Víctor Manuel Parga Mateos

Expediente 996/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
996/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
21/10/2016

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Parga Mateos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    A SUS AUTOS EL OFICIO DEL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, EN ATENCIÓN AL MISMO, TENGASELE ACUSANDO RECIBO DE LO QUE REFIERE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. AHORA BIEN, TODA VEZ QUE AL NOTIFICAR EL OFICIO 7228, NO SE ENTREGARON LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 302/2011, EN DOS TOMOS, NO OBSTANTE HABERSE ORDENADO SU REMISION EN EL CITADO OFICIO, EN MERITO DE LO ANTERIOR, DEVUELVASE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS A ESTE TRIBUNAL PARA QUE DE INMEDIATO, REMITAN DICHOS EXPEDIENTES AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE TRES DE COTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    VISTA LA RAZON ACTUARIAL QUE ANTECEDE Y ADVIERTIENDOSE DE LA MISMA, LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO, LA RESOLUCIÓN DE TRES DEL PRESENTE MES Y AÑO POR LAS RAZONES INDICADAS; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, HAGASE DICHA NOTIFICACIÓN, LAS SUBSECUENTES Y AÚN LAS DE CARACTER PERSONAL, POR LISTA. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A ESTE AUTO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE FECHA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS. Visto el oficio del Juez Segundo de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 5697/2016 con el que remite el cuaderno de amparo formado con copia certificada del escrito de presentación, el original del de la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Parga Mateos, por propio derecho, el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, constancias de emplazamiento a los terceros interesados; asimismo, remite el oficio 1264/2016 con el que rinde informe justificado, tres copias de la demanda de amparo, y el juicio ejecutivo mercantil 302/2011 en dos tomos; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Luego, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia por razón de la vía para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el solicitante del amparo, señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "(.) III.- Que la autoridad responsable es el Juez Segundo de lo Mercantil "de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, (.). - - - "IV. Que el acto reclamado de esa autoridad responsable es la sentencia "definitiva de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, la cual resolvió el "juicio ordinario mercantil tramitado bajo el número de expediente 302/2011. (.). "También, reclamo todos los actos procesales que han tenido lugar dentro del "juicio de referencia, incluyendo los relativos a la ejecución de dicha sentencia "definitiva, consistentes en el embargo de distintos bienes a la empresa "demandada, de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil catorce, y el auto "de fecha seis de junio del año en curso, en que se ordena el remate de los "mismos, reclamando asimismo, la inminente audiencia de remate de los bienes "embargados, la cual se señaló para el próximo día trece de julio del año en curso "(sic)." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de septiembre de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario mercantil 302/2011, promovido por María Teresa Machado Mata en su carácter de administrador único de la empresa Machpra, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la empresa Agrap Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el sentido de condenar a la empresa demandada de las prestaciones reclamadas por la actora; y, como consecuencia de lo anterior, el embargo y remate de los bienes propiedad de la misma; sin embargo de la lectura integral de la demanda tomada como un todo, se aprecia que el quejoso manifiesta que no fue debidamente llamado a juicio. Inconforme con dicha resolución Víctor Manuel Parga Mateos, promueve juicio constitucional en la vía directa, reclamando el ilegal emplazamiento al juicio de origen; cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, "laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, "administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, "o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso "trascendiendo al resultado del fallo. - - - Se entenderá por sentencias definitivas o "laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin "al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia "penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del "imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos "establecidos por el artículo 173 de esta ley. - - -Para la procedencia del juicio "deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la "ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos "y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley "permita la renuncia de los recursos. - - - Cuando dentro del juicio surjan "cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de "reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones "procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que "proceda contra la resolución definitiva. - - - Para efectos de esta Ley, el juicio se "inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de "vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; - - - II. Contra sentencias "definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo "contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el "único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas "generales aplicadas (.).". En ese tenor, tomando en consideración que el impetrante de garantías hacen consistir el acto reclamado en el ilegal emplazamiento; luego entonces, el conocimiento del amparo en este supuesto, corresponde a un juez de distrito y no a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que la quejosa en el amparo indirecto tiene la posibilidad de aportar ante el juzgado federal las pruebas necesarias para demostrar tal circunstancia, o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevenida por la ley; en cambio, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, por regla general, las pruebas sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por tanto, se le dejaría en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada, y por ende, nos lleva a la exigencia de aplicar la hipótesis fáctica establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a) y b) de la ley de la materia. No es óbice a lo así determinado que los artículos 34 y 172, fracción I, de la ley de la materia, establezcan como violación procesal atacable en amparo directo la ausencia o ilegalidad de emplazamiento, ya que no es posible aplicar tales dispositivos cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación, y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del llamamiento a juicio. Sirve de apoyo a lo así resuelto, el criterio jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON "IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE "OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, "NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO "O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO "PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el "quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida "por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a "una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos "supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de "Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, "fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo "indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia "constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento "o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la "prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de "amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de "Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, "pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de "citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su "contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, "de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo "esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos "dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por "equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se "le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento.". En esa tesitura, se estima procedente que debe conocer y resolver lo que en derecho proceda un Juez de Distrito, por carecer este tribunal federal de competencia para el conocimiento de dicho asunto en la vía directa; lo anterior, sin que implique pronunciamiento alguno sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, en el caso a estudio; por ende, de conformidad con lo establecido por el numeral 47, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, en su momento procesal oportuno remítase la demanda con sus anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, así como copia certificada de la presente resolución, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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