Victor Manuel Pozos Colorado

Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
132/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Victor Manuel Pozos Colorado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede la Ley de Amparo en su artículo 98, para la interposición del recurso de queja conforme lo dispuesto por la fracción I, inciso a), del artículo 97, del citado ordenamiento legal, sin que hasta estos momentos lo haya hecho valer la parte quejosa en contra del auto de veintitrés de marzo del año en curso, dictado por este juzgado... se declara que el citado auto, ha causado estado... archívese este expediente como totalmente concluido... el presente expediente es susceptible de destrucción ... Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años... Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo recibido vía electrónica, regístrese en el libro de gobierno correspondiente como 132/2021-II y, fórmense los respectivos expedientes físico y electrónico. Ahora bien, la suscrita juzgadora procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Lo anterior, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido.... Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede se advierte la imposibilidad material para darle trámite a la presente demanda de amparo, dada la ausencia total de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, pues no se tiene certeza de quien sea la persona quien promueve, su domicilio, ni el nombre y domicilio del tercero interesado, ni de la autoridad o autoridades responsables. Tampoco se sabe la norma, acto u omisión que se reclama; los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; los preceptos legales que contengan los derechos humanos vulnerados, ni los conceptos de violación correspondientes. Aunado a lo anterior, se desconoce totalmente la voluntad de quien lo presenta pues solamente exhibe diversas hojas en blanco sin contenido alguno, aunado a que ni siquiera obra firma digital ni autógrafa, pues como se precisó en la certificación que antecede, únicamente se tiene a la vista la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación y diversas hojas en blanco. Acorde a lo anterior, se desconoce totalmente la pretensión de su presentante, así como la voluntad de quien supuestamente lo presenta, ya que no obra firma digital ni autógrafa, pues como se precisó en la certificación que antecede, únicamente se tiene a la vista la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y diversas hojas en blanco. En virtud de lo anterior, del análisis de la demanda que nos ocupa, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia... En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida vía electrónica, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, en contexto con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que carece de la firma electrónica (FIREL) de quien promueve, lo que implica la ausencia de la expresión auténtica de su voluntad, es decir, no hay instancia de parte, como se ha evidenciado en líneas que anteceden. Aunado a la falta de cumplimiento de los requisitos contenidos en el numeral 108 de la Ley de Amparo, existe imposibilidad material y jurídica de prevenir a quién promueve la demanda de cuenta, ya que se desconoce tanto el nombre como su voluntad de hacerlo, como se ha destacado en líneas que anteceden. Lo decidido en forma alguna desatiende la normativa imperante con motivo del fenómeno de salud pública derivado del Virus Covid-19, en particular el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, pues de una interpretación de sus artículos 3, fracción I, y 14 al 20, se advierte con meridiana claridad que sólo las partes, sus representantes o autorizados que cuenten con capacidad procesal, podrán presentar promociones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a menos que se trate de los actos que regula el artículo 15 de la Ley de Amparo o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hipótesis que no se actualiza en el presente caso, por lo que no es dable, eximir a los peticionarios de amparo del requisito formal referido en párrafos anteriores, de ahí que deba prevalecer el desechamiento de demanda citado. Finalmente, dada la ausencia del nombre y domicilio de quien promueve la demanda que nos ocupa, se ordena realizar la publicación del presente proveído por medio la lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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