Victor Manuel Rodríguez Valencia
Expediente 461/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/07/2017
Partes del expediente
- Victor Manuel Rodríguez Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y EL ESTADO DE LOS AUTOS, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, ARCHÍVESE, ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. DEVUÉLVANSE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICA A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE .
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo indirecto 461/2017, promovido por Víctor Manuel Rodríguez Valencia, contra actos del Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil diecisiete (fojas 2 a 4), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el mismo día a este Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Víctor Manuel Rodríguez Valencia, por propio derecho; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad responsable a: EL GERENTE GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL GERENTE DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL GERENTE DE INFORMATICA Y FINANZAS DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO: ÚNICO.- La omisión por parte de la Autoridad Responsable de cumplir con lo establecido por la Quinta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en cuanto a la sentencia pronunciada por el mismo, en el expediente 9614/2015 y por la cual ordena del dictado de un nuevo Dictamen de pensión, el incremento de la pensión, así como el pago retroactivo del mismo por diversos conceptos que quedan patentizados en la sentencia". Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los reconocidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; manifestó bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado; ofreció pruebas; y, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 5 y 6), este Juzgado admitió la demanda de amparo y la registró con el número de expediente 461/2017-VI; solicitó a las autoridades responsables los informes justificados; dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público adscrito; y, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. El suscrito, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclaman actos de autoridades administrativas con residencia dentro de la competencia territorial de este Juzgado Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255, registro 181810; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó de: Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Gerente de Prestaciones de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Gerente de Finanzas e Informática de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. La omisión de cumplir con la sentencia emitida el treinta de junio de dos mil quince, emitida dentro del juicio de nulidad V-9614/2015, del índice de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, revocada por sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de Amparo en vigor, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de 1994, Octava Época, página 68, registro 212775; de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, no es cierto el acto reclamado a las autoridades Gerente de Prestaciones de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (fojas 25 a 29) y del Gerente de Finanzas e Informática de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (fojas 33 a 38), consistente en la omisión de cumplir la sentencia emitida el treinta de junio de dos mil quince, emitida dentro del juicio de nulidad V-9614/2015, del índice de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, revocada por sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Se afirma lo anterior, toda vez que así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir el respectivo informe justificado que se les solicitó, sin que en el caso, la quejosa haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar las negativas de las autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número VI. 2º. J/308, publicada en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página setenta y siete, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, ésta obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado que la quejosa imputó a las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado a las autoridades responsables a que se hizo referencia. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Por otro lado, se debe tener por cierto el acto reclamado al Coordinador Jurídico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (fojas 30 a 32), consistente en la omisión de cumplir la sentencia emitida el treinta de junio de dos mil quince, emitida dentro del juicio de nulidad V-9614/2015, del índice de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, revocada por sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de nulidad V-9614/2015, remitidas por la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También es aplicable la jurisprudencia 226, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, página 153, registro 394182; que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Causales de Improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que el análisis de las causales de improcedencia debe realizarse lo aleguen o no las partes, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II. 1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, página 95, registro 222780; que a la letra señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, este Juzgado Federal de oficio advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese sentido se debe tener presente la fracción del precepto invocado los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" El texto del precepto trascrito es una de las expresiones normativas del principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal, propuesto por el quejoso, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. De lo anterior se desprende que, para que cobre actualidad la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: 1. Que el quejoso haya interpuesto algún medio legal de defensa en contra del acto de autoridad y que dicho medio de defensa se haya admitido. 2. Que dicho medio de defensa esté tramitándose al momento en que se promueva el juicio de amparo; y 3. Que el recurso o medio de defensa legal intentado antes de acudir al amparo constituya una vía idónea de impugnación contra el acto de autoridad de que se trate, a efecto de modificar, revocar o nulificar el acto que se reclame a través del propio juicio constitucional. Corrobora lo anterior, el contenido de la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En este sentido, se tienen a la vista las copias certificadas del juicio de nulidad V-9614/2015, remitidas por la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, las cuales obran en autos, de las que se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito recibido el tres de febrero de dos mil quince, en la oficialía de partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, Víctor Manuel Rodríguez Valencia, por propio derecho, demandó al Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, la nulidad del dictamen número CJ/JUDAYD/333/2013, por medio de la cual otorgó a la parte quejosa pensión por jubilación a partir del uno de marzo de dos mil trece asignándole una cuota mensual de $12,133.70 (doce mil ciento treinta y tres pesos 70/100 M.N.). 2. La demanda se turnó a la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la Ciudad de México, quien la admitió a trámite por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil quince, y la registró con el número de expediente V-9614/2015. 3. Seguida la secuela procesal, el treinta de junio de dos mil quince, la mencionada Sala, dictó sentencia que concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. No se sobresee el presente juicio, atento a lo dispuesto en el Considerando Primero de esta sentencia. SEGUNDO. Se declara la nulidad del Dictamen de Pensión por Jubilación de diez de abril de dos mil trece emitido en el expediente 84179, quedando obligada la autoridad demandada a restituir a la parte actora en el goce de sus derechos indebidamente afectados, DEBIENDO DEJARLO SIN EFECTO LEGAL ALGUNO Y EMITIR UN NUEVO ACTO DE AUTORIDAD EN EL QUE SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO A LA PENSIÓN SOLICITADA POR LA PARTE ACTORA, lo cual deberá hacer dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al en que quede firme la presente resolución. TERCERO. Se hace saber a las partes que en contra de la presente sentencia pueden interponer el recurso de apelación dentro de los díez días siguientes al que surta sus efectos la notificación. [.] 4. Inconforme con dicha resolución, la autoridad demandada y la parte quejosa interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), mediante sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis (fojas 138 a 156 del tomo de pruebas); en el que revocó la sentencia de nulidad impugnada. 5. En auto de tres de agosto de dos mil dieciséis, la Quinta Sala declaró firme la resolución de apelación. 6. Ante la omisión de cumplimiento de la parte demanda, mediante escrito recibido el diez de enero de dos mil diecisiete, Víctor Manuel Rodríguez Valencia interpuso recurso de queja por incumplimiento de sentencia. 7. En atención a lo anterior, mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México admitió a trámite el recurso de queja por incumplimiento intentado. 8. El veintiuno de abril de dos mil diecisiete, la Quinta Sala Ordinaria resolvió el recurso de queja por incumplimiento en los siguientes términos: "PRIMERO. Resulta fundada la queja interpuestapor la parte actora, de conformidad con lo expuesto en el Considerando Segundo de la presente resolución. SEGUNDO. Se requiere a las autoridades demandadas para que den cumplimiento a la resolución dictada por la Sala Superior de este Tribunal en la Sesión Plenaria del día once de mayo de dos mil dieciséis, al resolver los recurso de apelación 10672/2015 y 11202/2015, de conformidad con la parte final del segundo considerando. [.]" De la relación de antecedentes se advierte que el quejoso, en contra del incumplimiento que la autoridad demandada ha mostrado, promovió queja por incumplimiento la cual fue admitida el dieciséis de enero de dos mil diecisiete. En sentido, se concluye que se colma la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues se cumple con el primer requisito que se apuntó para que se actualice la causa de improcedencia de que se trata. Esto, dado que el quejoso mediante escrito presentado ante la Sala Contenciosa del conocimiento, interpuso queja por incumplimiento de sentencia con lo cual se inició el procedimiento de ejecución de la sentencia de nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 133, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Por cuanto hace al segundo requisito, también se cumple, toda vez que el recurso de queja aludido se admitió a trámite el dieciséis de enero de dos mil diecisiete (con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo). De igual manera, se observa el tercer requisito se encuentra satisfecho, porque el procedimiento de cumplimiento referido, se está tramitando, como se dijo, en términos del artículo 133, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el cual establece lo siguiente: "CAPÍTULO XII - - - Del Cumplimiento de la Sentencia - - - Artículo 133. En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una sola vez, acudir en queja, ante el Magistrado Instructor, el que dará vista a la autoridad responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se interpondrá por escrito ante el Magistrado que corresponda, en dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien, se expresará la omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. El Magistrado Instructor pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, vencido dicho plazo, con informe o sin él, la Sala resolverá si la autoridad ha cumplido con los términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le impondrá una multa de cincuenta a ciento ochenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente." (Lo destacado es propio). Del artículo transcrito, en lo que interesa destacar, se establece un procedimiento cuyo objeto es asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por dicho tribunal, en el cual resolverá si la autoridad ha cumplido con los términos de la sentencia y, de no hacerlo, previa amonestación y prevención, impondrá a la autoridad obligada al cumplimiento, una multa de cincuenta a ciento ochenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. Bajo este contexto, la causa de improcedencia que se analiza se actualiza plenamente, ya que al momento en el que el quejoso promovió la demanda de amparo (quince de marzo de dos mil diecisiete), se encontraba pendiente de resolver la queja por incumplimiento presentada por el ahora quejoso. Por lo anterior, al estar demostrado que en el asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin que pase desapercibido para este Órgano Jurisdiccional que mediante resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México resolvió la queja por incumplimiento promovida por el quejoso en la que determinó que no se ha restituido en el goce de los derechos que fueron afectados al actor, con motivo de que la aquí autoridad responsable no acreditó "el derecho del actor a recibir pensión por jubilación por el equivalente al cien por ciento del promedio resultante del sueldo disfrutado en el último trienio laborado, debiendo considerar que dicho sueldo se ha de integrar por los conceptos de aguinaldo, ayuda de servicios, compensación por especialización, técnico policial, compensación por especialidad, compensación por riesgo, compensación por contingencia, compensación por grado, compensación por desempeño superior, previsión social múltiple, prima de perseverancia, prima de especialidad, prima vacacional y salario base." y, en la resolución en comento, apercibió a la autoridad que, en caso de que no se acatara se le impondría una multa de cincuenta días veces la unidad de cuenta del Ciudad de México. Sin embargo, al momento en que el quejoso acudió a la presente instancia constitucional, (quince de marzo de dos mil diecisiete), se encontraba pendiente de resolver la queja por incumplimiento de que se trata; por tanto, es dable afirmar que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 62, 63, 65, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Rodríguez Valencia, en contra de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el tercero y quinto considerandos del presenta fallo constitucional. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA: ÚNICO. SE SOBRESEE. NOTIFÍQUESE.***
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO DE LA AUTORIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL DA CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO EN AUTOS, EN CONSECUENCIA, DÉSE VISTA A LA QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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