Víctor Manuel Rodríguez
Expediente 373/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Berenice Gómez Lara
- Víctor Manuel Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio 326 del Jefe de Administración Postal de esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, al informar sobre el destino de la pieza postal 05713, remitiendo copia certificada del acuse con el que acredita la entrega del oficio 11141 dirigido a a la parte tercera interesada ********************, apoderado legal de la Secretaría de Seguridad Pública, ********************. Por lo que, déjese sin efecto el apercibimiento que se hizo a la autoridad oficiante en el auto en mención y provéase lo conducente en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, a la fecha, no se ha emplazado a la parte tercera interesada ********************apoderado legal de la********************con sede en ********************. En tal virtud, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado. No obstante lo anterior, requiérase al Jefe de la Administración del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias que acredite la notificación del oficio 11141/2023, dirigido a la parte tercera interesada ********************apoderado legal de la********************con sede en ********************, que contiene inserto el auto de cinco de julio del año en curso así como anexos, copia de la demanda y auto admisorio. Hágasele saber que, dicho oficio fue entregado, mediante factura de siete de julio de dos mil veintitrés; y en su caso, envíe las constancias originales que acrediten su entrega. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Finalmente, se advierte que ha transcurrido el término de quince días hábiles concedido al quejoso mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y el presente asunto se continuará y se resolverá únicamente tomando en consideración las autoridades responsables en su escrito inicial de demanda. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio 1687/2023 de la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de cinco de los actuales, al remitir el disco versátil digital (DVD) de audio y video que dice contener la audiencia del proceso penal 236/2023-I requerido. Ahora bien, toda vez que el referido disco lo remite como justificación de sus actos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, el disco versátil digital (DVD) de audio y video que dice contener la audiencia del proceso penal 236/2023-I, de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional; regístrese el disco de mérito en la libreta de discos versátiles y guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. En tal virtud, a fin de dar margen a lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado. Resulta aplicable al caso, por su contenido, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 191995 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio 11449/2023 del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 373/2023 (1104/2023), que se envió para que dicha autoridad notificara al aquí quejoso Víctor Manuel Rodríguez Ortega, el auto de veintitrés de junio del año en curso; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas, sin necesidad de remitir el acuse respectivo, en virtud de que la vía por la que se recibió lo generó electrónicamente, en el entendido de que una vez que transcurra el plazo concedido en el referido auto se acordará lo conducente en relación al requerimiento realizado al quejoso para que manifieste si desea ampliar su demanda. Por otro lado vistos los informes justificados de las autoridades responsables Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Poza Rica, Veracruz y Encargado del Centro Penitenciario Zona Norte Papantla, Veracruz; agréguense al sumario para que surtan sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad en primer término, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en un legajo de copias certificadas del proceso penal 236/2023-I, de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que del informe de mérito dice anexar un disco versátil digital (DVD) de audio y video que dice contener la audiencia del proceso penal 236/2023-I, sin embargo, omitió remitir el referido disco, lo que se corrobora con la anotación hecha por la oficial de partes de este juzgado, de la cual se advierte que el anexo consistió únicamente en un legajo de copias certificadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez responsable, para que dentro del improrrogable término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita el disco versátil digital (DVD) antes referido. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En otro orden de ideas, visto el estado procesal que guardan lo presentes autos, se advierte que mediante proveído de catorce de junio del año en curso, se reservó a proveer lo conducente respecto del carácter de terceros interesados que pudiera revestirle a las personas que señalaron los quejosos en su demanda, hasta que estuviera en el sumario el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora, lo que como se advierte de párrafos precedentes, ya aconteció, se acuerda: En primer lugar se estima necesario traer a colación el artículo 5 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. (.)." (Lo resaltado es propio). Ahora bien, en el caso, el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso de veintiocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, en el proceso penal 236/2023-I, instruido en contra de los aquí quejosos, por su probable participación en la comisión de hechos que la ley señala como delito contra las instituciones de seguridad pública, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con fines de posesión simple de estupefaciente en agravio de la salud pública y daños dolosos. En ese sentido, respecto del carácter que les atribuyen los quejosos a Pedro Abisai Flores Correa, Susana Ambrosio Cruz, Luis Enrique Santos Astorga, Ricardo Cortes Huerta y Luis Miguel Márquez González, todos elementos adscritos a la Coordinación General de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla debe decirse que si bien pudieran encuadrar en el inciso c) del citado artículo que prevé que el tercero interesado puede ser la víctima del delito u ofendido; sin embargo, en este asunto se trata del tipo penal contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con fines de posesión simple de estupefaciente en agravio de la salud pública, en los que por la naturaleza de los delitos que no son patrimoniales no se actualiza la hipótesis por cuando hace a la reparación del daño o a reclamar responsabilidad civil alguna. De ahí que se determina no ha lugar a reconocerles el carácter de terceros interesados y ordenar su llamamiento a la presente instancia judicial dado que no encuadran en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 5 de la Ley de Amparo, en función de la naturaleza del tipo penal en el proceso natural y al acto que por esta vía se combate. Aquí, es necesario precisar que el reconocimiento o desconocimiento de la calidad de tercero interesado, no depende de los quejosos ni de alguna otra de las partes en el propio procedimiento, sino de este Juzgado Federal; siendo así, la suscrita considera que a dichas personas no les reviste tal carácter en razón de que el artículo 5 de la Ley de Amparo, limita específicamente los supuestos de las personas que tienen esa calidad, esto es, personas que pudiesen tener derechos opuestos a los de la parte quejosa y posible interés de que subsista el acto reclamado. Contrario a lo antes expuesto, por cuanto hace a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, sí se le reconoce el carácter de tercera interesada, toda vez que el delito que se les imputa a los quejosos por cuanto hace a dicha dependencia es el de daños dolosos, el cual sí es de carácter patrimonial, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción III, inciso c) del numeral 5 de la ley de la materia. De igual forma, atendiendo a que del informe justificado rendido por la Juez responsable se advierte que los fiscales que intervinieron en el proceso penal de donde deriva el acto reclamado son los Fiscales Tercero y Quinta, ambos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se les reconoce el carácter de terceros interesados en este asunto, con apoyo en el artículo 5 ya citado de la Ley de Amparo. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se le gire, en términos de los artículos 26, fracción II, inciso b) y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo se ordena emplazar a los terceros interesados 1) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, 2) Fiscal Tercero, y 3) Fiscal Quinta, ambos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; a quienes se les correrá traslado con copia simple de la demanda que para tal efecto se acompaña, haciéndoles saber la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que puedan comparecer al procedimiento constitucional si a su interés conviene; en la inteligencia que al no tener calidad de responsables no tienen que rendir ningún tipo de informe. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2002386 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 87/2012 (10a.) Página: 464 REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE LA PROVOCA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción IV, 155, último párrafo y 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la omisión de notificar al Ministerio Público que actúe en el proceso penal sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que pueda formular alegatos por escrito, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque puede influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, motivo por el cual ante esa circunstancia procede que la autoridad revisora ordene la reposición del procedimiento. Lo anterior, porque el Ministerio Público de referencia fue incorporado a la sustanciación del juicio de garantías, con la finalidad de garantizar su intervención, en vista de que dicha institución es la que puede manifestar con mayor claridad el interés que representa en relación con los juicios en que interviene, es decir, se integró sólo en la fase de tramitación de la audiencia constitucional, con derecho a ser oída en el juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, se comisiona a la oficial judicial "A", que capture a los mencionados fiscales como terceros interesados, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
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