Victor Manuel Pichardo Martinez

Expediente 653/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
653/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Victor Manuel Pichardo Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO 19886/2021 SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE PRO PROVEÍDO DE UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DETERMINÓ CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO ORIGEN AL JUICIO DE GARANTÍAS 653/2021-IV DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, PROMOVIDO POR ***, AVOCÁNDOSE AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. AHORA BIEN, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTEN DILIGENCIAS PENDIENTES POR REALIZAR EN ESTE ASUNTO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNILLO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL PRESENTE ASUNTO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. J

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por ., contra el acto de la COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; fórmese expediente y registre en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 653/2021-IV. El cual se lo atribuye a la COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO y DIRECTOR DE LA CUARTA VISITADURÍA DE LA H. COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Es dable señalar que dicho acto precisado con anterioridad, es de naturaleza meramente administrativa, debido a que no deriva de un expediente que es integrado por autoridad ministerial o alguna del orden penal. Aunado a que del contenido de la demanda de amparo, refiere que el dos de junio de dos mil veintiuno, denunció vía telefónica los hechos relativos a los actos de tortura que quedaron demostrados en la sentencia dictada en el D.P. 75/2020, celebrada en la sesión virtual de seis de mayo del año en curso, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y se han negado a realizar su investigación. Ello a fin de que se le realice una indemnización por los hechos sufridos. Por ende, la que aquí provee se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto, dado que estima que le corresponde conocer a un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, atento a las siguientes consideraciones: De conformidad con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. Del contenido de los preceptos trascritos, se infiere que un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, será competente para conocer de las demandas de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, cuando sea procedente; y contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo; de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia penal, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Amparo. Por tanto, si dicho acto no fue emitido por una autoridad ministerial Federal o local, ni derivado de una averiguación previa o carpeta de investigación, no afecta la libertad personal del justiciable, ni es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de la Carta Magna; tampoco se traduce en una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando la acción se funda en la comisión de un delito), ni se equiparan a una ley o disposición de observancia general en materia penal, para considerar que la competencia para conocer de los actos en cita radica en este juzgado; sin embargo, se aprecia que se trata de un acto a través del cual pretende se le realice una indemnización con motivo de los actos de tortura de que fue objeto, atribuido a autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de ahí que es incuestionable que la suscrita no puede conocer del asunto. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Amparo, en relación con el 51 y 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional declina la competencia para conocer del asunto, a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, a quien se ordena remitir la presente demanda de amparo, así como sus copias; debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente en este Juzgado, solicitando el acuse de recibo respectivo, al Juez a cuyo favor se declina la competencia en el que se pronuncie dentro del término legal, si acepta o no la competencia planteada. Por otra parte, toda vez que del contenido de la demanda de advierte que el impetrante se encuentra interno en la Penitenciaría de la Ciudad de México, se ordena que las notificaciones que deriven del presente juicio, se realicen en dicho centro de reclusión. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito, en días y horas inhábiles a realizar las diligencias que surjan en este juicio de amparo, asimismo, se le faculta para firmar los oficios que se generen en el presente asunto.

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