Víctor Manuel Sotelo Hernández
Expediente 620/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Sotelo Hernández
- Víctor Manuel Sotelo Hernández
- Víctor Manuel Sotelo Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA "10" Ciudad de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del diecinueve de febrero pasado por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), de la fracción I, del numeral 18 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años y que sea depurado transfiérase el presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de archivo y documentación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente al quejoso..."
- Principal
MESA "10" Ciudad de México, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe de suspensión de plano que remite el -----------------------------------------------, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, en razón que conforme a la certificación de cuenta, dicha misiva se tuvo por recibida mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte y a su vez, se acordó respecto de su contenido. Notifíquese...."
- Principal
MESA "10" Ciudad de México, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Reanudación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que al día de la data ha concluido el periodo de suspensión ordenado como medida de contingencia por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, con motivo de la pandemia por el virus Sars Cov 2 (COVID-19) En consecuencia, se ordena la reanudación del presente asunto, así como los términos procesales correspondientes; en el entendido que el levantamiento de la suspensión implica su continuación en el punto en que quedaron pausados y no así, su reinicio propiamente. Ahora bien, glósese a los autos el escrito signado por la defensora pública ------------------------, a través del cual desahoga al requerimiento ordenado el veintisiete de noviembre de la anualidad pasada, pues al efecto remite la cédula de asesoría jurídica y el escrito por el cual el quejoso desahogó la prevención formulada el treinta de octubre del año pasado. Luego, visto el escrito de referencia a través del cual, el quejoso ---------------------------------, desahoga la prevención realizada mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, aduciendo lo siguiente: "Por medio del presente escrito Vengo a desahogar la prevención echo escrito en los siguientes términos. a) bajo protesta de decir verdad manifiesto. a) que no he realizado alguna petición ante las autoridades administrativas B) no he sido trasladado hasta este momento por lo que no he sido informado o notificado de algún cambio de traslado. C) no he solicitado ante la autoridad penitenciaria que se realiza un traslado. d) No he interpuesto ningún recurso ordinario de defensa. Antecedentes con fecha 23/oct/2020 Los de seguridad penitenciaria de manera verbal me manifestaron que en cualquier momento puedo hacer objeto de ser trasladado a otro centro penitenciario por lo que tengo el temor que se realice." (SIC) Improcedencia del juicio de amparo En ese contexto, es preciso destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda, así como el escrito de desahogo de prevención y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el Procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.... Sentado lo anterior y analizada la demanda de amparo promovida por -------------------------------------, contra la orden de traslado del Reclusorio Preventivo ------ de esta ciudad en el que actualmente se encuentra a diverso Centro Penitenciario, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113 y 112, en relación con el 61 fracción XX, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, por las siguientes consideraciones: La fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." De una interpretación sistemática y armónica de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificaos, revocados o nulificados, salvo que se trate de un tercero extraño. Sobre el particular es necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y, básicamente, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En el caso particular, como se destacó previamente, el acto reclamado por el directo quejoso, según lo afirmado en el apartado relativo del escrito inicial, lo constituye la orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil --------de esta ciudad en el que actualmente se encuentra a diverso Centro Penitenciario.... De dicho criterio jurisprudencial, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País estableció que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado únicamente se refiere a peticiones administrativas, este juzgado de Distrito considera que, en el caso de las órdenes de traslado también existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, como a continuación se verá. Conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. En el caso, el directo quejoso señaló como acto reclamado la orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil ---- de esta ciudad en el que actualmente se encuentra a diverso Centro Penitenciario; por lo tanto, su estudio se limita al procedimiento identificado bajo el inciso "c)", respecto del que la ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Sistema de Traslados: ? Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; ? Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, ? Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. Se explica: 1. Los traslados voluntarios previstos por el numeral 504 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2. El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 515 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez (como en el caso), más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 526 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: ? La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. ? Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Ahora bien, llevadas las consideraciones que preceden al caso en concreto y acorde con los antecedentes del acto reclamado narrados, bajo protesta de decir verdad, se puede advertir que las autoridades administrativas penitenciarias ya iniciaron con el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto al traslado involuntario previsto por el artículo 51 de la Ley de Ejecución Penal que dispone: "Artículo 51.... En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." Lo resaltado es nuestro. Lo anterior es así, en la medida que el promovente del amparo refirió que el veintitrés de octubre en el año en curso, personal de seguridad del centro de reclusión donde se encuentra interno le informó que en cualquier momento sería traslado a diverso centro de reclusión. Por la razón expuesta, el directo quejoso, -previo acudir al amparo-, debe agotar la controversia judicial contra la determinación administrativa que prevé el numeral 52 de la Ley de Ejecución Penal; es decir, al contar con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo..... Ello es así porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de 2011, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo estaríamos hablando de actos fuera de procedimiento judicial. En tales criterios el alto tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio no resulten aplicables esos criterios. En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuenta con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deben ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo a dicho principio, el cual rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipuló en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Por lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa por notoriamente improcedente respecto al traslado que reclama el directo quejoso. Por último, se instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que realice tal precisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente al quejoso, así como a su defensora pública...."
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por la defensora pública *** por medio del cual acepta y protesta el cargo que le fue conferido para asistir jurídicamente al quejoso... ...se le tiene manifestando su aceptación y discernimiento del cargo, para asistir jurídicamente al agraviado. ... Por otro lado, se le instruye para que dentro del plazo de veinticuatro horas contacte a su representado con el propósito de que pueda asesorar jurídicamente al impetrante de derechos fundamentales en el presente juicio de amparo, debiendo acreditar tal circunstancia ante órgano jurisdiccional en el mismo término con documento idóneo. En entendido que la constancia con la que se acredite ésta, deberá de contener que le explicó al quejoso cómo, cuándo, porqué y en qué términos, se debe desahogar dicho requerimiento, y las consecuencias en caso de no realizarlo. ... Lo anterior con el apercibimiento que de ser omisa al presente requerimiento o no señalar el impedimento legal que tenga para remitir la información solicitada, se hará acreedora a una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización... ... Notifíquese
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