Victor Manuel Pisté Cetzal
Expediente 24/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Manuel Pisté Cetzal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente cuaderno de antecedentes, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio con el que remite testimonio de la resolución de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada por ese Tribunal en la queja 07/2018, relativa al recurso interpuesto por la tercera interesada Operadora Mayakan, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra del proveído de nueve de enero del año en curso. De dicho testimonio se aprecia que la citada Superioridad, por los motivos que expuso, declaró SIN MATERIA el aludido recurso. Acúsese recibo. Hágase las anotaciones correspondientes el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos legales que estime correspondientes en el recurso de queja 7/2018 de su índice. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda este expediente, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio 475/2018 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en estos autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Y QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA D EOCNFOMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO MÉRIDA, YUCATÁN, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que comunica que en audiencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el aquí quejoso, por los motivos que expuso, se desistió expresamente de su demanda laboral respecto de la demandada Servicio Yucatanense, Sociedad Anónima de Capital Variable y celebró un convenio conciliatorio con la diversa Operadora Mayakan, Sociedad Anónima de Capital Variable; lo que acreditó con la constancia relativa que acompañó a su informe de mérito. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama el aquí quejoso, aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]." En el presente asunto, desde el auto admisorio se dejó establecido que el quejoso reclamaba de la Junta responsable, lo siguiente: La omisión de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio reclamatorio laboral 1088/2016, que promovió en contra de Servicio Yucatanense, Sociedad Anónima de Capital Variable y Operadora Mayakan, Sociedad Anónima de Capital Variable. En este orden de ideas, para establecer la naturaleza de la causa de improcedencia en comento conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido conculcadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan la misma a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley en cita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el mencionado acto es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estimó violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 189 del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En la especie, de las copias certificadas de las constancias del procedimiento de origen, que la Junta responsable remitió a este Juzgado, se advierte que en audiencia verificada el veintiséis de enero del año en curso, el aquí quejoso, se desistió expresamente de su demanda laboral respecto de la demandada Servicio Yucatanense, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y respecto de la diversa demandada, a fin de resolver la controversia, de común acuerdo, celebraron un convenio al que la autoridad laboral le dio toda la fuerza legal y validez de un laudo consentido, con efectos de cosa juzgada. Luego, si la procedencia del juicio de amparo se condiciona, como se puntualizó en párrafos precedentes, a la circunstancia de que la sentencia concesora que en su caso se llegare a dictar pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional; es inconcuso, en las condiciones apuntadas, que aun cuando la omisión de dictar el acuerdo relativo a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes subsiste, el objeto o materia de la misma ha dejado de existir ya que se le tuvo por desistido respecto de una de las demandadas; y en cuanto a la otra, celebró un convenio al que se le dio la fuerza de un laudo consentido con efectos de cosa juzgada. Por ende, ningún efecto jurídico tendría el fallo protector que llegare a emitirse, pues no podría cumplir con su finalidad, ya que la situación jurídica que imperaba en el juicio laboral, se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del aquí quejoso. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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