VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ y Otros.
Expediente 912/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ y Otros.
- Víctor Manuel Ramírez Jiménez
- Magistrados Integrantes de la Sala de Justicia Indigena y Quinta Sala Penal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, -recibido vía interconexión- por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número """..."". Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los presentes autos se provee: Actos reclamados y autoridades responsables De las constancias de autos, se conoce que el quejoso """....""", señaló como autoridad responsable ordenadora a los Magistrados integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y como autoridad responsable ejecutora al Juez de Control del Circuito de Valles Centrales sede Ixcotel, de quienes reclama lo siguiente: Señalo como acto reclamado de la autoridad responsable ordenadora, la resolución de fecha 28 de junio del año en curso donde resolvió revocar la resolución de fecha 12 de febrero del año 2020, dictada por la juez de control del circuito judicial de valles centrales sede Ixcotel, Oaxaca Se reclama de la autoridad ejecutora, el cumplimiento de dicha resolución que causa agravios al amparista de la que tuve conocimiento el 15 de julio del 2022 por lo que al día de hoy hacen 11 días y me encuentro en tiempo y forma para ser interpuesta. Declaración de Incompetencia Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". De lo anterior se obtiene en forma explícita que el juicio de amparo, se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente; al respecto el numeral 37 de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del texto transcrito, se obtiene que para delimitar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, se desprenden tres reglas, a saber: 1) Primer párrafo. La competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquél en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Segundo párrafo. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o empiece a ejecutarse en un Distrito y siga desarrollándose en otro, la competencia se surtirá a favor del juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Último párrafo. Cuando el acto o actos reclamados no requieren de ejecución material, la competencia se surtirá a favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Ahora bien, en el caso, el quejoso reclama la resolución de veintiocho de junio del año en curso, emitida en el toca penal"""....""", por los integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que modificaron la resolución de fecha doce de febrero del año dos mil veinte, en la que la Jueza de control del circuito judicial de Valles Centrales, Sede Ixcotel, Oaxaca, en auxilio del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Tehuantepec, Oaxaca, resolvió no vincular a proceso al aquí quejoso ""...."", en la causa penal """....."", de su registro; lo que quiere decir que la causa penal de donde emana ahora el acto reclamado a los Magistrados de la citada Sala Penal, tiene su origen en el Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Tehuantepec, Oaxaca, esto es, el Juez de control de dicho Circuito Judicial conoce del proceso penal de inicio. Por lo que para determinar la competencia para conocer del juicio de amparo, debe determinarse si el acto reclamado tiene ejecución material. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS consideró: ".Una vez recibido el duplicado autorizado de constancias o el testimonio -por haberse admitido en el efecto devolutivo-, el tribunal de alzada lo debe poner a la vista de las partes por un determinado plazo para que promuevan las pruebas que estimen necesarias. Finalmente, señala un día para la vista del asunto y una vez declarado visto, queda cerrado el debate y se pronuncia el fallo que corresponda. La resolución que resuelva sobre la apelación deberá realizar, sobre el auto impugnado, el examen de legalidad descrito en párrafos anteriores y verificar que el mismo cumpla con todos los requisitos precisados en el apartado anterior y, de conformidad con ello, podrá revocar, modificar o confirmar el auto de formal prisión. Para poder determinar los efectos que conlleva una resolución que, dictada en un toca de apelación penal, confirma un auto de formal prisión, se considera necesario precisar, previamente, los efectos que conlleva aquella que lo revoca, por ser éste, precisamente, el supuesto contrario a la confirmación. Existen diversos supuestos que pueden llevar a la revocación de un auto de formal prisión en segunda instancia. Sin embargo, aquí únicamente se verán algunos que servirán para ejemplificar, posteriormente, los efectos que conlleva una resolución que lo confirma. Un auto de formal prisión puede revocarse, entre otros, porque la autoridad de segunda instancia advierta que: a. No existen elementos suficientes que comprueben la existencia del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del mismo, o ambos, o b. Está plenamente acreditada una causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acción penal. En los supuestos anteriores, los efectos consistirían en revocar el auto de formal prisión dictado en contra del inculpado, ordenando inmediatamente su libertad y dictar, en el primer caso, auto de libertad por falta de elementos para procesar y, en el segundo, auto absolutorio. En cualquiera de los supuestos anteriormente aludidos los efectos se traducen en que el inculpado recupere su libertad, la cual tenía restringida, ya sea en virtud de haber estado recluido en prisión preventiva o gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, la cual, como está señalado en el apartado anterior, conlleva una serie de obligaciones hacia el inculpado que se traducen en una restricción de su libertad. Ahora bien, un auto de formal prisión se confirma cuando del examen se desprende que el mismo está apegado a la legalidad, por haberse acreditado de manera adecuada todos los requisitos señalados en el apartado anterior, que deben satisfacerse para el dictado de dicho auto. De lo anterior puede concluirse que los efectos de la resolución, que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, sí tienen materialidad. Cierto, al confirmar un auto de formal prisión el tribunal de alzada reconoce que no se actualizó ningún supuesto que permita revocar el auto y dictar la inmediata libertad del inculpado, lo que se traduce en que: a. Permanezca privado, cautelarmente, de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva, a disposición del Juez de primera instancia, o b. Permanezca a disposición del Juez de primera instancia, con ciertas restricciones de su libertad personal, en virtud de la libertad bajo caución que goza, consistente en el cumplimiento de obligaciones descritas en el apartado anterior. Respecto al último efecto anotado, cabe señalar que esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 67/96, en sesión de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, sostuvo que un ataque o restricción a la libertad personal no debe entenderse limitada a una privación total de la libertad, sino a cualquier afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege. Así pues, estimó que la libertad de un procesado se ataca al sujetarlo a determinadas obligaciones como son: el comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional; el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo; el no poder hacer uso de su libertad de tránsito si no es con autorización del propio juzgador, bajo cuya jurisdicción se encuentra sometido; el que se le dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, así como a todas aquellas circunstancias inherentes a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal. La referida contradicción de tesis dio origen a la siguiente jurisprudencia: "AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO". (transcribe texto) Así pues, el fallo que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión es un acto con efectos materiales, ya que el mismo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, independientemente de si el mismo se encuentra en reclusión preventiva o gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución. Aunado a que sus derechos y prerrogativas permanecerán suspendidos en términos del artículo 38, fracción II, constitucional. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración y la Primera Sala de este Alto Tribunal,(9) en su anterior y actual integración, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen de alguna manera la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y, al momento de ser privado de ella, por motivos que la misma determina, nace el derecho de estar libre, si éstos no se cumplen de manera adecuada. De ello que los requisitos que debe satisfacer un auto de formal prisión, establecidos en la Constitución y correlativamente en las leyes respectivas, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el procesado no pueda, entre otros, ser privado de su libertad y sujetado a proceso, si los mismos no se cumplen, lo que se traduce en que el mismo pueda gozar de su libertad si se acredita que el auto de formal prisión carece de los elementos necesarios para justificar su reclusión en prisión preventiva y sujeto a proceso. En estas condiciones, cuando se interponga un recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión y el tribunal de alzada decida confirmar dicho auto, resulta claro que a partir de ese momento la libertad personal del procesado se encontrará restringida no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en su contra, sino también por la confirmación del mismo, en segunda instancia. Lo anterior, con independencia de que el recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión, de conformidad con las legislaciones estudiadas por los tribunales contendientes, proceda sólo en efecto devolutivo, pues el hecho de que el Juez de primera instancia no vea suspendida su jurisdicción no elimina el efecto descrito en el párrafo que antecede, pues resulta claro que la resolución en que se confirma un auto de formal prisión, en segunda instancia -ya sea que el procesado se encuentre recluido o gozando de su libertad bajo caución- constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación cautelar o restricción de la libertad del procesado -como efecto de la libertad provisional bajo caución- es consecuencia del auto de formal prisión dictado en primera instancia, no menos cierto es que continuará privado o restringido de su libertad como consecuencia positiva de esa confirmación.." Es decir, la Primera Sala del máximo tribunal del país determinó que la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso y confirma la resolución apelada, como la que constituye el acto reclamado sí tiene ejecución material, que se traduce en la restricción de la libertad del inculpado, ello, pues es un acto que repercute directamente en la libertad personal del procesado, quien continuará privado cautelarmente de su libertad, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también por la confirmación que del mismo se haga en segunda instancia. En la misma ejecutoria, la Primera Sala consideró que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia -ya sea en algún centro de reclusión de prisión preventiva o gozando de la libertad bajo caución-, la ejecución material del fallo confirmatorio se da, precisamente, en el lugar de residencia de dicho Juez de la causa. De ello, dijo, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra la resolución que, en segunda instancia, confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de primera instancia que conoce del proceso penal. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, visible en la página 174, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, número de registro digital 176365, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". Por otro lado, al resolver la diversa contradicción de tesis 187/2011, la misma Primera Sala emitió la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Este criterio jurisprudencial se encuentra localizable en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, número de registro 160608. Debe precisarse que si bien al resolver ambas contradicciones de tesis, la Primera Sala del máximo Tribunal del país analizó el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, también lo es que dicho párrafo corresponde al correlativo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor. En ese orden de ideas, si como ya se precisó, los actos reclamados lo constituyen la resolución de fecha la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, emitida en el toca penal """.....""", por los integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que modificaron la resolución de fecha doce de febrero del año dos mil veinte, en la que la Jueza de control del circuito judicial de Valles Centrales, Sede Ixcotel, Oaxaca, en auxilio del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Tehuantepec, Oaxaca, resolvió no vincular a proceso al aquí quejoso """.....""", en la causa penal """....."""", del índice del Juzgado de Control de Tehuantepec, entonces, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en Salina Cruz, Oaxaca, pues no debe perderse de cita que el proceso se sigue en el Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Tehuantepec, Oaxaca, y que la Jueza de control del circuito judicial de Valles Centrales, Sede Ixcotel, Oaxaca, únicamente prestó apoyo al juez que lleva el proceso penal para resolver la situación jurídica del imputado. Al respecto, el punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, modificado mediante Acuerdos 12/2016, así como el 45/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dice: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 45/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 07/10/2016. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo..". Conforme a lo anterior, son los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, lugar de residencia del Juzgado de Control de Tehuantepec, donde se encuentra la causa penal que motivó este juicio de amparo. Se ordena remitir los autos al Juez competente Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, el presente juicio de amparo promovido por"""....."""", el original y duplicado del incidente de suspensión, el toca penal "".....""" del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como cuatro discos DVD certificados que contienen los registros de audio y video de la audiencia de formulación de imputación inicial y ampliación de término constitucional de fechas siete, diez y doce de febrero en curso; y una vez recepcionado se le solicita a su Titular comunique a este órgano de Control Constitucional, lo que tenga a bien determinar. Cuaderno de antecedentes Fórmese cuaderno de antecedentes y estese en espera de lo que el Titular del Juzgado al que se declina el conocimiento del asunto tenga a bien resolver. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que en proveído de nueve de agosto del año en curso, se concedió a la parte quejosa, para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, dentro de la causa penal ""..."", sin que realizara manifestación alguna al respecto. En ese tenor, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en el aludido proveído, por lo que este juicio se resolverá únicamente por lo que hace a los actos y autoridad señalada en el escrito inicial de la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Toda vez que para hoy está programada la audiencia constitucional y que en proveído de de nueve de agosto del año en curso, se instruyó dar vista a la parte quejosa a efecto de que por escrito manifieste si amplía su demanda de amparo, respecto de la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, dentro de la causa penal "".....""; además, cumpla con los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de amparo. Aspecto que indefectiblemente evidencia que no media el plazo previsto en los artículos 108 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo. Por ese motivo, se difiere la citada audiencia, y se fijan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese.
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