Víctor Manuel Pineda Ramírez
Expediente 219/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2017
Partes del expediente
- Víctor Manuel Pineda Ramírez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de doce de mayo de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
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Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos de: 1. Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 219/2017-VII. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: El auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, así como la injustificada omisión de pronunciarse respecto del pago parcial efectuado, en los autos del expediente familiar ******. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de revocación previsto en el numeral 670, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; precepto que a la letra establece: "Artículo 670.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En efecto, el acto reclamado consistente en el auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual en esencia requiere a los actores incidentistas para que en cualquier hora y día hábil, comparezcan ante su presencia a manifestar si recibieron el pago que refirió el demandado incidentista aquí quejoso, realizó ante la fe de los Notarios Públicos número Tres de esta ciudad y Noventa y Seis de Guadalajara Jalisco; contrario a lo manifestado por el quejoso, dicho proveído puede ser impugnado, a través del recurso de revocación previsto por el artículo 670 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues aun cuando este sea un acto emanado en etapa de ejecución de sentencia, no se puede considerar uno de los contemplados por el artículo 513 del citado Código, el cual dispone entre otras cosas que contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, puesto que no se trata de una resolución, sino únicamente de un auto dentro del incidente de ejecución; además de que dicho proveído de ninguna forma tiende directamente y de modo natural a la ejecución de la sentencia del juicio de origen, sino que está orientada en forma indirecta a preparar y lograr tal objetivo, además que de la mencionada legislación adjetiva no se desprende expresamente que proceda el recurso de apelación en contra del mismo, de ahí que sea recurrible mediante revocación. Asimismo, el peticionario del amparo figura como parte demandada en el juicio de origen, por lo que se advierte que no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio, por lo que puede hacer valer los medios de defensa que la ley le permite; ni tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Luego, al advertirse que el quejoso no agotó el recurso de revocación previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligado, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1ª./J. 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice Julio del 2012, del Libro X, Tomo 1, Materia Civil, Decima Época, visible en la página 729, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora bien, respecto al acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión por parte de la Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, de pronunciarse respecto del cumplimiento parcial realizado, consistente en las dos terceras partes del reclamo monetario; a juicio de esta juzgadora, se actualiza de igual forma, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo, 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo cuales a la letra señalan: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] De lo transcrito, se advierte que en los juicios, será procedente el amparo indirecto cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que se actualice la excepción antes apuntada, es necesario que la violación formal se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, como se dijo el quejoso se duele de la omisión por parte de la Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, de pronunciarse respecto del cumplimiento parcial realizado, consistente en las dos terceras partes del reclamo monetario, dentro del juicio *****; el cual se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; en razón de ello, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso, ello en virtud de que, la falta de pronunciamiento de la juez responsable respecto a la solicitud del quejoso del cumplimiento parcial realizado del pago al que fue condenado; dicha determinación no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el quejoso, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. No pasa inadvertido para esta juzgadora, el hecho de que la parte quejosa señaló en su libelo de garantías que la responsable violó su derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, al no haber resuelto lo peticionado, ya que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en una interpretación armónica de los artículos 8, 14 y 17, la autoridad jurisdiccional está obligada a emitir la resolución correspondiente a la petición pretendida de manera pronta y congruente, la cual se debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen el procedimiento; también señaló en diversa Jurisprudencia que por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En esas condiciones, como ya se precisó, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad; por tanto, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. De tal manera que, si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que, en la especie, no se actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo por considerarse una violación procesal. Son aplicables al caso, las tesis jurisprudenciales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." (Décima Época; Registro 2008884; Tesis 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480) "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." (Décima Época; Registro 2008883; Tesis 1a./J. 8/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; página 478) Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ******; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veinte de abril de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Pineda Ramírez, por propio derecho, contra actos de: 1. Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 219/2017-VII. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: El auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, así como la injustificada omisión de pronunciarse respecto del pago parcial efectuado, en los autos del expediente familiar 1155/2004. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de revocación previsto en el numeral 670, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; precepto que a la letra establece: "Artículo 670.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En efecto, el acto reclamado consistente en el auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual en esencia requiere a los actores incidentistas para que en cualquier hora y día hábil, comparezcan ante su presencia a manifestar si recibieron el pago que refirió el demandado incidentista aquí quejoso, realizó ante la fe de los Notarios Públicos número Tres de esta ciudad y Noventa y Seis de Guadalajara Jalisco; contrario a lo manifestado por el quejoso, dicho proveído puede ser impugnado, a través del recurso de revocación previsto por el artículo 670 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues aun cuando este sea un acto emanado en etapa de ejecución de sentencia, no se puede considerar uno de los contemplados por el artículo 513 del citado Código, el cual dispone entre otras cosas que contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, puesto que no se trata de una resolución, sino únicamente de un auto dentro del incidente de ejecución; además de que dicho proveído de ninguna forma tiende directamente y de modo natural a la ejecución de la sentencia del juicio de origen, sino que está orientada en forma indirecta a preparar y lograr tal objetivo, además que de la mencionada legislación adjetiva no se desprende expresamente que proceda el recurso de apelación en contra del mismo, de ahí que sea recurrible mediante revocación. Asimismo, el peticionario del amparo figura como parte demandada en el juicio de origen, por lo que se advierte que no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio, por lo que puede hacer valer los medios de defensa que la ley le permite; ni tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Luego, al advertirse que el quejoso no agotó el recurso de revocación previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligado, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1ª./J. 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice Julio del 2012, del Libro X, Tomo 1, Materia Civil, Decima Época, visible en la página 729, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora bien, respecto al acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión por parte de la Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, de pronunciarse respecto del cumplimiento parcial realizado, consistente en las dos terceras partes del reclamo monetario; a juicio de esta juzgadora, se actualiza de igual forma, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo, 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo cuales a la letra señalan: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] De lo transcrito, se advierte que en los juicios, será procedente el amparo indirecto cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que se actualice la excepción antes apuntada, es necesario que la violación formal se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, como se dijo el quejoso se duele de la omisión por parte de la Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, de pronunciarse respecto del cumplimiento parcial realizado, consistente en las dos terceras partes del reclamo monetario, dentro del juicio 1155/2004; el cual se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; en razón de ello, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso, ello en virtud de que, la falta de pronunciamiento de la juez responsable respecto a la solicitud del quejoso del cumplimiento parcial realizado del pago al que fue condenado; dicha determinación no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el quejoso, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. No pasa inadvertido para esta juzgadora, el hecho de que la parte quejosa señaló en su libelo de garantías que la responsable violó su derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, al no haber resuelto lo peticionado, ya que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en una interpretación armónica de los artículos 8, 14 y 17, la autoridad jurisdiccional está obligada a emitir la resolución correspondiente a la petición pretendida de manera pronta y congruente, la cual se debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen el procedimiento; también señaló en diversa Jurisprudencia que por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En esas condiciones, como ya se precisó, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad; por tanto, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. De tal manera que, si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que, en la especie, no se actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo por considerarse una violación procesal. Son aplicables al caso, las tesis jurisprudenciales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." (Décima Época; Registro 2008884; Tesis 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480) "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." (Décima Época; Registro 2008883; Tesis 1a./J. 8/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; página 478) Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Abelardo L. Rodríguez y San Marcos, número 217-3, del fraccionamiento Nueva Ensenada de esta ciudad; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lucio López Arce y Edgar Ricardo López Romo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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