Victor Manuel Rocha González
Expediente 940/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 940/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Victor Manuel Rocha González
- VICTOR MANUEL ROCHA GONZÁLEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo que originó este asunto; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista a los quejosos Escrito aclaratorio. Agréguese a los autos, para que obren como corresponda, el escrito de la parte quejosa mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de cuatro de septiembre del año en curso. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, la resolución de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil 328/2013, por el juzgador responsable, en la etapa de ejecución de sentencia, en la que declaró "mal admitido" el recurso de reconsideración interpuesto de su intención contra el proveído de veinticinco de junio anterior, a través del cual se proveyó lo relativo al desistimiento de la demanda y de la acción, solicitado por la parte demandada, aquí quejosa, para que fuera ratificada por la parte actora Norberto Meza Muñiz y Sonia Estela López Morua. Asimismo, la parte quejosa reclama la emisión del auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, dictado en su contra en los autos del juicio de origen, en etapa de ejecución de sentencia, por el juzgador responsable, en la que ordenó el desalojo respecto del domicilio ubicado en calle Nagano, número 9054, colonia Sol de Oriente, en esta ciudad, así como el pago de la cantidad de $277,630.00 (doscientos setenta y siete mil seiscientos treinta pesos 00/100 moneda nacional). En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De los preceptos antes transcritos, se advierte que si bien el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas. No obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución, tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, éste debe ser entendida como aquella que: a) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; b) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, c) las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página: 31, que señala lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En efecto, en el caso particular, debe señalarse que las determinaciones impugnadas, no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que del sumario de origen en forma alguna se advierte que el juzgado responsable hubiere tenido por cumplida la sentencia ejecutoria o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, que como regla general está prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en atención a que no aprueba o reconoce tales circunstancias; de ahí que, se afirma, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente hasta el momento en que se emita una de estas últimas determinaciones. De modo que, en términos de los numerales antes apuntados, el juicio de amparo no es procedente, en primer lugar, contra la determinación que resolvió desfavorable a los intereses de la parte quejosa, el recurso de reconsideración interpuesto en etapa de ejecución de sentencia, contra el diverso proveído que acordó lo relativo al desistimiento de la demanda y de la acción solicitado de su intención, en tanto que no es la última dictada en ejecución de sentencia ni está encaminada a cumplirla; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente. Además, el amparo indirecto no es procedente contra la resolución que declaró "mal admitido" el recurso de reconsideración interpuesto, en etapa de ejecución de sentencia, porque fue emitida dentro de ésta, lo que constituye una resolución intermedia, debido a que la última, en todo caso, sería la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su defecto, la que declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento. Sirve de apoyo, la tesis I.6o.C.367 C, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, página 2382, que dispone lo siguiente: "INCIDENTE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO, AL NO DARSE LA HIPÓTESIS DE "ÚLTIMA RESOLUCIÓN". Si bien es cierto que los incidentes promovidos en ejecución de sentencia gozan de autonomía y existen, al respecto, criterios que definen que el amparo indirecto contemplado en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la ley que reglamenta los artículos 103 y 107 constitucionales, procede contra las resoluciones recaídas en aquellos que sin ulterior recurso los deciden, también lo es que por excepción, cuando su finalidad es la de evitar, detener o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, firme, ejecutoriada e inmutable que resuelve un pleito, que constituye la verdad legal, cuyo cumplimiento es de orden público, en que la sociedad está interesada, y si el incidentista pretende evitar o detener la ejecución de la sentencia bajo el argumento de que ésta ya se ejecutó al embargar bienes de un codeudor solidario, calificando el nuevo embargo o su ampliación como una doble ejecución, y se pretende a toda costa a través de un incidente su levantamiento, debe decidirse, por una parte, que el acreedor tiene derecho para pedir un nuevo embargo o la ampliación en bienes de otro codeudor solidario, cuando los bienes secuestrados en el anterior son insuficientes para proceder al cobro de lo sentenciado y, por otro lado, el amparo en cuestión no es viable contra la resolución que confirma el desechamiento de tal incidente, porque no se da la hipótesis de la "última resolución dictada en el procedimiento de ejecución", sino que es emitida dentro de éste, lo que constituye una resolución intermedia, en virtud de que la última, en todo caso, sería la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su defecto, la que declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento". Asimismo, tampoco es procedente el juicio de amparo contra la determinación dictada en la etapa de ejecución de sentencia, en la que se ordenó el desalojo del bien inmueble en cuestión, así como el pago de determinada cantidad monetaria, en tanto que esa determinación, como se refirió, no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí que, el juicio de amparo indirecto sólo sea procedente hasta el momento en que se emita una de esas determinaciones. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, julio de 2001, página 34, que dispone lo siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva". De ese modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
- Principal
Se notifica auto a quejosos. Oficio. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales. Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo provisional respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse de recibo. Sin que se necesario acusar el recibo correspondiente, toda vez que así lo solicita el Juzgado auxiliar resolutor. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo, con transcripción del presente proveído, así como copia de la sentencia dictada en este juicio de control constitucional, notifíquese personalmente a las partes. Notifíquese personalmente. Asimismo, se notifica la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, cuyos puntos resolutivos son: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo... SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo... TERCERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo... CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege ... QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege... SEXTO. para los efectos...
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Oficio. Por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual acompaña el original de la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Rocha González y María del Socorro Ibarra Hernández, y cuatro copias de la misma; oficio de veintidós de agosto de dos mil diecinueve dictado dentro del amparo directo 652/2019; en el que el tribunal oficiante declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; por lo cual, declinó competencia en favor del Juzgado de Distrito en la Laguna en turno. Acuerdo. En tales condiciones, con base en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado asume en la vía indirecta el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Rocha González y María del Socorro Ibarra Hernández; por lo que, acúsese recibo de estilo e infórmese esta situación al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, para todos los efectos legales a que haya lugar. Medida cautelar. De igual forma, debe decirse que la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión, ha dejado de surtir efectos, a partir de que este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto, toda vez que tal determinación deberá estar a las reglas que rigen la vía indirecta para la tramitación del mismo; aunado a que la autoridad responsable no se encuentra facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicio de amparo competencia de los jueces de distrito. De ahí que, la medida cautelar decretada por la responsable ha dejado de surtir sus efectos, y la responsable se encuentra en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo que promueve Víctor Manuel Rocha González y María del Socorro Ibarra Hernández, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 940/2019-V-B. Prevención. Con fundamento en los artículos 108 fracciones IV y V, y 114 fracción I y V, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, -como establece el párrafo segundo del numeral 114, de la Ley de la Materia-, contado a partir que quede legalmente notificada del presente proveído, aclare la demanda de amparo en los términos siguientes: Si bien del contenido de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado la resolución de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, que declaró en el juicio de origen, mal admitido el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de veinticinco de junio de este año, la parte promovente del amparo deberá precisar el contenido del proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que originó la resolución reclamada. Precise con exactitud, en qué consiste el desistimiento de la demanda como de la acción que promovieron en el juicio de origen, y que motivó la emisión del auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, si como lo aducen los promoventes les asiste el carácter de parte demanda en el juicio de origen. Si bien de la demanda de amparo se advierte que a la parte promovente le asiste el carácter de demandados en el juicio ordinario civil 328/2013 del índice del juzgado responsable, deberán especificar a qué se refiere el poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio, a que hacen alusión en el capítulo de antecedentes; es decir, si son apoderados de diversa persona que es parte demandada en el juicio subyacente, y respecto del cual manifestaron el "desistimiento" de la demanda de la acción intentada". Exponga con claridad la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución reclamada de diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Señale con precisión, de manera cronológica, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, y que sirvieron de fundamento a los conceptos de violación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, página 713, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE". Asimismo, deberá acompañar dos copias más de su escrito de demanda, toda vez que tal y como lo precisa el artículo 110 de la Ley de Amparo, con la demanda de amparo se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el agente del Ministerio Público, terceros interesados, y dos para el incidente de suspensión; y en el caso, la parte promovente sólo exhibió cuatro copias de traslado, y por ello se requieren seis copias para ser distribuidas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, dos para los terceros interesados, dos para el incidente de suspensión y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien también es parte. Apercibimiento. De incumplir con la prevención que en este acuerdo se le formula, dentro del término concedido, se acordará lo que en derecho corresponda. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Alberto Hernández Domínguez, toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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