Víctor Manuel Reynoso Jiménez
Expediente 1592/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1592/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Víctor Manuel Reynoso Jiménez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Se hace constar que no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(III)
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.(III)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete...Con base en lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el llamado "principio de definitividad del acto reclamado", que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario se provocaría que la Justicia Federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. Por tal razón, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente lo legitima sino que lo obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, como quedo establecido en párrafos precedentes, la parte quejosa se duele de la falta de notificación realizada por el Juzgado Segundo de lo Civil del Estado, respecto de la resolución dictada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en donde se ordenó la ejecución en su contra por un monto de $4'790,976.29 (cuatro millones novecientos noventa mil novecientos setenta y seis pesos 59/100 moneda nacional), dentro del expediente 0733/2015 del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, los artículos 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicables al caso en concreto, disponen: "Artículo 66.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V de este título serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha". "Articulo 67.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve; de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento". "Articulo 68.- Las nulidades a que se refiere el artículo anterior se promoverán ante el mismo Juez o Tribunal que conozca del negocio y de la petición se dará vista a la contraria por el término de tres días. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la actuación o notificación que se reclama. Si no se manifestare conformidad o nada expresa, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días en la que los interesados podrán presentar las pruebas que tuvieren y que se puedan desahogar en la misma audiencia, en la que se resolverá lo que procediere sin recurso alguno, salvo que se trate de nulidades por defecto de emplazamiento, de citación para absolver posiciones o para reconocimiento de documentos, en estos casos procederá en contra de la resolución del incidente el recurso de apelación". Luego, si la parte quejosa se duele de la falta de notificación de la sentencia interlocutoria antes precisada, lo que derivó en la ejecución de la condena ahí impuesta en su contra, entonces, conforme a los numerales citados, debió reclamar la nulidad de las actuaciones que indica en la actuación subsecuente en la que interviniera, mediante la interposición de un incidente de nulidad, pues de no hacerlo, se revalidan de pleno derecho la citadas actuaciones. Lo anterior resulta relevante, pues la procedencia del juicio constitucional se encuentra condicionada a que si la ley ordinaria prevé algún recurso o medio de defensa legal capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de tal manera que no es optativo para el efecto de cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio en términos de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa línea de ideas, de acuerdo al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previo a la promoción de la presente litis constitucional, el quejoso, al ser parte en el juicio de origen, está constreñido a agotar el correspondiente procedimiento ordinario de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) a fin de cumplir con el aludido requisito, pues éste principio es uno de los pilares en que se sustenta el juicio de amparo, premisa que se traduce como un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, forzosamente deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado. En conclusión, si la parte quejosa al ser parte demandada en el juicio de origen tuvo a su alcance el medio de impugnación capaz de nulificar las actuaciones que tilda de inconstitucionales, y no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia, y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo. Además, debe destacarse que en la especie no se está ante alguna excepción al aludido principio, puesto que del contenido del propio ocurso constitucional, se desprende que el disconforme es parte en el juicio de origen, además de que el auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, ni se da tampoco ninguna excepción jurisprudencial, por lo que el quejoso, estaba obligado agotar el multicitado principio de definitividad. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, de texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de amparo cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Igualmente es ilustrativa de lo anterior la tesis IV.2o.C.3 K (10a.Época), consultable con el registro 2005387, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 3141 que indica lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución." Luego, si como quedó evidenciado, en contra de la falta de notificación de la sentencia interlocutoria relacionada con antelación, no se agotó el medio de defensa ordinario procedente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente, al no haberse observado el principio de definitividad, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo.(III)
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