Víctor Manuel Rodríguez Ramírez

Expediente 153/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
153/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Rodríguez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Se informa adscripción de titular. Se hace del conocimiento de las partes procesales que mediante oficio SEADS/1941/2023, de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la adscripción de la Jueza Sandra Guzmán Gutiérrez a este órgano constitucional, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, de la Ley de Amparo y 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Se recibe escrito. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso y atento a su contenido se provee: Acceso a expediente electrónico. Como lo solicita autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico y presentación de promociones a través del usuario ********************, de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la oficial judicial "A" para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse, aunado a que no obran documentos originales allegados por la quejosa. Temporalidad para destrucción de expediente. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por...procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda de que se trata, de los que se advierte que el promovente reclama: ".la emisión de la ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN, COMPARECENCIA y/o PRESENTACIÓN, REAPREHENSIÓN Y CATEO, girada en mi contra, fuera de todo procedimiento, violándose en mi perjuicio el debido proceso..." Luego, analizada en su integridad la demanda de amparo que se plantea, se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie, la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XlV, en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el referido precepto legal, entre otras cosas, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Al respecto, en los citados numerales 17 y 18 de la ley de la materia, se dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los numerales transcritos, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, del capítulo de los antecedentes del acto reclamado el propio quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que con fecha veintisiete de enero del presente año, aproximadamente a las nueve de la mañana, se presentaron en su domicilio particular elementos de la policía ministerial del estado, y al estar presente su esposa le manifestaron que iban por él, que se tenía que presentar porque le habían girado un citatorio el cual aduce jamás le llegó, pero elementos de la policía ministerial le mostraron una copia a su esposa como antecedente. Ahora, si la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, según aparece en la boleta correspondiente, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo a lo expuesto en líneas que anteceden, tuvo conocimiento de los actos reclamados de que se duele en el presente sumario constitucional desde el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, sin que se surta un caso de excepción para que la parte quejosa presentara su demanda después de ese plazo. Efectivamente, lo que determina el inicio del término para la presentación de la demanda de amparo, es la fecha en que tuvo conocimiento o bien le fue notificado el acto reclamado; por tanto, resulta incuestionable que a la fecha de la promoción de la demanda de derechos fundamentales expiró el plazo de quince días que al efecto se prevé en el artículo 17 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, el acto de que se duele la parte peticionaria del amparo, fue consentido tácitamente, pues dada su inconformidad en contra de los actos reclamado debió instar el juicio constitucional dentro del término que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria y al no hacerlo así, tácitamente consiente éste con todas y cada una de las consecuencias jurídicas que trae aparejado. En ese sentido, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XlV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18, de la misma legislación, lo que obliga a desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. Cobra aplicación en lo conducente la tesis sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2886, Décima Época, Registro digital 2007769 cuyo rubro y texto son los siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: 'DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.', la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa señale que la emisión de las órdenes reclamadas fueron efectuadas fuera de procedimiento, lo cual actualizaría el caso de excepción previsto en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo y la demanda de amparo podría presentarse en cualquier tiempo; sin embargo, atendiendo a que el quejoso señala como autoridades responsables a jueces y representantes sociales, se colige que los mandamientos reclamados indefectiblemente provienen de alguna causa penal o carpeta de investigación instauradas en su contra, de ahí que la promoción del presente asunto debió hacerse dentro de los quince días a que se refiere tal numeral en su primer párrafo. Domicilio y autorizado. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada legislación, a los licenciados ********************, al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de cuatro de abril del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por...procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda de que se trata, de los que se advierte que el promovente reclama: ".la emisión de la ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN, COMPARECENCIA y/o PRESENTACIÓN, REAPREHENSIÓN Y CATEO, girada en mi contra, fuera de todo procedimiento, violándose en mi perjuicio el debido proceso..." Luego, analizada en su integridad la demanda de amparo que se plantea, se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie, la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XlV, en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el referido precepto legal, entre otras cosas, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Al respecto, en los citados numerales 17 y 18 de la ley de la materia, se dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los numerales transcritos, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, del capítulo de los antecedentes del acto reclamado el propio quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que con fecha veintisiete de enero del presente año, aproximadamente a las nueve de la mañana, se presentaron en su domicilio particular elementos de la policía ministerial del estado, y al estar presente su esposa le manifestaron que iban por él, que se tenía que presentar porque le habían girado un citatorio el cual aduce jamás le llegó, pero elementos de la policía ministerial le mostraron una copia a su esposa como antecedente. Ahora, si la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, según aparece en la boleta correspondiente, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo a lo expuesto en líneas que anteceden, tuvo conocimiento de los actos reclamados de que se duele en el presente sumario constitucional desde el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, sin que se surta un caso de excepción para que la parte quejosa presentara su demanda después de ese plazo. Efectivamente, lo que determina el inicio del término para la presentación de la demanda de amparo, es la fecha en que tuvo conocimiento o bien le fue notificado el acto reclamado; por tanto, resulta incuestionable que a la fecha de la promoción de la demanda de derechos fundamentales expiró el plazo de quince días que al efecto se prevé en el artículo 17 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, el acto de que se duele la parte peticionaria del amparo, fue consentido tácitamente, pues dada su inconformidad en contra de los actos reclamado debió instar el juicio constitucional dentro del término que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria y al no hacerlo así, tácitamente consiente éste con todas y cada una de las consecuencias jurídicas que trae aparejado. En ese sentido, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XlV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18, de la misma legislación, lo que obliga a desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. Cobra aplicación en lo conducente la tesis sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2886, Décima Época, Registro digital 2007769 cuyo rubro y texto son los siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: 'DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.', la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa señale que la emisión de las órdenes reclamadas fueron efectuadas fuera de procedimiento, lo cual actualizaría el caso de excepción previsto en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo y la demanda de amparo podría presentarse en cualquier tiempo; sin embargo, atendiendo a que el quejoso señala como autoridades responsables a jueces y representantes sociales, se colige que los mandamientos reclamados indefectiblemente provienen de alguna causa penal o carpeta de investigación instauradas en su contra, de ahí que la promoción del presente asunto debió hacerse dentro de los quince días a que se refiere tal numeral en su primer párrafo. Domicilio y autorizado. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada legislación, a los licenciados ********************, al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa."

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