Victor Manuel Palma Legorreta
Expediente 2692/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2692/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Victor Manuel Palma Legorreta
- Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito J Udicial de Tlanepantla Con Sede En Ecatepec de Morelos Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA II.- Villahermosa, Tabasco, trece de abril de dos mil quince. Vistos, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Juez Penal de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 185/2015-II, comunicación oficial 287/2015-II del índice de este Juzgado, que se le remitió para que notificara el proveído de seis de marzo pasado al quejoso Víctor Manuel Palma Legorreta, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", de esa localidad; en consecuencia, dese de baja la citada comunicación, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
MESA II. Vistos, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio y anexos de cuenta remitidos por el Juez Penal de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho, que se le remitió para que notificara al quejoso en el cual se ordenó el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido; en consecuencia, dese de baja la citada comunicación, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, respecto de la solicitud copias de diversas documentales que obran el juicio, dígasele al directo quejoso que tendrá que solicitarlas directamente al Primer Tribunal Unitario del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a quien correspondió conocer del citado juicio, dado que la totalidad de las constancias fueron remitidas junto con el original del juicio de amparo 2692/2014-II, para su conocimiento en razón de la incompetencia planteada
- Principal
MESA II.- Se agrega a los autos para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, por medio del cual informa que el oficio 126-II, fue reenviado a la autoridad correcta Magistrado del Séptimo Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, para los efectos legales procedentes, de lo cual este juzgado toma conocimiento.
- Principal
MESA II.- Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el INFORME JUSTIFICADO rendido por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Toluca, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, téngase como prueba de la citada autoridad la documental consistente en las copias certificadas de la causa penal *, misma que será tomada en cuenta en el momento procesal oportuno, con la cual atendiendo a su volumen y con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se ordena formar cuatro tomos de pruebas por separado. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Ahora bien, dado que el quejoso Víctor Manuel Palma Legorreta en la demanda de amparo señaló como acto reclamado la resolución de dieciocho de agosto de dos mil catorce, dictada en el cuaderno auxiliar **, relativo al toca penal **, por el Magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México en la que se negó la aplicación de la prisión preventiva a la pena privativa de libertad que se le impuso dentro de la causa penal ** del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, con residencia en Toluca. De lo anterior, se advierte que el suscrito juzgador carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en tanto que el acto reclamado se atribuye a un Tribunal Unitario de Circuito, de ahí que debe continuar conociendo hasta la resolución del juicio de amparo en que se actúa, otro Tribunal Unitario. Para arribar a dicha conclusión, es menester transcribir en primer término el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca." De igual manera, se estima pertinente reproducir el artículo 36 de la Ley de Amparo que dice: Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Por su parte, el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 29. Los Tribunales Unitarios de Circuito conocerán: I.- De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante el juez de Distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado." De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos anteriormente transcritos, se advierte que tratándose de las controversias a las que alude la fracción I del artículo 103 constitucional, en las que se reclamen violaciones de derechos fundamentales por leyes o actos de autoridad, deberán sujetarse a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, mismas que se encuentran establecidas en el precepto 107 constitucional, el cual prevé que tratándose de controversias en las que se reclamen violaciones de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será competente para conocer de ellas el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda. En este sentido, cabe señalar que conforme al texto de los artículos 36 de la Ley de Amparo y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando se reclamen actos de un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde conocer del juicio de amparo a otro Tribunal Unitario, siendo competente el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado, proximidad de la residencia que debe entenderse en el sentido de que será competente otro tribunal de igual jerarquía del mismo circuito, sin soslayar que para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, también se estima aplicable la regla competencial del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama. Lo anterior, se corrobora con lo expuesto en la tesis VIII.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Época: Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, página seiscientos veinticuatro que se transcribe: COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución. . Ahora bien, bajo las directrices apuntadas y a efecto de proveer sobre la competencia de este órgano de control constitucional respecto de la demanda de garantías que nos ocupa, cabe señalar que de las constancias que integran el presente sumario constitucional se advierte lo siguiente: El quejoso **, en sus escritos de demanda y de ampliación a la misma presentados ante este órgano jurisdiccional, señaló como autoridades responsables y acto reclamado, el siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 2. Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México. 3. Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Toluca, Estado de México. ACTO RECLAMADO ". La resolución de dieciocho de agosto del año pasado que emitió emitida en auxilio del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, en la que se confirmó la resolución incidental de veintisiete de junio de dos mil catorce, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dentro de la causa penal 111/2000." En las narradas condiciones, si en el caso se combate el acto consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil catorce, dictada en el cuaderno auxiliar **, relativo al toca penal **, por el Magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México en la que se negó la aplicación de la prisión preventiva a la pena privativa de libertad que se le impuso dentro de la causa penal ** del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, con residencia en Toluca, resulta claro que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto; por lo que el suscrito estima que, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 36 de la Ley de Amparo y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el competente para conocer del juicio de amparo en que se actúa es un Tribunal Unitario del Décimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, porque para determinar cuál es el Tribunal Unitario competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución en la que se niega la aplicación de la prisión preventiva a la pena privativa de libertad impuesta a un sentenciado, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo y no a la excepcional prevista en el diverso numeral 36 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los Tribunales Unitarios de un Circuito como autoridades responsables o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. En cambio en el citado artículo 37 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue la aplicación de la prisión preventiva a la pena privativa de libertad impuesta a un sentenciado, resulta competente para conocer del juicio de amparo el Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde esté recluido. Resulta aplicable la jurisprudencia1a./J. 14/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos treinta y tres, Tomo I, Libro cinco, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación atinente a abril de dos mil catorce, del rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido. No es óbice para arribar a dicha conclusión que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) , de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.", haya sostenido que cuando la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), atendiendo a la naturaleza del auto de bien preso, la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte, no a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre recluido el quejoso, sino en donde resida el juez que conoce del proceso penal, dado que su efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del Juez de la causa al que el procesado está sometido. Lo anterior, porque dicho criterio no cobra aplicación en la especie, en virtud de que se refiere a aquellos supuestos en los que la causa penal se encuentra en trámite y no ha concluido con sentencia, hipótesis distinta al presente caso, en el que el sentenciado está compurgando la pena impuesta. En consecuencia, remítanse el presente juicio de amparo **, así como los tomos de pruebas que remitieron las autoridades responsables como apoyo a su respectivo informe justificado consistentes en el duplicado del toca penal ** y copias certificadas de la causa penal 111/2000, en cuatro tomos; mediante oficio que al efecto se gire al Tribunal Unitario del Décimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad; solicitando el acuse de recibo correspondiente; lo anterior, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Atento a lo anterior, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL CATORCE; asimismo, con copia de la demanda, fórmese cuaderno de antecedente. Por último, tomando en consideración que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", en Huimanguillo, Tabasco, es decir, fuera de la residencia de este Juzgado, con fundamento en los artículos 1º, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco
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