Víctor Manuel Ruiz Chavarría
Expediente 297/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Manuel Ruiz Chavarría
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintitrés.********************FIRME DESECHADA********************Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de trece de marzo de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por********************en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************SE ORDENA ARCHIVO********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.******************** Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.********************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Ruiz Chavarria, por propio derecho contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA DE DEMANDA. Ahora bien, como del análisis a la demanda de garantías, se desprende que el promovente del amparo señala como acto reclamado la resolución de nueve de marzo de dos de dos mil veintitrés, dictada dentro de los autos del SIPE-773/2022 y derivado del SE-239/2022, mediante el cual le fue resuelta su solicitud del beneficio de condena condicional, declarándola procedente y fijando el monto de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de reparación de daño en 24 (veinticuatro horas), $2,500.000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) en un periodo de 3.5 años por concepto de reparación del daño y, $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), como garantía. Atento a ello, primeramente es necesario precisar que, los artículos 61, fracción XVIII, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal de los numerales transcritos, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sea susceptible a impugnación, mediante algún medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado dicho acto. En tanto, los artículo 132, fracción I y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: Desechamiento de la solicitud; Modificación o extinción de penas; Sustitución de la pena; Medidas de seguridad; Reparación del daño; Ejecución de las sanciones disciplinarias; Traslados; Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y Las demás previstas en esta Ley.". De dicho precepto legal, se desprende que en contra de la solicitud del beneficio de la condena condicional, entre otras solicitudes, procede el recurso de apelación, lo que implica que la parte aquí quejosa se encuentra legitimada para combatir lo referente a dicho beneficio, mediante el recurso de apelación. Atento a lo anterior, como ya se anticipó, en el caso particular, respecto del acto reclamado en esta vía de amparo, consistente en la resolución de nueve de marzo de dos de dos mil veintitrés, dictada dentro de los autos del SIPE-773/2022 y derivado del SE-239/2022, mediante el cual le fue resuelta su solicitud del beneficio de condena condicional, declarándola procedente y fijando el monto de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de reparación de daño en 24 (veinticuatro horas), $2,500.000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) en un periodo de 3.5 años por concepto de reparación del daño y, $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), como garantía, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento al principio de definitividad. Lo anterior, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional, el medio de defensa nominado que en su caso proceda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en interponer el recurso de apelación ante la autoridad que dictó la resolución reclamada, medio por el cual podría haberse logrado la modificación o anulación del acuerdo impugnado en esta instancia constitucional. De ahí que el promovente en cuanto parte procesal, previo a acudir a esta vía constitucional, debió hacer valer el recurso ordinario que la ley contempla, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y como no lo hizo, es claro que su demanda resulta improcedente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187016 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Página 902 Jurisprudencia (Común) AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. De igual forma, sustenta la determinación a que se arriba, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido literal siguiente: "Tesis: I.3o.C. J/39 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 171803 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Agosto de 2007 Página 1214 Jurisprudencia (Común) DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por ello, se concluye que debe desecharse de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "Tesis: VI.3o.C. J/62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175964 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Página 1665 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Ruiz Chavarria, por propio derecho contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad. NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa señalando medio electrónico para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, los usuarios "ROBERTOSANCHEZASOCIADOS y JSANCHEZ85", de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; usuarios con los que también se autoriza el acceso al expediente electrónico. En ese orden de ideas, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En lo referente al domicilio procesal que físicamente proporciona, dígale que una vez que manifieste expresamente que es su deseo que las notificaciones personales se le practiquen en dicho lugar, se proveerá lo conducente. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Roberto Sánchez Ruiz Velasco y Jesús Erasmo Sánchez Bermúdez, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo; en tanto que, al restante únicamente se le tiene en los términos del precepto 24, párrafo segundo, de la citada ley, en razón de así haberlo designado expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Rcl
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