Víctor Manuel Sánchez Fernández

Expediente 1016/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1016/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
14/09/2015

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Sánchez Fernández
  • Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio que signan el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el contenido del auto de ocho de septiembre de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo 1584/2015 promovido por Víctor Manuel Sánchez Fernández, en la parte que interesa se solicita a este Juzgado se le remita copia certificada de la boleta de turno, escrito inicial de demanda, auto admisorio, sentencia, acuerdo que la declaro firma y, se informe el estado procesal que guarda el juicio de amparo 1016/2015-II; el que se ordena glosar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Como lo solicita la autoridad oficiante, remítanse las constancias debidamente certificadas e infórmese que este juicio de encuentra totalmente concluido, al haberse ordenado su archivo por auto de veintiuno de julio de dos mil quince. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de julio de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1016/2015-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el uno de julio de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que el JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de las actuaciones que emanan de la causa penal 20/1997/2 en veintiséis anexos; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de julio de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, respecto de la construcción de la barda; el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. En atención a su contenido, este juzgado se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se haga un pronunciamiento sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Ahora bien, de constancias que obran en autos se desprende que en el proyecto de construcción se determinó que el periodo de ejecución de la construcción de barda sería de treinta días hábiles; asimismo, de las constancias que remite se aprecia que dicha construcción se inició el uno de junio de dos mil quince y el término de dicha construcción será el diez de julio de dos mil quince. En mérito de lo anterior, se requiere a las autoridades del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, así como a la autoridad vinculada Cabildo del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al diez de julio de dos mil quince, día en el que vence el término de construcción de la barda, remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten que la referida barda está construida es su totalidad y que cumple con las características con las que contaba antes del acto de demolición. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, respecto a las manifestaciones de la autorizada de la quejosa por cuanto a que durante la la construcción de la barda se han arrancado diversas plantas; dígase que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1016/2015-II, promovido por Víctor Manuel Sánchez Fernández, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el veintidós de mayo de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada ese día a este Juzgado, Víctor Manuel Sánchez Fernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil quince se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Agente del Ministerio Público con intervención en la causa penal 20/1997-2 y se fijaron las diez horas con dos minutos del veintinueve de junio de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. A la postre, se otorgó el carácter de tercera interesada a María Elizabeth Hernández Jaime. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se dictó y ejecutó el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810. Así, el acto reclamado por el quejoso consiste en: El auto de formal prisión de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictado en su contra en la causa penal 20/1997-2. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo expresó el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado. La existencia del acto se corrobora con la copia certificada de la causa penal 20/1997-2, específicamente, se desprende del anexo III (fojas 54 a 77). La copia de cuenta amerita pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Procede el análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. El juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XI, en relación con la fracción X, de la Ley de Amparo: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Conforme a la invocada causal, el juicio de amparo es improcedente cuando se impugne un acto que haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre que sea promovido por el mismo quejoso y contra la(s) misma(s) autoridad(es) responsable(s), aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La fracción XI del invocado artículo 61, emplea la palabra "ejecutoria", lo que implica que la sentencia que analizó la legalidad del acto reclamado, causó estado, sea porque la declaró el juez o a causa del fallo de un superior. Como se dijo, el quejoso combate el auto de formal prisión de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictado en la causa penal 20/1997-2. Al examinar la causa, se advierte que el quejoso interpuso amparo indirecto contra el aludido auto de formal prisión; luego, contra la sentencia dictada en el amparo, promovió recurso de revisión: El veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dictó auto de formal prisión a Víctor Manuel Sánchez Fernández, en la causa penal 20/1997-2 (fojas 54 a 77). Inconforme, promovió amparo indirecto contra el auto de formal prisión, cuya resolución correspondió al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. Por sentencia de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el amparo 516/98, el juez de Distrito concedió y negó el amparo (fojas 424 a 435). Tanto el quejoso como el juez responsable, interpusieron recurso de revisión contra el fallo de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Luego, por ejecutoria de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, emitida en el recurso de revisión 340/98, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito modificó la sentencia recurrida y negó el amparo al quejoso Víctor Manuel Sánchez Fernández (fojas 560 a 603). Así, es inconcuso que el acto que hoy combate el quejoso, fue materia de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, en la revisión 340/98. En efecto, la ejecutoria emitida por el tribunal colegiado, constituyó cosa juzgada sobre la cuestión debatida [auto de formal prisión reclamado]. Entonces, este juzgado de Distrito no puede examinar nuevamente la legalidad del auto de formal prisión de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, pues implicaría vulnerar la institución de la cosa juzgada y desconocer el fallo de un Superior, lo cual es jurídicamente inadmisible. Resultan aplicables estas tesis: Tesis: 2a./J. 126/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002187 11 de 122 Segunda Sala Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Pag. 1459 Jurisprudencia(Común) RECURSO DE REVISIÓN. DEBE PREVALECER LA AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA RESPECTO DE LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES COMPETENCIALES. Cuando existe pronunciamiento definitivo derivado de un conflicto competencial, en que un Tribunal Colegiado de Circuito fijó su postura con base en la atribución legal para conocer de un asunto por razón de la vía, dicha resolución adquiere la categoría de cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional, que es irrebatible, indiscutible e inmodificable. Por ello, en el recurso de revisión en el que se impugna la sentencia de amparo indirecto, el tribunal de alzada ya no puede cuestionar esa decisión. Ahora, si posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta jurisprudencia sobre el tema, su aplicación no llega al extremo de privar de efectos jurídicos la autoridad de la cosa juzgada, porque uno de los fines de la jurisprudencia es la seguridad jurídica y sería ilógico que su observancia posterior resulte adversa al principio de acceso a la justicia previsto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tesis: I.14o.C.12 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 173171 33 de 122 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXV, Febrero de 2007 Pag. 1892 Tesis Aislada(Común) SENTENCIAS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. AL RESOLVER UN RECURSO DE REVISIÓN, LO DECIDIDO POR DICHO ÓRGANO ADQUIERE LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA, LA CUAL NO PUEDE DESTRUIRSE O INOBSERVARSE, INCLUSO, SI EN UNA POSTERIOR JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS SE SUSTENTA UN CRITERIO CONTRARIO. Si por mandato expreso contenido en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 85, último párrafo, de la Ley de Amparo, las resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver -en su totalidad- un recurso de revisión, no admiten recurso alguno, lo decidido por dichos órganos constituye una determinación terminal que, en sí misma, tiene la autoridad de cosa juzgada, con la calidad de vinculante y la cual no podría destruirse o inobservarse, incluso, si en una posterior jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por el procedimiento de contradicción de tesis, se sustenta un criterio contrario, en la medida de que el propósito de ese procedimiento conduce a establecer cuál es la tesis que debe regir en el futuro con carácter de jurisprudencia, en términos del último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias, y por extensión, las situaciones jurídicas dilucidadas previamente, que se hubiesen apoyado en alguno de los criterios discrepantes. No son óbice las manifestaciones del quejoso en torno a que si bien en determinado momento recurrió el acto reclamado a través del juicio de amparo indirecto 516/1998, debe examinarse de nueva cuenta su legalidad; pues como se dijo, existe cosa juzgada al respecto. QUINTO. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Sánchez Fernández, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy primero de julio de dos mil quince, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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