Victor Manuel Rico Pérez
Expediente 215/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
- Victor Manuel Rico Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que dentro del término legal, no se interpuso el recurso de revisión en contra del auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de garantías; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, archívese este expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a sus autos la razón de la actuaria adscrita a este juzgado, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), de la Ley de Amparo; notifíquese por medio de lista a dicha parte el auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno en el que: De una revisión minuciosa del libro de gobierno que lleva este juzgado y del expediente en que se actúa, se confirma que no obra promoción alguna registrada o glosada, signada por la parte quejosa a través de la cual hubiera dado cumplimiento al requerimiento que le fue hecho en proveído de cinco de noviembre dos mil veinte. Consecuencia de lo anterior, al estar imposibilitado este órgano judicial para entrar al fondo por no estar cumplido el requisito de forma esencial consistente en el emplazamiento del tercero interesado antes referido, ello por falta de voluntad por parte de la impetrante de garantías, cuestión que solo le es imputable a ésta, lo procedente es con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a los diversos 61, fracción XXIII y 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese, y por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de veinte días concedido para que el quejoso acreditara la publicación de los edictos ordenados en autos, a fin de emplazar al tercero interesado, en cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, sin que conste en el sumario constitucional que haya venido a recogerlos, ni haber acreditado haber entregado los edictos para su publicación. En consecuencia, dado que se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Vista la certificación que antecede se desprende, que conforme a la circular SECNO/10/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; se reanudaron las actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veinte, conforme al Acuerdo General 21/2020, reformado mediante los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en este juicio, pues se encontraba suspendido. Cabe precisar que conforme al artículo 2, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se hace del conocimiento de las partes que deberán ajustarse, en lo que a ellas competa, a lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020, reformado mediante los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus COVID-19. En consecuencia, a efecto de no retrasar la pronta administración de justicia, consagrada en el artículo 17 constitucional, se procede a acordar el presente asunto atendiendo al estado procesal en que se encuentra, en los términos siguientes: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encontraban señaladas las once horas con diez minutos del trece de enero del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, fecha comprendida en el lapso señalado en líneas precedentes, por lo que no fue posible llevarla a cabo. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia, a efecto de no vulnerar derechos procesales de las partes y al haberse actualizado un caso fortuito o de fuerza mayor, se fijan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia que los plazos legales no se reinician, sino continúan su curso, los cuales se computarán a partir de los días y horas transcurridos antes de la suspensión del procedimiento, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las partes por medio de lista con base en las razones que se expresan a continuación. En efecto, ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la vigencia de la Ley de Amparo de diez de enero de mil novecientos treinta y seis -abrogada por la vigente legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada el dos de abril de dos mil trece-, sostuvo en su momento el criterio de que el entonces artículo 30 de la referida normatividad, relacionado con el arbitrio que concede dicho precepto al juzgador para ordenar que se haga personalmente una determinada notificación, no puede quedar a la voluntad del juez, sino que tiene que ajustarse a los dictados de la razón, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar y con la trascendencia del acto a que la notificación se refiera, a efecto de que todas aquéllas resoluciones de trascendencia para las partes, lleguen a su conocimiento dándoles oportunidad de interponer las defensas procedentes o de cumplir con lo que ordenen las determinaciones judiciales. En ese sentido, dispuso que la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y fija además fechas para la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes, es de gran trascendencia para estas, por lo mismo, debe estimarse que la notificación de dicha resolución debe hacerse personalmente y no por medio de lista -criterio que se emitió por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, bajo el epígrafe: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO (PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO, REANUNDACIÓN DEL).- Sin embargo, ese criterio debe entenderse desde la lógica de cuando el órgano jurisdiccional ha emitido una determinación que suspende el procedimiento y con motivo de tal circunstancia es trascendente que ordene la notificación personal cuando se reanude el mismo, para no dejar en estado de indefensión o en incertidumbre jurídica a alguna de las partes. A manera de ejemplo de ese tipo de resoluciones dictadas por el juzgador que paralizan el procedimiento dentro del procedimiento constitucional -en la vía de amparo-, pueden enunciarse las siguientes: En materia penal, cuando el amparo se promueve por persona distinta al agraviado -por imposibilidad de éste-, caso en el que el órgano jurisdiccional decretará la suspensión del procedimiento hasta que se logre la comparecencia de aquél -artículo 15 de la Ley de Amparo-. En la hipótesis de fallecimiento del quejoso o tercero interesado, cuando el "de cujus" no tiene representación legal en el juicio -numeral 16 del ordenamiento aludido-. Cuando no se puedan realizar las notificaciones por vía electrónica por fallas que interrumpan el sistema de envío y recepción de promociones -arábigo 30, fracción III de la legislación en comento-. Luego de que se suscite una cuestión de competencia -ordinal 42 de la ley de la materia-. En los incidentes, atento a la naturaleza del asunto, el órgano jurisdiccional podrá determinar si se suspende el procedimiento -dispositivo 67 de la invocada norma reglamentaria-. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia -precepto 102 de la aludida legislación". En esos supuestos, si el juzgador dentro del juicio constitucional en forma particularizada hubiera emitido una determinación en la que dispusiera la suspensión del sumario de que se trata, lógicamente, al reanudarlo, de existir la posibilidad de dejar en estado de indefensión a cualquiera de las partes por desconocimiento de la continuación del procedimiento y si ello pudiera provocarles que no puedan ejercer su derecho a demostrar lo que a su interés convenga, debe ordenar por su trascendencia la notificación personal para las partes, por así permitirlo la fracción I, inciso k), arábigo 26 de la vigente Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, que dispone que en los juicios de amparo se harán las notificaciones en forma personal, cuando se trate de resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten. Pero no existe obligación de notificar personalmente la continuación de un juicio en forma particular, cuando la suspensión y reanudación de labores se dispuso para todos los procedimientos que se ventilan en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con base en acuerdos generales precisos y claros, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal -para el adecuado ejercicio de sus funciones y de la organización de los juzgados y tribunales que se sujetan a disposiciones de carácter administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación-, ya que con motivo de ese evento, basta con que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, las partes con motivo de la publicidad de los mismos, no puedan argüir su desconocimiento de cuándo se reestablecen efectivamente los plazos para el ejercicio de sus derechos. Por las razones que la informan, se trae a la palestra la Jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que a la letra dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En ese sentido, el presente acuerdo en el que se señala la nueva fecha de la audiencia constitucional se ordena notificarlo a las partes por medio de lista, ya que no existe ningún precepto de la Ley de Amparo que imponga el deber al juzgador de comunicar personalmente el nuevo día y hora que se señala para que tenga verificativo la audiencia de ley. Se reitera, porque el procedimiento se suspendió -no con motivo de una determinación judicial- y se reanudó en cumplimiento a la circular SECNO/10/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; y en concordancia con el Acuerdo General 21/2020, reformado mediante los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, ello, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, acuerdos cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haber sido publicados en los medios de difusión autorizados, en este caso en el Diario Oficial de la Federación, sin que correspondiera a una decisión emanada del quehacer particular jurisdiccional derivada del planteamiento de la problemática surgida entre las partes. Ilustran el sentido de lo razonado, los criterios emitidos por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION DE LA. NO EXISTE OBLIGACION LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE. Conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo que se tramiten en Juzgados de Distrito, se harán a los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista. Así, si en el caso particular, el quejoso no se encuentra privado de su libertad, conforme al artículo mencionado las notificaciones que se le practiquen serán por lista, salvo que se tratase de un requerimiento o de algún acuerdo que, por sus características especiales, deba notificársele en forma personal. En consecuencia, tratándose del auto en el que se determina el día y hora de celebración de la audiencia constitucional, debe estarse a la regla general contemplada por el citado precepto, por lo que resulta correcto notificarlo por lista, correspondiendo al agraviado estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento y que se hacen del conocimiento de las partes por medio de lista, sin que exista razón lógica o jurídica para que, en estos casos, el citado proveído se tenga que notificar en forma personal, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Amparo." "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA. Ni el artículo 219, ni ningún otro precepto de la Ley de Amparo, impone a los Jueces de Distrito la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo en que se señala nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional cuando ésta ha sido diferida de oficio en atención a que la parte tercera perjudicada no había sido emplazada, de tal manera que es obligación del quejoso cerciorarse de la fecha en cuestión a través de la notificación que se le haga del acuerdo mencionado, por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado; por consiguiente, no se deja en estado de indefensión al quejoso por no notificársele personalmente dicho acuerdo." A mayores datos, el criterio que se adopta no es por voluntad caprichosa de quien resuelve, sino en términos de los dictados de la razón de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar, así como con la trascendencia del acto a que la notificación se refiere, cuenta habida que este órgano jurisdiccional no soslaya que se debe cumplir con la finalidad que persiguió el propio Consejo de la Judicatura Federal en los diversos acuerdos generales que se enlistaron, a efecto velar por la salud de las personas -actuarios y justiciables- que pudieran interactuar al momento de llevar a cabo una notificación personal. Aunado a que considerarlo de otro modo, retrasaría seriamente la impartición de justicia, pues implicaría hacer notificaciones personales en todos los asuntos de este juzgado, que como ya se vio, resulta innecesario, dada la publicidad que específicamente se le dio a la reanudación de las labores que quedó puesta de relieve en la circular SECNO/10/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Además, sería una labor titánica que se sumarían a la carga que se acumularía a este juzgado de distrito con motivo de los asuntos nuevos que se lleguen a recibir, que requieren de notificaciones personales, lo que podría colapsar en el sistema de notificaciones del propio juzgado, en una época en la que es factible privilegiar las comunicaciones por la vía electrónica. ESTADO PROCESAL Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de veinte días para que el quejoso --acredite la publicación de los edictos ordenados en autos, a fin de emplazar al tercero interesado --en cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese.
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