Víctor Manuel Rojas Hernández

Expediente 1325/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1325/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Rojas Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo del recurso de queja e informa que se admitió con el número 388/2023; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto ese recurso, ordenándose distribuir copia del escrito recibido entre las partes. En ese tenor, deberá solicitarse a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno, de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario para su vinculación, a fin de que esté en posibilidad de substanciar el recurso en cuestión. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1242. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa, por lista a la tercero interesada, personalmente a la asesora especial del menor y a la representación social federal de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintitrés. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Rojas Hernández, por derecho propio, contra el acto que atribuye a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; fórmese el expediente con el número 1325/2023-III que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado. Acto reclamado Del análisis íntegro de la demanda de amparo y documentos adjuntos, se advierte que la parte quejosa reclama: - El oficio 20600009000000S/UAJ/2529/2023, emitido en el expediente SS/CHJ/PR/024/2023, por el que citó al quejoso a las nueve horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés para el desahogo de la garantía de audiencia. Desechamiento En este asunto se advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 611 , en relación en relación con el 107, fracción V2 , éste último en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De la intelección de los ordinales indicados se aprecia que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (como son la vida, la integridad personal, la libertad, o la propiedad) los cuales, hacen procedente el juicio de amparo siempre y cuando sus efectos no se puedan reparar en el curso de la instancia de la que derivan o en la propia determinación que decida la contienda, pues en caso contrario, al no poder ser restaurados posteriormente los daños y perjuicios que podrían resentir las personas a los que son dirigidos, impactarían de manera negativa en su esfera jurídica. Ahora, la parte quejosa reclama el oficio 20600009000000S/UAJ/2529/2023, emitido en el expediente SS/CHJ/PR/024/2023, por el que se le citó a las nueve horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés a fin de desahogar la garantía de audiencia, que consiste en un acto previo al desarrollo material del procedimiento sancionador, el cual culminará con el dictado de una resolución fundada y motivada. Ello es así, pues el acto combatido tiene la única finalidad de informarle que debía presentarse ante la autoridad responsable, en la fecha y hora ahí indicadas, a fin de hacerle saber la conducta que se le atribuye por resultar positivo al consumo de anfetaminas y metanfetaminas y para que alegue lo que estime pertinente y ofrezca las pruebas en que apoye su defensa. De ahí que sea evidente que dicho acto no es de imposible reparación, ya que no constituye el auto de inicio del procedimiento sancionador, por lo que sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, en su caso, al dictarse la resolución que se pronuncie sobre el inicio o no del procedimiento sancionador, pues si ésta es favorable a sus intereses, en tal caso, la afectación de que se duele habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. Lo anterior se considera así, pues el hecho de que se le haya citado al desahogo de su garantía de audiencia, de ninguna manera implica la afectación a algún derecho sustantivo del quejoso; por el contrario, únicamente representa la notificación para que acuda a esa diligencia a fin de alegar y, en su caso, a ofrecer las pruebas que estime pertinentes; esto es, será en todo caso el auto de inicio del procedimiento respectivo el que pudiera representar una afectación irreparable en su perjuicio, pues hasta el momento en que presentó su demanda de amparo se desconoce la determinación que la autoridad responsable pudiera tomar al respecto; por lo que deberá ser esa actuación -inicio de procedimiento- la que podrá cuestionar a través del juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 43/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 175221, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." Asimismo, se invoca la tesis: 2a. XCV/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2010023, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, ASÍ COMO 16 Y 17 DEL REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE HONOR EN EL EJÉRCITO Y ARMADA NACIONALES, QUE LO PREVÉN, NO VULNERAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, EL DEBIDO PROCESO NI EL DERECHO A LA LEGALIDAD. Los preceptos indicados no vulneran las formalidades esenciales del procedimiento, el debido proceso (o juicio justo) ni el derecho a la legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de su lectura se advierte que el Consejo de Honor, al emplazar al militar que desplegó la conducta cuestionada, debe hacerle saber, además de los aspectos cuyas formalidades son connaturales a su actuación (como lo son el lugar y la fecha donde habrá de llevarse a cabo la audiencia respectiva), la causa o motivo por el que se le va a juzgar (cargo que está enfrentando) para que pueda exponer sus descargos (brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión de los hechos y procurarle la posibilidad de alegar lo que a sus intereses convenga), como un acto previo al desarrollo material del procedimiento sancionador que culminará con el dictado de una resolución fundada y motivada, ya que sólo así se entiende el fin consistente en que se le imparta justicia, como lo manda el artículo 40 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que la autoridad en el emplazamiento no cumpla con los requisitos descritos, que permitan al imputado preparar en un lapso razonable sus descargos o su defensa con anticipación a la materialización del procedimiento sancionador, no constituye un vicio de constitucionalidad de las normas aludidas, sino de la forma en que la autoridad las aplica en cada caso concreto." Bajo ese contexto, se concluye que el acto motivo de reclamo se traduce únicamente en la citación a la audiencia en la que se dará inicio al procedimiento en el que se le juzgará, en su caso, por el acto atribuido al quejoso, la cual, por sí sola, no tiene ninguna consecuencia de carácter irreparable, pues la que le causará un perjuicio de esa naturaleza y que podrá combatir mediante el juicio de amparo indirecto, será aquella determinación en la que se dé inicio al procedimiento respectivo. Así lo ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), registro digital 2011659, que dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Incluso, en el supuesto de que estimara que los hechos o actos que dan sustento al inicio del procedimiento disciplinario son ilegales, lo cierto es que aquellos actos podrán ser controvertidos en el juicio de amparo que, en su caso, promueva contra ese inicio de procedimiento y no en una etapa previa, en la que aún se desconoce su trascendencia en perjuicio de su esfera jurídica. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 2016522, que dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo." Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal de que se duele la parte quejosa, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda que se analiza, al actualizarse de manera indudable y notoria la causa de improcedencia aludida3 . Domicilio procesal y autorizados De conformidad con el precepto 30, fracción II de la Ley de Amparo, las notificaciones de carácter personal se le harán por vía electrónica y las restantes por medio de lista; en el entendido que la parte promovente tiene la obligación de ingresar todos los días al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y obtener la constancia de notificación respectiva en un plazo máximo de dos días y, de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación, ya que a las partes corresponde la carga mínima de revisar periódicamente sus asuntos. Con relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere el promovente en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Consulta de expediente electrónico Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "***" la consulta del expediente electrónico, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. (...) Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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