Víctor Manuel Perrotín Hernández

Expediente 807/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
807/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Perrotín Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que, como se estableció en proveído de radicación, se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. En el término previsto por el artículo 2, fracción VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y el diverso 09/2021 que lo prorrogó; se acuerda: Vista la demanda de amparo promovida por por Víctor Manuel Perrotín Hernández, contra actos del 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 807/2021-VII que le correspondió. --DESECHAMIENTO-- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. La parte quejosa señala, como actos reclamados: a) La orden de privarlo del derecho como concesionario del servicio público de transporte en la submodalidad de taxi con jurisdicción en San Andrés Tuxtla, Veracruz, con motivo que las autoridades responsables reconocieron la celebración de un contrato de cesión o transferencia de derechos -respecto de su concesión- que no reconoce. Por vía de consecuencia: b) La detención del vehículo que destina a prestar dicho servicio de taxi. Señala tuvo conocimiento de lo anterior con motivo de una solicitud que realizó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública para conocer el resultado de su solicitud de autorización para llevar a cabo el cambio de unidad para cubrir el servicio de taxi con un vehículo más reciente a través de la Dirección General Transporte del Estado inició tramite registrado ante dicha dependencia como "Reasignación de Placas". De lo que derivó se enterara que respecto de la concesión que acude a defender la Dirección General de Transporte del Estado autorizó la cesión de derechos de dicha concesión. Tal como se advierte del oficio SSP/DGTE/D3/2434/2021 de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Delegado Jurídico de la Dirección General de Transporte del Estado -que anexa-. El artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando: 1. Exista un medio de defensa o juicio en virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. 2. Que la ley que establece ese medio de defensa o juicio brinde la posibilidad de suspender la ejecución del acto reclamado con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo. 3. Que esa ley no exija mayores requisitos que la ley de la materia para la suspensión definitiva. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. Por su parte, el artículo 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece: "Artículo 280. Procede el Juicio Contencioso en contra de: [.] II. Actos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos particulares." Conforme a lo anterior, el acto que aquí se reclama [consistente en el reconocimiento de las autoridades responsables de la cesión de derechos de que aduce es de su propiedad] se ubica en la hipótesis del artículo 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Motivo por el cual la parte quejosa debió impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aunado a que los alcances que se dan a la suspensión en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave son, en esencia, similares a los que otorga el Juicio de Amparo y el referido código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión. Tiene sustento lo esgrimido con antelación en la Jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1194, del Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Administrativa, Común, Décima Época, Registro 2011289, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos por su notoria improcedencia. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica. AUTORIZADOS. De conformidad con la certificación de cuenta, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con el numeral 24 del precitado ordenamiento legal a las a las personas que refiere. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. En el término previsto por el artículo 2, fracción VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y el diverso 09/2021 que lo prorrogó; se acuerda: Vista la demanda de amparo promovida por por **********, contra actos del 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 807/2021-VII que le correspondió. --DESECHAMIENTO-- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano... Por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos por su notoria improcedencia...".

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