Victor Manuel Sahagun Cobarrubias
Expediente 977/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Victor Manuel Sahagun Cobarrubias
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio 30914/2023 enviado vía juicio en línea y firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por medio del cual, acusa recibo de nuestro memorial 21644/2023, de trece de noviembre del año en curso, por el que se le informó que éste órgano jurisdiccional no aceptó el conocimiento del juicio de amparo indirecto 1254/2023 de su índice administrativo, y del cual se advierte que dio trámite a dicha demanda formulando prevención a la parte quejosa; memorial que se ordena agregar en autos para los efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes como asunto definitivamente concluido. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 19, fracción I, inciso a), procede hacer la indicación en el sentido de que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción transcurrido el plazo de seis meses.
- Principal
Vista la boleta de turno de incompetencia de amparo con número de registro 20230872034001036, a la que se adjuntó el oficio 29299/2023, firmado autógrafamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como, con la demanda firmada autógrafamente por Víctor Manuel Sahagún Cobarrubias, apoderado legal del directo quejoso Francisco Javier Sahagún Cobarrubias, y sus anexos, que dio origen al juicio de amparo indirecto ********************-I-B, contra actos de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, dentro del cual en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, el titular del preindicado juzgado se declaró legalmente incompetente para resolver el citado asunto por razón de territorio, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, al considerar que era competente un juzgado de distrito en esta ciudad, ya que el acto que se reclama debe tener ejecución dentro de los límites territoriales en que este juzgado ejerce jurisdicción. SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 977/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que llegaran a derivar del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA DECLINADA. Dentro del plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de amparo, el suscrito procede a determinar si acepta o no la competencia para conocer del presente asunto. Como se dijo, la autoridad declinante se declaró legalmente incompetente para resolver la demanda que nos ocupa, por razón de territorio, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que afirma el acto que se reclama debe tener ejecución dentro de los límites territoriales en que este juzgado ejerce jurisdicción. Ello, con el argumento de que el directo quejoso Francisco Javier Sahagún Cobarrubias, señala como acto reclamado la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, consistente en el dictamen emitido por la Comisión Nacional del Agua Organismo Cuenca Pacífico Norte de esta ciudad, mediante la cual autorizó la expedición de título a favor del tercero interesado Everardo Navarro Vázquez, respecto del inmueble identificado con el número lote 027, dentro de la zona de Riego del Proyecto ElotaPiaxtla, ubicado en el predio Chicayota y Naranjos municipio de Elota, Sinaloa, por compensación en especie con motivo de la afectación por construcción de obras de infraestructura hidroagrícola, y añade dicha autoridad federal, que el quejoso señaló en su demanda de amparo que .pretenden privar a mi poderdante de la propiedad que tiene sobre el lote de terreno rustico del cual indudablemente es legítimo propietario, terreno que se viene plenamente identificado en el capítulo donde señaló los antecedentes de los actos reclamados sin que para desposeer a mi poderdante de ese inmueble se haya seguido juicio alguno en su contra ni tampoco se tiene conocimiento de que exista un procedimiento." ; de ahí, estableció que en aplicación de la regla competencial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, deviene evidente que el acto que reclama, constituye uno que de manera incontrovertible requiere de ejecución material, con motivo de que con la emisión de la resolución combatida, se llevaría a cabo la privación de los derechos de propiedad y de posesión del quejoso sobre el bien inmueble que por esta vía defiende. Por lo anterior, se puede determinar claramente que la autoridad declinante finca la competencia del asunto en un juzgado de distrito con residencia en esta ciudad, esto es, porque a su decir, de ser el caso, los actos de privación de la propiedad y posesión del inmueble que defiende el promovente, se llevaría a cabo en el Municipio de Elota, Sinaloa, el cual pertenece a la jurisdicción de este juzgado. De manera respetuosa, el suscrito no comparte en su totalidad tales apreciaciones por las consideraciones que enseguida se expondrán, las cuales conducen a no acepta la competencia declinada. Primeramente, cabe señalar que en el apartado de conceptos de violación, la parte quejosa manifestó lo siguiente: A través de los actos señalados de las Autoridades Responsables, pretenden privar a mi poderdante de la propiedad que tiene sobre el lote de terreno rústico del cual indudablemente es legítimo propietario, terreno que se viene plenamente identificado en el capítulo donde señalo los antecedentes de los actos reclamados sin que para desposeer a mi poderdante de ese inmueble se haya seguido jico alguno en su contra ni tampoco se tiene conocimiento de que exista un procedimiento administrativo instaurado por alguna dependencia estatal o federal en contra de mi poderdante o donde este último sea parte de dicho procedimiento administrativo, y en caso de existir el multicitado procedimiento administrativo en ningún momento fue notificado o fue llamado a intervenir en el mismo mi poderdante, por lo tanto emergen como evidente que no se le emplazo para acudir a tal procedimiento, insisto en caso de que haya o exista algún en su contra, en consecuencia indudablemente las autoridades que señalo como responsables omitieron cumplir con la garantía de audiencia de debido proceso, toda vez que de ninguna manera se le otorgo la oportunidad a mi poderdante de hacer valer sus defensas y aportarle sus pruebas, además las autoridades responsables no cumplieron con los lineamientos legales y por ende en forma ilegal y arbitraria privan a mi poderdante de sus derechos de propiedad y de posesión infringido evidentemente los derechos humanos de audiencia legalidad y seguridad judicial prevista en el artículos 14 constitucional. De la transcripción anterior, se advierte que la parte quejosa, si bien, tal como lo señaló la autoridad declinante, se duele de que las autoridades responsables pretenden privarlo de la propiedad que detenta respecto del lote de terreno antes precisado; sin embargo, también resulta cierto, que el peticionario aduce que esa privación de derechos dichos extremos se realizó sin haber sido oído y vencido en el procedimiento administrativo de origen, violentando así su garantía de audiencia, es decir, el peticionario acude como tercero extraño aduciendo la falta de llamamiento al procedimiento natural. Por ello, no obstante que, en su caso, el acto reclamado atinente a la propiedad y posesión del inmueble de referencia, tendrá ejecución dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado, la realidad es que existe impedimento para conocer del presente asunto, atento a la causa que antecede a ese acto reclamado, consistente en la falta de llamamiento al procedimiento de origen. Lo anterior es así, toda vez que la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio o procedimiento, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión en el emplazamiento, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. De ahí que, de momento, no se pueda aceptar la competencia declinada, al no estar acreditado que el peticionario, en su caso, tendrá que ser emplazado en el territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, pues por el contrario, de las pruebas documentales que se acompañaron al escrito inicial, se advierte la escritura pública número nueve mil doscientos veintisiete, de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, a cargo de Notario público Número Tres, con ejercicio y residencia en Tala, Jalisco, en la que se contiene copia de la credencial para votar a nombre del impetrante, expedida por el Instituto Nacional Electoral, donde aparece su domicilio personal, a saber, el ubicado en calle Abasolo, número 84, colonia Centro, código postal 45300, en Tala, Jalisco. Por tanto, conforme al texto de la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a. de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO."; el juez competente para conocer del presente asunto, no lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde está ubicado el inmueble y por ello, la autoridad declinante habrá de constatar el territorio en donde deberá llevarse a cabo el emplazamiento del quejoso al procedimiento administrativo de origen, que es la regla especial que aplica en el presente supuesto. Actuar en contrario y aceptar la competencia para conocer de una demanda de amparo en un distrito judicial distante al domicilio personal de la parte quejosa, le generaría un nuevo perjuicio similar al que esencialmente reclamó en su demanda de amparo e, igualmente, le causaría gastos económicos con relación a la substanciación del presente juicio de amparo; lo cual, incidiría directamente en el derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, toda vez que el artículo 27, fracción II, establece que si el domicilio de la persona a notificar se encuentra fuera de la circunscripción territorial del órgano de amparo, la primera notificación se le realizará a través de exhorto o despacho, y se le requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se le practicarán por lista. Atento a las razones expuestas, el suscrito respetuosamente no comparte las razones dadas por el juzgado declinante y, por ende, no acepta la competencia para conocer del presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a. de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, registro 2024553, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. En consecuencia, de conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, devuélvase el original del expediente ******************** y las copias de traslado que nos ocupa, al órgano jurisdiccional requirente, esto es, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para los efectos del precitado precepto legal. Expediente electrónico. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad homologa, que la totalidad de las constancias que integran el expediente electrónico en que se actúa se encuentran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y debidamente disponible para su vinculación, consulta y obtención de constancias. Atento a lo anterior, se comisiona a la oficial judicial "A" para que habilite electrónicamente la disposición del expediente electrónico para su vinculación. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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