Victor Manuel Pinot Juarez

Expediente 119/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 42 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
119/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Victor Manuel Pinot Juarez
  • Juez de Control de Tuxtla Gutierrez, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADOVisto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Asimismo, que en el incidente de suspensión derivado de éste último, se concedió la medida cautelar provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción l, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se ha negado la protección constitucional al quejoso, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO INCIDENTES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 18, fracción l, inciso a) del acuerdo general relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis. En términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil veintiuno, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 119/2021, Víctor Manuel Pinot Juárez, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: Escrito inicial de demanda. Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. Los informes justificados de las autoridades responsables. Y certifica: Que las autoridades responsables Jueces de Control de los Distritos Judiciales de Pichucalco, Chiapa de Corzo y Huixtla, Chiapas y Comandante Regional Centro de la Policía Especializada y/o Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, fueron omisos en rendir sus informes justificados, no obstante de encontrarse legalmente emplazados para ello. Enseguida, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar, y respecto de la omisión de las citadas responsables de rendir su informe justificado, tómese en consideración al fallar el presente juicio. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio sin que las partes ofrecieran medio de convicción alguno. Al no existir más escritos con que dar cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito, se cierra dicho período. A continuación, se abre la etapa de alegatos, en el que el Secretario hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita mediante alegato ministerial acordado en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno; por lo que se les tiene por precluido tal derecho a las demás partes; ante ese escenario, se cierra el citado período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, el Secretario en funciones de Juez acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 119/2021. 119/2021 R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, Victor Manuel Pinot Juárez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos Juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de otras autoridades, los cuales se precisarán en considerando aparte. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se registró con el número 119/2021, se admitió a trámite la misma, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Y una vez que se integró el expediente se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En este considerando se procede a fijar, de manera clara y precisa, el acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama: "la orden de aprehensión decretada en su contra, así como su ejecución". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La totalidad de las autoridades responsables con excepción de los Jueces de Control de los Distritos Judiciales de Pichucalco, Chiapa de Corzo y Huixtla, Chiapas y Comandante Regional Centro de la Policía Especializada y/o Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado. En ese sentido, al constituir el informe justificado documento público, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor probatorio pleno. En ese tenor, resultan inexistentes los indicados actos reclamados, máxime que la parte quejosa, no demostró lo contrario. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Sexta época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Página 236, número 284, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con datos de localización Época: Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Página: 627, número 20, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otra parte, los Jueces de Control de los Distritos Judiciales de Pichucalco, Chiapa de Corzo y Huixtla, Chiapas y Comandante Regional Centro de la Policía Especializada y/o Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, fueron omisos en rendir sus informes justificados, no obstante de encontrarse legal y oportunamente notificados para tal efecto, como se advierte de los acuses de recibo [que obran a fojas 33, 36, 41 y 47], y haber transcurrido el término de quince días que les fue otorgado para rendir sus informes respectivos; en consecuencia, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente ciertos los actos que se les reclaman. Es aplicable la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 26, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. QUINTO.- Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 231, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." SEXTO.- Estudio y resolución del asunto. Son infundados los conceptos de violación que se expresan en el escrito de demanda, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79 fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, pues en ellos el quejoso alega, básicamente, que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio, los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se trata de privarlo de su libertad. Ahora bien, previo a examinar el cuestionamiento aludido, se impone acudir a ciertos aspectos generales que giran en torno a la interpretación del artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. El indicado precepto legal, estatuye: Artículo 117. . Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. Cabe destacar que lo relativo a la obligación oficiosa de recabar pruebas o actuaciones procesales que no obren en el expediente, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, a que hace referencia el diverso numeral 75, párrafo tercero del mismo cuerpo de leyes, no emerge en el caso justiciable, merced a que, este supuesto solamente surge cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y siempre que se estimen necesarias para la emisión del fallo respectivo. Empero, cuando la autoridad es omisa o se advierte la certeza del acto reclamado en su informe justificado, no tiene aplicación el antedicho artículo 75, párrafo tercero, ya que en esta hipótesis debe aplicarse el precepto 117 de la ley de la materia, que establece, en términos genéricos, que corresponde a la parte quejosa demostrar que el acto reclamado es inconstitucional, cuando no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Es ilustrativa a la anterior consideración, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6530, Tomo LXXII, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad dependa de motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, esto es, el quejoso no queda relevado de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito nunca pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, por dicho quejoso. Retomando el examen del artículo 117 de la Ley de Amparo, se advierte que prevé dos aspectos distintos, a saber: La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. Cuando se da la presunción de certeza del acto reclamado por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar su inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea violatorio de garantías en sí mismo. Sobre los destacados puntos, cabe abundar que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no así, respecto de las circunstancias que lo rodean, como es su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues, el dispositivo en análisis, es claro en contemplar que ante la falta de informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, implícitamente, entre otras cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ilustra las acotaciones anteriores el criterio jurisprudencial 2a./J. 23/94 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, página veinte, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al producirse la presunción prevista en el tercer párrafo del artículo 117 de la ley que rige al juicio de garantías, lo único que debe tenerse por cierto es el acto reclamado; sin embargo, tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, en virtud de que no hay precepto que así lo establezca. En lo que atañe a la segunda parte del tercer párrafo del supradicho numeral 117, se establece, como regla general, que corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; empero, prevé sólo una excepción a lo anterior, consistente en que el peticionario queda relevado de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando el acto reclamado sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Así pues, lo que determina si la carga probatoria recae en el impetrante de amparo, es precisamente, la circunstancia de que el acto sea o no violatorio de derechos fundamentales en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría apegado a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. Por tanto, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos fundamentales no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Carta Magna surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos. De aceptarse lo contrario, se llegaría al extremo de que ante un acto inconstitucional en sí mismo, se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. Resulta aplicable en el caso, la tesis II.2o.93 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página301, Tomo XIII, marzo de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en rubro y texto dice: ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. El artículo 149 de la Ley de Amparo en su tercer párrafo, establece: "Art. 149.-... Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; términos de los que se desprende que la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde al quejoso cuando aquéllos no sean en sí mismos violatorios de garantías sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, de tal manera que si el peticionario no aporta dicha prueba debe negarse la protección federal. En consecuencia, al no estimarse que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad, depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable en la indagatoria de origen y, que en la especie correspondía a la parte quejosa la carga de probar tal evento, sin que así lo hubiera hecho, debe negársele el amparo solicitado. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al comandante policiaco señalado como responsable, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 35, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Víctor Manuel Pinot Juárez, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Manuel Pinot Juárez, en términos del considerando sexto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil veintiuno, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia incidental en el presente juicio de garantías 119/2021, promovido por Víctor Manuel Pinot Juárez, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, la Secretaría certifica que obran agregados a los autos: Copia de la demanda de amparo fielmente cotejados por esta Secretaría. Los informes previos rendidos por las autoridades responsables. De igual manera, el Secretario certifica: _ Que la Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento de su intención. Que las autoridades responsables Jueces de Control del Distrito Judicial de Pichucalco, Juez de Control del Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas y Comandante Regional de la Policía Especializada del Distrito Indígena y/o Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Indígena, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, omitieron rendir sus informes previo, pese a estar debidamente notificados para ello. Enseguida, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Visto lo de cuenta, se tiene por hecha la anterior relación de constancias y certificación para los efectos legales a que haya lugar y respecto de la omisión de las responsables de rendir su informe justificado, tómese en cuenta al fallarse el presente incidente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 144 de la Ley Amparo, se abre el período de pruebas, y el Secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Por lo que, se declara cerrado este período. A continuación se procede a la apertura del diverso de alegatos, en donde se tiene que ninguna de las partes las formuló, por lo que se les tiene por precluido tal derecho; ante ese escenario, se cierra el citado período, y se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 119/2021.119/2021 RESULTANDO ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, en su demanda de amparo el incidentista señala como actos reclamados los siguientes: "la orden de aprehensión decretada en su contra, así como su ejecución". A su vez, solicita la suspensión de los actos reclamados para que no surta efectos la orden de aprehensión indicada. Atento a lo anterior, este juzgador procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. CONSIDERANDO PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 128, de la Ley de Amparo vigente y demás relativos, así como con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 290, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 195, del Tomo VI, Parte SCJN, Sexta Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto literal siguiente: INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS.- Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven. SEGUNDO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO LOS ACTOS RECLAMADOS INEXISTENTES. Asimismo, cabe destacar que no son ciertos los actos reclamados toda vez que la totalidad de las autoridades responsables señaladas negaron la existencia de los mismos, tal como se advierte del contexto de los informes previos rendidos en autos, sin que la parte quejosa haya aportado prueba que demostrara lo contrario, salvo la excepción que más adelante se indica. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial visible a página 5983, Tomo LXXIII, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza. Motivo por el que se impone negar la suspensión definitiva solicitada a las autoridades responsables señaladas como responsables, por no existir materia a qué aplicarla. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, los Jueces de Control del Distrito Judicial de Pichucalco, Juez de Control del Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas y Comandante Regional de la Policía Especializada del Distrito Indígena y/o Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Especializada del Distrito Indígena, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, omitieron rendir sus respectivos informes previos, no obstante que en autos, aparece glosada la constancia de entrega de los oficios por los que se les solicitó dichos informes [veintiocho de abril, treinta de marzo y cuatro de mayo todos del presente año, respectivamente], por lo que se encuentran legalmente notificados de la demanda de amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se atribuyen a las citadas autoridades responsables, para el solo efecto de resolver el presente incidente. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La actuación impugnada por la parte quejosa es de naturaleza positiva, dado que conlleva un hacer de la autoridad, por tal razón, desde esa óptica sí es factible pronunciarse respecto la medida cautelar. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. En la especie, se tiene acreditado el interés suspensional de la parte quejosa para solicitar la presente medida cautelar, toda vez que con la misma se pretende paralizar un acto privativo o de molestia que de ejecutarse trascendería de manera directa a su esfera de derechos cuya titularidad pretende salvaguardar. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. DECISIÓN Y CONDICIONANTES En tales condiciones, lo que procede es conceder a Víctor Manuel Pinot Juárez, la suspensión definitiva de los actos reclamados consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, quedando a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre el fondo del amparo. En la inteligencia que si la orden privativa de libertad, se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto que la parte quejosa permanezca a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal en el lugar que sea asegurada, quedando a disposición de la autoridad responsable por lo que ve a la secuela del procedimiento, para su continuación. Se hace saber a la parte impetrante que la medida suspensiva dejará de surtir sus efectos si los actos reclamados o sus consecuencias tienen origen en hechos o autoridades distintas a las señaladas en la demanda de amparo. GARANTÍA Para el otorgamiento de la suspensión provisional que aquí se decreta, se toma en cuenta únicamente el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución de los actos, por lo que a fin de estar en posibilidad de resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva, se solicita a las autoridades responsables para que en el término que se les otorgue para rendir su respectivo informe previo, manifiesten de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por el que hayan dictado la orden reclamada, el o los artículos que la definen y sancionan, el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias a imponer y si se trata o no de delitos graves. Como el procedimiento penal es de orden público y no es dable suspenderlo, este Juzgador en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 162, primer párrafo parte final de la Ley de Amparo vigente, además, con apoyo en la jurisprudencia número 1a./J. 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se localiza bajo el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL", estima procedente fijar a la parte peticionaria de amparo, las medidas de aseguramiento siguientes: 1. La suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga a satisfacción de este Juzgado dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), debiendo exhibirla en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley a nombre de la parte incidentista; cantidad que se fija de manera discrecional por no contar con mayores elementos para fijarla, sin perjuicio de que con posteridad, de aparecer mayores datos, dicha cantidad se adecue en su oportunidad. 2. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 138 de la ley de la materia, se ordena al quejoso para que dentro del término de tres días, comparezca ante el Juez de la causa, y se ponga a su disposición con el fin de rendir su declaración preparatoria; asimismo, deberá comparecer cuantas veces sea necesario para la práctica de diligencias; apercibido que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, de conformidad con los artículos 138 y 139 del referido ordenamiento legal; quedando obligado el quejoso a acreditar dentro del plazo señalado, el exacto cumplimiento de lo aquí ordenado; de lo contrario, se procederá en los términos indicados. Requerimiento que se hace extensivo a los Jueces de Control del Distrito Judicial de Pichucalco y Juez de Control del Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas, para que de comparecer el quejoso a rendir su declaración preparatoria, de inmediato lo comunique a este juzgado; apercibido que de no hacerlo, este juzgado procederá conforme a derecho. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables y aquellas que resulten vinculadas, con el apercibimiento de que, en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se niega a Víctor Manuel Pinot Juárez, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del considerando segundo de la presente resolución incidental, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. Se concede a Víctor Manuel Pinot Juárez, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del considerando tercero de la presente resolución incidental, por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de agosto de dos mil veintiuno. AUTORIDAD INEXISTENTEVisto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veinte de julio del año en curso, para que manifestara lo que estimara pertinente en relación a la inexistencia de la autoridad responsable licenciada Doraluz López Méndez Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Venustiano Carranza, Chiapas, que señaló en su demanda de amparo. Sin que al efecto haya realizado manifestación alguna, en consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en dicho proveído, y téngase como inexistente a la citada autoridad, debiéndose suspender toda comunicación oficial con la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

Quedan 38 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano