicada por analogía, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2499 del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN SUS PERCEPCIONES. Si bien es cierto que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de adscripción de los elementos de seguridad pública por necesidades del servicio no les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, también lo es que esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos susceptible de ser examinado por el órgano constitucional, principalmente cuando el alegato del quejoso consiste en no haber sido escuchado por la autoridad en forma previa a la determinación de dicho cambio de adscripción. De igual forma, por su aplicación analógica al presente asunto, es de citarse el criterio aislado de rubro y texto siguientes: POLICIAS, CAMBIO DE ADSCRIPCION DE LOS. FALTA DE INTERES JURIDICO. Tomando en cuenta lo dispuesto por los artículo 32, inciso a), 33, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal y que esta última está constituida por personal de carrera, que comprende el de línea y el de servicio, el que a su vez queda integrado por los elementos que laboran en las oficinas y demás dependencias administrativas de la policía, si no existe prueba en autos de que el quejoso sea titular de un derecho que se traduzca en la inamovilidad de las funciones que desempeña como miembro de tal policía, debe concluirse que el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción o de funciones que venía desempeñando no afecta su interés jurídico, más aún cuando de ninguna manera se lesionen sus derechos de antigüedad, estabilidad en el empleo o aquellos de naturaleza económica que resulten de su relación laboral con las autoridades del Departamento del Distrito Federal y en todo caso el acto administrativo correspondiente se dicte con un evidente propósito de mejorar el servicio público". (Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 248700; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Séptima Época; Materias(s): Administrativa; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Sexta Parte, página 134; Tipo: Aislada). En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, toda vez que los oficios reclamados no afectan el interés jurídico del quejoso, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. No se hace mayor pronunciamiento en relación a los alegatos de la parte quejosa, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los alegatos no forman parte de la litis del juicio de amparo. Sirve de apoyo a la consideración expuesta, la jurisprudencia 27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 14, que dispone: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de diciembre de dos mil veintiuno. V I S T O S para resolver en el juicio de amparo 827/2021, promovido por Víctor Manuel Tafoya Aguilar, contra actos del Comandante de la Guardia Nacional y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y turnado a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, Víctor Manuel Tafoya Aguilar, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y acto que a continuación se señalan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. El Comisario General GN, Comandante de la Guardia Nacional. 2. El Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. 3. El Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. Del Comisario General GN, Comandante de la Guardia Nacional, reclamo: La emisión del oficio GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno. 2. Del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, reclamo: La emisión y notificación del oficio GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno. 3. Del Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, reclamo: La emisión y notificación del oficio GN/DGSE/12890/2021, de veinte de junio de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa indicó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, 4, 5, 14, 16, 123, Apartados A y B, fracción XIII y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Prevención. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, el que por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno la registró con el número 827/2021 y previno al promovente para el efecto de que precisara si reclamaba en carácter de normas autoaplicativas o heteroaplicativas los artículos 159, fracciones XIV y XVI del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional y, 60, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional, bajo apercibimiento. CUARTO. Escrito de aclaración. Mediante escrito recibido el dos de julio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y remitido a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, Víctor Manuel Tafoya Aguilar precisó que las mencionadas normas las reclamaba en su carácter de heteroaplicativas y, que su primer acto de aplicación lo constituía el oficio GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se transmitió el antecedente del oficio GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno. QUINTO. Admisión de la demanda. Previa ratificación de firma del escrito aclaratorio, por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se requirió a las responsables su informe justificado, se dio al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito la intervención que le corresponde y se señaló fecha de audiencia constitucional. SEXTO. Requerimiento respecto del señalamiento de actos reclamados. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito requirió a la parte quejosa para que precisara si era su interés señalar como actos reclamados los relativos al proceso legislativo de los artículos 159, fracciones XIV y XVI del Reglamento de la Ley General de la Guardia Nacional y 60, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional; bajo apercibimiento. SÉPTIMO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia al tenor del acta que antecede, declarándose vistos los autos de este juicio de amparo para dictar la resolución que ahora se pronuncia. OCTAVO. Adscripción de nuevo titular. Para efectos del artículo 51 y 52 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en sesión de ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó que a partir dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el suscrito Ulises Oswaldo Rivera González, sería el titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; como se desprende del oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de naturaleza administrativa, cuya ejecución se realiza en la ciudad en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: Del Comandante de la Guardia Nacional: El oficio GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se solicitó al Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, comunique al personal que ahí se enlista, entre ellos, el quejoso, su cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional. Del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional: El oficio GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace del conocimiento del ahora quejoso su nueva asignación por cambio de adscripción en la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales. Del Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales: El oficio GN/DGSE/12890/2021, de veinte de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace del conocimiento del ahora quejoso que causó alta en la 14/a Compañía de Campo dependiente de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales. Sin que en el caso se tengan como actos reclamados los artículos 159, fracciones XIV y XVI del Reglamento de la Ley General de la Guardia Nacional y 60, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional, pues la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento que se le formuló en el sentido de señalar como actos reclamados los relativos al proceso legislativo de tales preceptos, a pesar de que el proveído en el que se le otorgó ese derecho le fue notificado de manera personal el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte del acta de notificación que obra a foja 82 del presente expediente; por lo que haciendo efectivo el apercibimiento contenido en ese proveído, el presente juicio de amparo se resolverá únicamente respecto de los oficios en cita y autoridades a los que se les atribuye. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Comandante de la Guardia Nacional, consistente en el oficio GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se solicitó al Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, comunique al personal que ahí se enlista, entre ellos, el quejoso, su cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional; al Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, consistente en el oficio GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace del conocimiento del ahora quejoso su nueva asignación por cambio de adscripción en la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales; y, al Titular de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, consistente en el oficio GN/DGSE/12890/2021, de veinte de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace del conocimiento del ahora quejoso que causó alta en la 14/a Compañía de Campo dependiente de la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales. Lo anterior, pues así lo manifestaron dichas autoridades al rendir en forma conjunta su informe justificado. Certeza de actos que se corrobora con los propios oficios reclamados, que en copia certificada obran agregado en autos a fojas de la 66 a la 73; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgador advierte, de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de que los oficios reclamados no le deparan afectación alguna al quejoso. La causa de improcedencia invocada establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en su primera hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo. En relación con lo expuesto, es oportuno poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Entonces, de acuerdo con la reforma se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo porque podrá acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés legítimo o jurídico, que son instituciones diferentes, como se explicará enseguida. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto 'interés legítimo individual o colectivo', ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su 'especial situación frente al orden jurídico', lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". ([TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1736). Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Además, la sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ([TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 822.). En virtud de lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, el interés jurídico, en cambio, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Materia Común, enero de 2008, página 225). De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero, el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad, en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En relación con la presente sentencia, este órgano jurisdiccional considera que el estándar de afectación aplicable al caso concreto es el relativo al interés jurídico, toda vez que la parte quejosa debe acreditar que el acto reclamado le ocasiona un perjuicio directo en su esfera jurídica, con motivo de los servicios que presta en la Guardia Nacional como Agente Mayor. En la especie, como se precisó previamente, el quejoso reclama la emisión de los oficios GN/S.P./Ss.P.C./0346/2021, de dos de junio de dos mil veintiuno, GN/UOEC/DGSCI/4619/2021, de cuatro de junio de dos mil veintiuno y, GN/DGSE/12890/2021, de veinte de junio de dos mil veintiuno, por los que se informó al quejoso su alta en la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Legales. Al respecto, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia sobre el tema, en la que determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. El criterio invocado se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 38/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco (2005), página trescientos diez (310), del tenor siguiente: SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento. De igual manera, dicho criterio fue reiterado por la referida Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 331/2010, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Febrero de dos mil once (2011), página ochocientos quince (815), de rubro y texto: POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.- Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el cambio de adscripción del ahora quejoso del lugar en donde venía desempeñando sus funciones a uno diverso, no refleja el ejercicio de un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, así como tampoco se advierte una disminución de las prestaciones que percibe. En ese sentido, tampoco se desprende que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el quejoso como Agente Mayor, ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho puesto, además de que el quejoso no ofreció prueba alguna que demostrara esa afectación. En ese contexto, tomando en consideración los criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que el cambio de adscripción reclamado, no afecta el interés jurídico del quejoso, dado que no se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Habida cuenta de que no existe medio de prueba que desvirtúe lo anterior, esto es, que con el cambio de adscripción que se reclama, se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario o bien, una reducción en el salario que percibía. Además, el quejoso no aportó elemento probatorio que justifique que su nombramiento de Agente Mayor, estableciera que el lugar en donde venía prestando sus servicios, se le haya otorgado con el carácter de vitalicio o inamovible, para que en todo caso, pudiera ser considerado como titular de ese derecho para combatir el acto reclamado, de modo tal que siendo el quejoso un elemento de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o bien como un correctivo para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando las garantías individuales de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. En efecto, el quejoso no acreditó que dicho cambio de adscripción tuviera como consecuencia una modificación en sus funciones y condiciones, que lo legitimara para instar este medio de control constitucional. En síntesis, el cambio de adscripción no afecta el interés jurídico del promovente ni éste acreditó que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.6 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1030, que dice: INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías. También es aplicable, la tesis aislada I.7o.A.420ª, aplicada por analogía, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2499 del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN SUS PERCEPCIONES. Si bien es cierto que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de adscripción de los elementos de seguridad pública por necesidades del servicio no les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, también lo es que esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos susceptible de ser examinado por el órgano constitucional, principalmente cuando el alegato del quejoso consiste en no haber sido escuchado por la autoridad en forma previa a la determinación de dicho cambio de adscripción. De igual forma, por su aplicación analógica al presente asunto, es de citarse el criterio aislado de rubro y texto siguientes: POLICIAS, CAMBIO DE ADSCRIPCION DE LOS. FALTA DE INTERES JURIDICO. Tomando en cuenta lo dispuesto por los artículo 32, inciso a), 33, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal y que esta última está constituida por personal de carrera, que comprende el de línea y el de servicio, el que a su vez queda integrado por los elementos que laboran en las oficinas y demás dependencias administrativas de la policía, si no existe prueba en autos de que el quejoso sea titular de un derecho que se traduzca en la inamovilidad de las funciones que desempeña como miembro de tal policía, debe concluirse que el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción o de funciones que venía desempeñando no afecta su interés jurídico, más aún cuando de ninguna manera se lesionen sus derechos de antigüedad, estabilidad en el empleo o aquellos de naturaleza económica que resulten de su relación laboral con las autoridades del Departamento del Distrito Federal y en todo caso el acto administrativo correspondiente se dicte con un evidente propósito de mejorar el servicio público". (Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 248700; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Séptima Época; Materias(s): Administrativa; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Sexta Parte, página 134; Tipo: Aislada). En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, toda vez que los oficios reclamados no afectan el interés jurídico del quejoso, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. No se hace mayor pronunciamiento en relación a los alegatos de la parte quejosa, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los alegatos no forman parte de la litis del juicio de amparo. Sirve de apoyo a la consideración expuesta, la jurisprudencia 27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 14, que dispone: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, Secretario de juzgado que autoriza y da fe, hoy trece de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el escrito de expresión de agravios signado electrónicamente por Jesús Manuel Gálvez Villaseñor, apoderado de la empresa quejosa Tesoro México Supply & Marketing, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado de Distrito. Con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso; con copia del escrito de agravios dese vista a las demás partes por el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, y señalen las constancias que deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso de queja. Una vez que obren en autos las constancias de notificación correspondientes, remítase sin posterior acuerdo, las actuaciones originales correspondientes del presente juicio, así como el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo, al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO. Asimismo, en vía de informe justificado se señala que es cierto que en los autos relativos al juicio de amparo 1518/2019, promovido por Tesoro México Supply & Marketing, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado Jesús Manuel Gálvez Villaseñor, se dictó el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el cual se sostiene por sus propias consideraciones y fundamentos. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con copia del escrito de cuenta y copia del presente auto, en virtud de que las demás constancias obran integradas al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

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