Victor Manuel Saldaña Bravo

Expediente 418/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
418/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
17/06/2016

Partes del expediente

  • Victor Manuel Saldaña Bravo
  • Raúl Ortiz Villa
  • Adrian Navarrete Raya
  • Germán Ávila Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha se advierte que transcurrió el plazo para interponer el recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente en SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, el documento que exhibieron los impetrantes con su escrito inicial de demanda, constante en copia certificada, su devolución se autoriza desde este momento en caso de que así lo soliciten, en el entendido que de no hacerlo conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, tal documento se destruirá junto con el expediente en el plazo señalado.

  2. Principal

    Visto el escrito que suscribe el quejoso ------------, en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena expedirle a su costa copia fotostática certificada de las constancias a que alude, y para recibirlas a la persona que menciona, lo anterior previa razón de entrega que se asienta en autos para debida constancia. Hágase saber al promovente que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de dos de junio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días tres o seis de junio del presente año, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ---, personalidad que acreditan con copia certificada del Juicio Ordinario Civil número ----, del índice del Juzgado Primero Civil de Pénjamo, Guanajuato, contra actos del Juzgado Primero Civil de Pénjamo, Guanajuato; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 418/2016-I, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en "IV. NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Como acto lo actuado al rendir informe previo y luego justificado los días 10 y 13 de mayo de 2016, respectivamente, al juicio de amparo número ---I, seguido ante el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Guanajuato, donde informa que respecto a la ejecución de sentencia del juicio ordinario civil número 553/2014, seguido ante el Juez Primero Civil del Partido de Pénjamo, Guanajuato, solo se entregara el (mobiliario) no así el inmueble ubicado en calle León Poniente número 4 altos de Santa Ana Pacueco, Guanajuato. Como omisión el contenido de la sentencia del juicio ordinario civil número ---, seguido ante el Juzgado Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, en su considerando sexto, sentencia que causó ejecutoria. En el juicio ordinario civil número --- cuyo legajo de copias es adjunto al escrito, obra copia de los referidos informes." Ahora, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 5, fracciones II y III inciso a), 117, 119, 122 y 140, todos de la Ley de Amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional. Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia. Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. Artículo 140. En el informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia. En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones." Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, siendo éstos los siguientes:  En el Juzgado Primero en Materia Civil del partido Judicial de Pénjamo, Guanajuato, se tramitó el juicio ordinario civil número ---, el cual inició con demanda que presentó ---- como supuesto apoderado del consejo directivo de la --- con la que demandó la nulidad de la escritura que contiene la protocolización de la asamblea de la persona moral antes descrita, donde se eligió como representantes del consejo de administración de esa moral a ---presidente, ---como secretario y ----como tesorero (aquí quejosos), quienes produjeron contestación de la demanda oponiendo sus excepciones, y a su vez reconvinieron a los actores.  La sentencia que puso fin al juicio con su doble litis, que causó ejecutoria, y por ello se encuentra en etapa de ejecución de sentencia el juicio natural.  De los documentos que se adjuntaron a la presente demanda se advierte que ---- ajeno al juicio natural promovió demanda de amparo tocando conocer a este Juzgado Federal, juicio que fue radicado con el número ---I, argumentando ser arrendatario del bien inmueble que constituyó el domicilio de la persona moral que representan, y una vez admitido, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera sus informes previo y justificado, en los que la autoridad responsable negó la existencia de acto reclamado refiriendo que dictó un auto el treinta y uno de marzo del presente año, en el que señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la ejecución de la sentencia, esto es para que ---- (actor en el juicio natural) hiciera entrega a los aquí quejosos de los bienes objeto de la entrega recepción que se hizo constar en la escritura --- pero solo de los bienes muebles, sin que se encuentre comprendido el bien inmueble donde se ubica el domicilio de la persona moral aquí quejosa. Así, el acto que se reclama lo constituyen los informes previo y justificado rendidos en el juicio de amparo --- cuaderno incidental. Ahora, lo reclamado en aquel juicio constitucional 321/2016, deriva el juicio ordinario civil --- en el cual la parte quejosa es parte demandada y tuvo una sentencia favorable que no ha sido ejecutada; de manera que, se insiste, el contenido de los informes que rindió la responsable tanto en el principal como en el cuaderno incidental, atienden a la materia que será el fondo de la sentencia constitucional, controversia en la cual el aquí promovente tiene el carácter de tercero interesado. De lo anterior, se evidencia que los actos reclamados, consistentes en los informes previo y justificados rendidos en el juicio de amparo --- y su incidente de suspensión, por la señalada autoridad responsable, constituyen la materia sobre la que habrá de resolverse aquella instancia, esto es, el contenido de su informe rendido, en relación a los actos que en aquél fueron reclamados; respecto de los cuales la parte aquí impetrante le asiste el interés de que subsista el acto reclamado, pues así se desprende de su causa de pedir, toda vez que combate la veracidad con la que se rindieron dichos informes, y como se adelantó, es materia de fondo de diverso juicio constitucional. Entonces, los ahora recurrentes cuestionan por esta vía, los informes rendidos en diverso juicio de garantías, que es en donde éstos surtirán sus efectos, los cuales les pueden beneficiar o no, según lo estimen pertinente, de manera que si en esa controversia tienen el carácter de terceros interesados, respecto de esos informes con base en los preceptos de la Ley de Amparo invocados, podrán ofrecer pruebas para controvertirlos o promover los incidentes de objeción o falsedad que en su caso, consideren aplicables. Por tanto, este Juzgado Federal estima que se actualiza la causal de improcedencia en alusión habida cuenta que el acto aquí reclamado gira en torno a la integración de otro juicio de amparo y constituye la materia sobre la que habrá de resolverse aquél, por lo que si la parte impetrante estima que se actualiza alguna figura con la rendición del informe de la responsable en aquél juicio, debe en todo caso, alegar aquella situación en dicho expediente con base en lo que al efecto dispone la Ley de Amparo, pero tal circunstancia no da pauta para estimar procedente un juicio constitucional diverso. En razón de lo anterior, y toda vez que se surte en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 5, fracciones II y III inciso a), 117, 119, 122 y 140, todos de la Ley de Amparo vigente, y con fundamento en el ordinal 113 de la ley en cita, se desecha la demanda de amparo que se analiza, por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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