Victor Manuel Sanchez Quiroz

Expediente 763/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 2 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
763/2014
Año
2014
Actuaciones
1
Última actuación
02/10/2015

Partes del expediente

  • Victor Manuel Sanchez Quiroz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se colige que la prórroga de quince días otorgada mediante proveído de cuatro de septiembre pasado, a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de que diera cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el sumario en que se actúa, en los términos establecidos en dicho auto, concluyó en su totalidad. Luego, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, signado por la Auxiliar de Trámite de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que indica ". se hace de su conocimiento que hasta esta fecha la Unidad Coordinadora de Peritajes Médicos y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no ha programado las fechas más cercanas para la práctica de estudios médicos como fue solicitado en el oficio 4191/2015 del cual se dio conocimiento al Tribunal de Alzada mediante el oficio 4190/2015, por el momento quedan subsistentes las fechas ordenadas para el desahogo de las periciales médicas en el acuerdo del 03 de septiembre de los cursantes mismos que fue enviado al H. Tribunal mediante oficio 3982/2015 solicitando se tenga a esta Junta realizando gestiones para el cumplimiento del PRAL.: 793/2015.". En atención a lo anterior, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 192 al 209 y del 211 al 214 de la Ley de Amparo, se advierte que el objetivo primordial de las ejecutorias de amparo, es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, sobre todo en aquellos casos en que, como en el presente, la naturaleza del acto lo permite, y estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. Máxime, que la Junta responsable se encuentra constreñida a realizar las gestiones que considere necesaria y reiterar los requerimientos que formule, y en su caso, aplicar las medidas de apremio correspondientes a fin de lograr el cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en el presente, la que se concedió para: 27. En consecuencia, se estima vulneradas en perjuicio del solicitante de amparo Bonifacio Mendoza Bravo las garantías de seguridad jurídica, legalidad e impartición de justicia, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que el tribunal responsable no cumplió con los términos y plazos establecidos en la Ley Federal de Trabajo para tramitar el juicio laboral de origen,m sic retardando de esta forma el pronunciamiento del laudo respectivo y así cumplir con su función de administrar justicia pronta y expedita. 28. Entonces, al quedar evidenciado que la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje ha omitido observar las formalidades legales descritas en el expediente laboral de origen, a fin de garantizar al peticionario de amparo el derecho a una impartición de justicia pronta; por ende, vulneró el artículo 17 de la ley fundamental, es procedente calificar de ilegal su actuar al no cumplir con la administración de justicia pronta; siendo procedente conceder el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso para el efecto de que una vez que cause firmeza procesal la presente resolución: 28.1 Se deje sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución -once horas del siete de noviembre de dos mil catorce- y se fije una diversa en la que se respete el término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo invocado, ordenando notificar de ello personalmente a las partes cuando menos con diez días de anticipación a la fecha que señale. 28.2 Asimismo, para que se acuerden las subsecuentes promociones presentadas por las partes dentro de los plazos que para tal efecto le conceden las leyes laborales; y se respeten los términos establecidos para la tramitación de la fase instructiva del juicio laboral en términos de los artículos 870 al 848 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de restituir al quejoso en el goce de la garantía violentada con el retardo de su prosecución. 29. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, de epígrafe, sinopsis y datos de localización siguientes: SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige. S.J.F., 9ª, Época, tomo XXV, abril de 2007; Pág. 258 Por ello, la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se encuentra obligada: 1. Dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución -once horas del siete de noviembre de dos mil catorce- y fijar una diversa en la que se respete el término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, ordenando notificar de ello personalmente a las partes cuando menos con diez días de anticipación a la fecha que señale. 2. Asimismo, para que se acuerde las subsecuentes promociones presentadas por las partes dentro de los plazos que para tal efecto le conceden las leyes laborales; y se RESPETEN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA FASE INSTRUCTIVA DEL JUICIO LABORAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 870 AL 848 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, a fin de restituir al quejoso en el goce de la garantía violentada con el retardo de su prosecución. 3. Realizada la prueba pericial ofrecida en autos del expediente de origen, señalada para las trece horas con treinta minutos de catorce de julio de dos mil quince, de forma inmediata deberán hacer del conocimiento de este órgano de control constitucional el resultado de la misma, así como el pronunciamiento que al efecto emitan. Por tanto, con apoyo en el último párrafo del ordinal 192 de la legislación en cita, se amplía el término inicial, por lo que se le requiere para que dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS, informe la manera en que dio cabal cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, lo cual deberán acreditar ante este órgano de control constitucional; debiendo remitir las constancias relativas que acrediten lo solicitado, en copia debidamente certificada. Se apercibe a las autoridades responsables Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje por sí y por conducto de su Presidente, de no hacerlo en el tiempo concedido, o no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, a cada uno se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración que las autoridades responsables no tiene superior jerárquico, también se les apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.

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