Victor Manuel Solis Felix
Expediente 152/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Victor Manuel Solis Felix
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desecho de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO PARA RECIBIR DOCUMENTOS OFRECIDOS POR LA PARTE QUEJOSA Requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja el documento que fue exhibido en el presente expediente, y en caso de no hacerlo en ese plazo, en su oportunidad será destruido dicho documento, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado en el que si existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria David Alejandro Rojas Serna, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL, SE DESPRENDE LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE SEIS DE MARZO DE 2018; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA VICTOR MANUEL SOLIS FELIX, EL PROVEIDO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Solís Félix, por su propio derecho, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro Uno de Juzgado de Distrito con el número 152/2018-5A. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral del escrito de petición de derechos fundamentales, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado en forma destacada, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable ordenadora; JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL, en su caso, la Orden que ha dictado en contra del suscrito y que pretende cumplimentar materialmente por conducto de la autoridad responsable ejecutora, ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL, sancionándome con la privación de mis derechos de propiedad que tengo sobre mis bienes que obran en mi domicilio, pues así lo indico a una de mis vecinas quien dijo ser Actuaria del Juzgado Primero de lo Civil, al apersonarse en mi domicilio, el ubicado en Calle Monterrey #2554 de la Colonia Nueva Esperanza de esta Ciudad. Precisada la actuación que se reprocha a las autoridades responsables, resulta oportuno asentar que conforme que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por tanto, es deber de este resolutor verificar la procedencia de la demanda en cuestión, precisando si se actualiza o no una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que imponga su desechamiento. En esa tesitura, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que se revela. Por lo que, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Así, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Establecido lo anterior, el suscrito Juzgador advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de amparo, en relación con los artículos 17 y 18, de la referida ley, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Al tenor de los preceptos en comento, el acto reclamado se considera tácitamente consentido, cuando no se promueva en su contra el juicio de amparo, dentro del término de quince días y el acto combatido no encuadre dentro de los supuestos de excepción indicados. Como se puede advertir, el artículo 18 a que se ha hecho referencia, contempla tres hipótesis a fin de computar el término para que el impetrante de amparo interponga el juicio de amparo, los cuales, a saber son a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado (conforme a la ley del acto); b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; y, c) A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, en los casos de la fracción I, del artículo 17. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P.J/115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página 5, tomo: XXXIII, enero de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora bien, para el apartado correspondiente a los antecedentes que constituyen el acto reclamado, el quejoso bajo protesta de decir verdad, refiere que se le pretende privar de sus derechos o posesiones mediante una diligencia de requerimiento y embargo a practicarse en su domicilio ubicado en Calle Monterrey, número 2554, de la Colonia Nueva Esperanza, en esta ciudad, de lo que indicó tuvo conocimiento el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Manifestaciones a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de una confesión expresa al haberse formulado en la demanda por la parte quejosa. De lo anterior, se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reprocha a las autoridades responsables desde el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por lo que, el término para la promoción del juicio de amparo, ha transcurrido en exceso, pues inició el dos de marzo de dos mil diecisiete y feneció el veintidós del mes y año indicado, sin contar los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve del mes y año de referencia, por ser inhábiles. De esta manera, al concluir el término para que la impetrante promoviera el juicio de amparo, para combatir el acto reprochado y al presentar su demanda de amparo, hasta el dos de marzo de dos mil dieciocho, según boleta de turno (foja 1), es obvio que transcurrió en exceso el citado plazo, por lo que, en términos del artículo 61 fracción XIV, se considera tácitamente consentido el acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, visible a página 11, tomo: VI, parte SCJN, Apéndice de 1995, que se transcribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, al quedar patente la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la ley de la materia, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo previsto en el diverso 113 de la propia Ley, ya que la misma no podrá ser desvirtuada con ningún medio de prueba, por lo que hace ocioso radicar y tramitar el presente sumario de derechos fundamentales. Por último, debe precisarse que con la presente determinación no se vulnera el derecho humano de acceso a un recurso judicial efectivo, ya que si bien de conformidad con el artículo 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes, no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. Lo anterior, porque tales requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J.22/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 325, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, número de registro 2005917, que es del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes
- Victor Manuel Romero Cota662/2016
- Victor Manuel Romero Cota429/2016
- Victor Manuel Romero Cota415/2016
- Víctor Manuel Ruiz1143/2023
- Victor Manuel Solis Felix83/2017
- Victor Manuel Solis Félix1764/2022
- Víctor Manuel Valadez Amezquita801/2021
- Victor Manuel Valadez Amezquita598/2023
- Víctor Manuel Valadez Amezquita1350/2021
- Victor Manuel Vildósola Ramos567/2009
- Victor Payan Navarro97/2020
- Víctor Payan Navarro1378/2021