Víctor Manuel Roldán González

Expediente 1903/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1903/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2017

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Roldán González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca Q.A. 10/2017, así como los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, en un tomo. Acúsese el recibo correspondiente. Infórmese a las partes que el tribunal revisor determinó infundado el recurso interpuesto en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y glósese sólo lo actuado en el cuaderno de antecedentes que obra por separado. De conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase al Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, comunicando el proveído de tres de enero de dos mil diecisiete, dictado por el Magistrado presidente de ese tribunal en el toca Q.A.- 10/2017, en el que acusa recibo del oficio por el que se le enviaron el escrito original de expresión de agravios y los autos de este asunto para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; asimismo, informa que lo admitió a trámite. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta y se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja; para efectos de su trámite, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente así como al cuaderno de antecedentes que al respecto se forme y remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, anexando por separado el original del escrito de expresión de agravios y copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 101 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se informa al Tribunal Colegiado que le corresponda conocer del recurso de mérito, que es cierto el auto que se impugna, pues este juzgado emitió el acuerdo recurrido, de conformidad con el artículo 101 de la ley de la materia. No es necesario que en el caso se requiera a la parte promovente para que señale las constancias que deban remitirse al tribunal colegiado en turno, en términos del primer párrafo del artículo 101 de la legislación en cita, pues dada la naturaleza de la resolución recurrida se estima necesario remitir la totalidad de las constancias que integran este sumario. Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por último, comuníquese a la superioridad que previamente al recurso que ahora se tramita no se ha interpuesto ningún otro. Notifíquese.

  4. Principal

    Con la demanda de amparo presentada por , por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8 en la Ciudad de México, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1903/2016 y dese de alta en el sistema correspondiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Entonces, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Así, de un estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio agrario 299/2013, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8 en la Ciudad de México, a través del cual la autoridad responsable resolvió carecer de competencia para substanciar y resolver el asunto planteado y ordena remitir los autos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que éste a su vez lo remita a un juez civil a quien estima corresponde conocer. Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad como antecedentes del acto reclamado, se advierte lo siguiente: En este sentido, se advierte que en este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretando esta fracción a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, consistente en la resolución de tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio agrario 299/2013, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8 en la Ciudad de México, en la que determinó carecer de competencia para substanciar y resolver el asunto planteado y ordena remitir los autos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, habida cuenta que dicho auto no afecta materialmente derechos sustantivos. Al respecto se considera lo siguiente. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la intelección de los citados preceptos, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos dictados en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. Asimismo, el trascrito artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, define a los actos de imposible reparación como aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ee contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, es decir, causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso, de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable. Entonces, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos cuyos efectos no afectan materialmente en forma directa e inmediata prerrogativas fundamentales, como son la libertad, la propiedad, la posesión, o que la resolución reclamada se hubiere emitido sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, o por autoridad incompetente, de manera verbal, sin fundamentación o motivación, entre otras. Por tanto, tal acuerdo carece de ejecución irreparable, porque no trastoca materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no se ordenó privarla materialmente de sus propiedades, posesiones, o similar derecho, ya que únicamente se ordena actuar de determinada forma, por lo que el auto por sí solo no decide, ni restringe aquellas prerrogativas. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten, en el procedimiento, los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo, como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversas tesis en las que definió los actos procesales de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio constitucional biinstancial, porque el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, nada disponía al respecto, entre los cuales destacan aquéllos que sus consecuencias perjudiquen a las partes en grado predominante o superior, es decir, que la afectación producida es tan grave que trasciende al derecho fundamental del quejoso. Sin embargo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, ya define a los actos intraprocesales de imposible reparación, como los que afectan materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por tanto, el legislador ya no deja a la interpretación de los tribunales federales ese concepto y descartó el concepto de "afectación predominante o superior" al no incluirlo en la actual redacción, por lo que la aplicación de los principios establecidos en los artículos 1º de la Carta Magna y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), no puede llegar al extremo de "constituir derechos" o dar cabida a interpretaciones imaginadas al no tener sustento en las reglas de derecho aplicables. Máxime que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, al definir los actos intraprocesales de imposible reparación, en modo alguno vulnera el derecho de las personas de tener un recurso sencillo y rápido, pues no veda el acceso de los gobernados al juicio constitucional, sino que impone determinadas formalidades que regulan en forma más precisa y clara el ejercicio de ese derecho, con lo que se cumple el derecho a la tutela jurisdiccional, es decir, se da la oportunidad a los particulares de acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para defenderse de actos de autoridad que vulneren de manera directa sus derechos sustantivos, lo que incluso concede seguridad jurídica. Entonces, la determinación reclamada consistente en la resolución de tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio agrario 299/2013, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8 en la Ciudad de México, por medio del cual se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que éste a su vez lo remita a un juez civil a quien estima corresponde conocer de la demanda planteada, no es de ejecución irreparable, según el actual concepto que define la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto. Lo anterior, toda vez que si bien es cierto el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8 en la Ciudad de México, determinó carecer de competencia para conocer del asunto, esto únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, y no de imposible reparación, sin afectar o modificar derechos subjetivos, porque de cualquier forma el juicio se desarrollará en todas sus etapas, y el quejoso está en posibilidad de obtener sentencia favorable. En consecuencia, en términos de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Víctor Manuel Roldán González. No es inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que, después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados en términos amplios del último numeral citado a las personas que se mencionan en la certificación de cuenta, dado que tienen inscrita su cédula profesionales en el registro correspondiente del Poder Judicial de la Federación y a las diversas únicamente para oír y recibir notificaciones. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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