Victor Manuel Rivera Galeana

Expediente 1361/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1361/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
28/12/2016

Partes del expediente

  • Victor Manuel Rivera Galeana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México; veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de ocho de diciembre del presente año (fojas 46 a 53), en la que por una parte se sobreseyó, y por otra negó la protección constitucional solicitada en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues entre otro, se negó el amparo y protección constitucional solicitados (puntos Décimo y Vigésimo Primero, fracción IV). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación que antecede, de la que se desprende que el quejoso asentó de su puño y letra: "SEÑALO LAS LISTAS DE LOS ESTRADOS PARA CUALQUIER NOTIFICACIÓN Y AUTORIZO A CARLOS RAMÓN LOPEZ HERNANDEZ". En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo realícense ésta y las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. De igual forma, atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que designa, puesto que no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, hasta en tanto registre su cédula profesional en el sistema adoptado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1361/2016-V, promovido por VÍCTOR MANUEL RIVERA GALEANA, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, VÍCTOR MANUEL RIVERA GALEANA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL; DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; COORDINADOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL; COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL; DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO", ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; ACTO RECLAMADO: DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES RECLAMÓ: LA ORDEN DE TRASLADO DEL QUEJOSO A OTRO CENTRO PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DE MÁXIMA SEGURIDAD Y/O MEDIANA SEGURIDAD." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los artículos 14 párrafo tercero, 16 párrafo primero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se proveyó sobre la suspensión de plano y se admitió la demanda propuesta, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitaron los respectivos informes justificados a las autoridades responsables; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, CUARTO. Se deja de tener como autoridades. Por auto de veinte de octubre del año en curso, se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable al "Director General de la Policía Ministerial dependiente de la Procuraduría General de la República", por ende, la presente determinación no se ocupará de los actos atribuidos a dichas autoridades. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el quejoso señaló que el acto reclamado se está ejecutando en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía constitucional consiste en: La orden de traslado del lugar en que se encuentra a diverso centro de reclusión. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables siguientes: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO". CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO "ALTIPLANO". TITULAR DE LAS AREAS DE GUARDA Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO "ALTIPLANO". Al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Presunción del acto reclamado ante omisión de rendir informe. El Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; El Coordinador General de Prevención y Readaptación Social; El Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y; La Directora Operativa en Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; No rindieron su informe de Ley a pesar de encontrarse legalmente notificados para tal efecto, como se aprecia de los acuses de recibo de los oficios 39303/2016, 39305/2016, 39306/2016, 39307/2016 los cuales obran agregados en autos; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les reclaman. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, que se encuentra en la página 26, tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." En esa tesitura, al producirse la presunción prevista en el tercer párrafo del artículo 117 de la ley que rige al juicio de garantías, debe tenerse por cierto es el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. Toda vez que la orden de traslado emitida, aún por autoridades administrativas, no es inconstitucional en sí misma, ya que resulta convalidable si se notifica al juez con posterioridad, acorde con los artículos 18 y 21 constitucionales, así como 15, 49, 50, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicen: "Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas: I. . VIII. Ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado; .". El énfasis es propio. "Artículo 49. Previsión general Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". De la interpretación literal de las porciones normativas reproducidas, efectivamente se advierte que si bien las autoridades administrativas tienen la facultad de trasladar a toda persona que fuese privada de su libertad, ello lo pueden hacer en algunos casos excepcionales; es decir, esta excepción está condicionada a la obligación de notificar a la autoridad judicial competente incluso posteriormente. Entonces, no obstante la presunción y certeza del acto reclamado este Juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para examinar sobre la legalidad o ilegalidad del acto que se reclama. Lo anterior es así pues el artículo 117 de la invocada ley, expresa que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes, para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; también establece en su párrafo tercero, que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en qué se haya fundado. Por tanto, si la orden de traslado fue emitida por una autoridad administrativa, se reitera, ésta en sí misma no es inconstitucional pues en párrafos precedentes quedo establecido que el traslado de los internos lo pueden ordenar las autoridades administrativas empero está condicionada a la orden de los Tribunales del Estado o autoridad jurisdiccional correspondiente. Por lo tanto, atento a que la autoridad de mérito tiene expresamente la facultad legal de realizar el acto que se le imputa (y notificar posteriormente a la autoridad judicial competente), luego entonces, es inconcuso que las responsables hubiesen sido omisas en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada de ello, no releva a la parte quejosa de demostrar la inconstitucionalidad del acto que se reclama, ya que conforme al párrafo tercero, del artículo 117, de la Ley de Amparo, arroja la carga de la prueba a la quejosa, cuando el acto no sea inconstitucional en sí mismo. Por lo aquí expuesto, es dable negar el amparo y protección solicitado contra el acto que se reclama de las autoridades Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Prevención y Readaptación Social; Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y; Directora Operativa en Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías en términos del considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Manuel Rivera Galeana, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos cuarto y último de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario Fernando Saldaña Meneses que autoriza, firma y da fe, hasta hoy ocho de diciembre de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe. Mgng*

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para las once horas con quince minutos, tal como se ordenó en proveído de siete de octubre de la presente anualidad (foja 19); sin embargo, no obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables:COMISIONADO DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y DE READAPTACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL.COORDINADOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.DIRECTORA OPERATIVA EN CENTROS FEDERALES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.Ni existen constancias de notificación de los oficios 39303/2016, 39304/2016, 39305/2016, 39306/2016 y 39307/2016, por los cuales se les formuló tal requerimiento.Por tanto, a fin de no transgredir las reglas que rigen el juicio de amparo, con fundamento en el artículo93, fracción IV, de la ley de la materia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis para su celebración.Dado lo establecido en el párrafo que antecede, para evitar mayores dilaciones procesales, requiérase el informe justificado a las responsables citadas por medio de telegrama, en el que se deberá hacer de su conocimiento los actos que se reclaman, el término con que cuentan para rendir su informe, y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.Notifíquese.Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano