Victor Manuel Rivera Escamilla

Expediente 135/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
135/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Victor Manuel Rivera Escamilla

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Rivera Escamilla; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, párrafo primero, inciso d del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia), asimismo a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 135/2021-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La acusación formulada en su contra el once de diciembre de dos mil diecinueve, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la carpeta de control 573/2019 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución atribuida a esta última autoridad. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno al acto que por esta vía se combate, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción X del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Lo anterior, pues el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se radicó en la estadística de este juzgado el diverso juicio de amparo indirecto 121/2021-VIII, el cual fue promovido por Víctor Manuel Rivera Escamilla, contra el mismo acto y autoridades responsables señaladas en este asunto; es decir, en el citado juicio de amparo, Víctor Manuel Rivera Escamilla, reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad: La acusación formulada en su contra el once de diciembre de dos mil diecinueve, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la carpeta de control 573/2019 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución atribuida a esta última autoridad; respecto del cual se desechó la demanda por notoriamente improcedente. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por ende, se pone en evidencia que en el diverso juicio de amparo 121/2021-VIII, así como en el que se actúa, a saber, 135/2021-VI, del índice de este órgano de control constitucional, existe litispendencia, toda vez que fueron promovidos por la misma parte quejosa, a saber: Víctor Manuel Rivera Escamilla, contra las propias autoridades responsables, esto es, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad, autoridad a la que en ambos asuntos se le reclama la acusación formulada en su contra el once de diciembre de dos mil diecinueve, en la carpeta de control 573/2019 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución atribuida a esta última autoridad. Por ello, es evidente que en el presente asunto 135/2021-VI, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues como quedó precisado, la quejosa se duele del mismo acto reclamado que ya fue combatido previamente en el diverso juicio de amparo 121/2021-VIII, del índice de este órgano jurisdiccional, respecto del cual se desechó su demanda de amparo y está pendiente de quedar firme. Es aplicable la jurisprudencia P./J 24/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, con número de registro 2006145, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Lo anterior es así, ya que si bien es cierto, mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 121/2021-VIII, del índice estadístico de este juzgado, se desechó la demanda de amparo, el auto de mérito no ha quedado firme y es por ello que no puede considerarse, que dicho sumario está concluido. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 y, además, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Víctor Manuel Rivera Escamilla, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Ruperto Nájera, Sergio Martínez Montes, Octavio López Reyes y Gerardo Jiménez Hernández, pues cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso, asimismo, por lo que hace al correo electrónico y el número telefónico proporcionado, los mismos no pueden tenerse como sitios para oír y recibir notificaciones, ya que no están contemplados en la ley de amparo; sin embargo, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar al mismo aspectos de naturaleza urgente, así como a través de lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid19. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA VI. (AVISO QUEJOSO) Se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, que refiere: "RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 135/2021-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La acusación formulada en su contra el once de diciembre de dos mil diecinueve, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la carpeta de control 573/2019 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución atribuida a esta última autoridad. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno al acto que por esta vía se combate, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción X del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Lo anterior, pues el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se radicó en la estadística de este juzgado el diverso juicio de amparo indirecto 121/2021-VIII, el cual fue promovido por Víctor Manuel Rivera Escamilla, contra el mismo acto y autoridades responsables señaladas en este asunto; es decir, en el citado juicio de amparo, Víctor Manuel Rivera Escamilla, reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad: La acusación formulada en su contra el once de diciembre de dos mil diecinueve, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la carpeta de control 573/2019 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución atribuida a esta última autoridad; respecto del cual se desechó la demanda por notoriamente improcedente. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por ende, se pone en evidencia que en el diverso juicio de amparo 121/2021-VIII, así como en el que se actúa, a saber, 135/2021-VI, del índice de este órgano de control constitucional, existe litispendencia, toda vez que fueron promovidos por la misma parte quejosa, a saber: Víctor Manuel Rivera Escamilla, contra las propias autoridades responsables, esto es, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad, autoridad a la que en ambos asuntos se le reclama la acusación formulada en su contra el once de diciembre de dos mil diecinueve, en la carpeta de control 573/2019 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución atribuida a esta última autoridad. Por ello, es evidente que en el presente asunto 135/2021-VI, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues como quedó precisado, la quejosa se duele del mismo acto reclamado que ya fue combatido previamente en el diverso juicio de amparo 121/2021-VIII, del índice de este órgano jurisdiccional, respecto del cual se desechó su demanda de amparo y está pendiente de quedar firme. Es aplicable la jurisprudencia P./J 24/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, con número de registro 2006145, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Lo anterior es así, ya que si bien es cierto, mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 121/2021-VIII, del índice estadístico de este juzgado, se desechó la demanda de amparo, el auto de mérito no ha quedado firme y es por ello que no puede considerarse, que dicho sumario está concluido. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 y, además, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Víctor Manuel Rivera Escamilla, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Ruperto Nájera, Sergio Martínez Montes, Octavio López Reyes y Gerardo Jiménez Hernández, pues cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso, asimismo, por lo que hace al correo electrónico y el número telefónico proporcionado, los mismos no pueden tenerse como sitios para oír y recibir notificaciones, ya que no están contemplados en la ley de amparo; sin embargo, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar al mismo aspectos de naturaleza urgente, así como a través de lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid19. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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