Víctor Manuel Núñez Mendoza

Expediente 966/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
966/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Núñez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del ocho de noviembre de este año, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas. Por tanto, se requiere a la autoridad responsable, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que, de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 966/2022-III, promovido **********, por conducto de *************, apoderada legal del quejoso, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ecatepec, Estado de México, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y autoridad responsable. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas en autos, por la autoridad responsable, así como la presuncional e instrumental de actuaciones, las que se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 966/2023-III, promovido por **********, por conducto de ************, apoderada legal del quejoso; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en el buzón electrónico de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ************, por conducto de **********, apoderada legal del quejoso, demandó el amparo y protección contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ecatepec, Estado de México. II. Por auto del primero de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado registró la demanda de amparo con el número 966/2023-III del índice de este Órgano Jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que al reclamarse una omisión que no requiere ejecución, es competente el Órgano que a prevención correspondió conocer del asunto. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, ha de precisarse que de la interpretación integral de la demanda se tiene que el quejoso recama en esencia: De la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ecatepec, Estado de México: ( La omisión de proveer el escrito inicial de demanda, presentado el trece de abril de dos mil veintidós, en el juicio laboral SAE-1923/2022, en términos de lo establecido en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicable al juicio laboral de origen. TERCERO. La Sala Auxiliar de Ecatepec, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, si bien al rendir su correspondiente informe justificado por una parte niega el acto reclamado, sin embargo, se estima necesario determinar que atento al acto que se le reclama (omisivo), no basta con que la responsable niegue el acto reclamado, pues si bien, su dicho goza de presunción de veracidad, no sólo deben expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2018110, del rubro y texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por tanto, en el caso se debe verificar que la autoridad responsable si incurrió o no en las omisiones que se le atribuyen; por lo que, se tiene que en autos se allegó de las constancias consistentes en copia certificada del juicio laboral SAE-1923/2022, del índice de la autoridad responsable, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el artículo 2°. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte SCJN, quinta época, con el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Constancias de las que se advierte que el trece de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa formuló el escrito inicial de demanda, al que correspondió registrarse bajo el juicio laboral SAE-1923/2022, de índice de la responsable, así como, si bien hasta el doce de septiembre del año en curso (un año y cinco meses después), emitió el auto de admisión y orden de emplazamiento de la parte demandada, también lo es, que no obra la constancia de emplazamiento respectiva; de ahí que, atento a la fecha de presentación de la demanda de amparo, origen del presente asunto, así como, al estado procesal del juicio natural, debe tenerse como cierto el acto reclamado, puesto que, la autoridad responsable dejó de atender los términos y plazos previstos en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado y Municipios, como lo es, el correspondiente para proveer sobre su admisión y emplazamiento a la parte demandada; por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto reclamado. CUARTO. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable aduce en forma genérica que resulta improcedente el presente asunto, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo; sin embargo, atento a las constancias que obran en autos y estado procesal del juicio, dado que la omisión reclamada, versa respecto de la falta de emplazamiento de la parte demandada, conforme a lo establecido en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicable al juicio laboral de origen, sin que esto último se encuentre acreditado en autos, por parte de la autoridad, no cobra vigencia la causa de improcedencia a que se alude. Luego, al no haber sido invocada diversa causa de improcedencia y sobreseimiento, así como tampoco este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna, lo que procede es el estudio de fondo del asunto. QUINTO. La parte quejosa precisa como conceptos de violación los formulados en su escrito inicial de demanda, los cuales no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, de acuerdo con el criterio que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El peticionario de amparo, aduce en sus conceptos de violación, en esencia, lo siguiente: - Que la omisión reclamada al Tribunal Estatal responsable, viola en su perjuicio los derechos fundamentales al exceder el término concedido en la legislación aplicable. Lo anterior, se considera fundado, aunque suplido en su deficiencia, como a continuación se estudiará. Precisado lo anterior, se analiza el fondo del asunto a efecto de verificar su constitucionalidad del acto consistente en la omisión de atender lo establecido en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado y Municipios, como lo es, proveer sobre la admisión y emplazamiento de la parte demandada, conforme al escrito inicial de demanda, presentado el trece de abril de dos mil veintidós, en el juicio laboral SAE-1923/2022. Ahora bien, es oportuno destacar que el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ...". Dispositivo constitucional del que emergen las siguientes proposiciones, concretamente de su párrafo segundo, a saber: 1) Se garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. 2) Entre ellos se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión. 3) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. 4) Esos plazos y términos, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. Es así que, el derecho fundamental consistente en un efectivo acceso a la administración de justicia, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Derecho que tiene la correlativa obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, esto es, debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza, se efectúen dentro del tiempo fijado por la ley suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que los plazos y términos procesales lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Imperativo al que no se encuentran exceptuados los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, cuenta habida que, la administración e impartición de justicia que tutela el dispositivo constitucional en cita, puede desempeñarse por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto, y en el caso concreto a ceñir su actuación dentro de los tiempos fijados en ley. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, página 409, enero de dos mil cinco, Materia Constitucional-Común, Novena Época, de rubro siguiente: "ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LOS ÓRGANOS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL NO SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR ESA FUNCIÓN." En el presente asunto se tiene que el quejoso presentó escrito inicial de demanda el trece de abril de dos mil veintidós, ante la Sala responsable en los autos del juicio laboral SAE-1923/2022. En ese sentido, conforme a las constancias que remitiera la responsable al no haber emitido en su oportunidad el pronunciamiento que a derecho correspondiera respecto del ocurso en comento y realizar el emplazamiento de la parte demandada, se transgredió con ello el artículo 17 de la Carta Magna, pero además contraviene lo señalado por el artículo en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicable al juicio laboral de origen, que señala "Artículo 229. El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia. (.)." Del citado precepto que antecede se aprecia que el Tribunal del conocimiento contará con tres días siguientes a la presentación de la demanda, a efecto de prevenir al promovente en caso de que el escrito sea impreciso u obscuro y, en caso de no hacerlo, ésta se tendrá por ratificada, es decir, proveerá lo respectivo a la procedencia de esta. Hecho lo anterior, y admitida la demanda se correrá traslado a la parte demandada en un plazo no mayor de cinco días hábiles, a efecto de que esté en posibilidad de dar contestación a la misma. Ahora bien, de los autos que integra el presente asunto, se tiene que si bien la Sala responsable el doce de septiembre de dos mil trece, proveyó sobre la admisión del ocurso que le fuera presentado el trece de abril de dos mil veintidós, es decir un año y cinco meses después, superando los plazos previstos en el citado numeral 229 de la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado y Municipios, sin embargo, aún prevalece la desatención con relación al emplazamiento de la parte demandada ordenado en el auto admisorio, dado que no acreditó haber realizado el mismo dentro del término previsto en la ley (cinco días hábiles); lo cual, se evidencia que existe una dilación en el procedimiento de origen, pues no se tiene constancia al dictado de la presente sentencia de que se haya verificado el mismo. Por tanto, se pone de manifiesto una clara contravención al derecho fundamental de acceso a la justica consagrado por el artículo 17 constitucional, así como a los principios consagrados en la ley secundaria mencionada, pues se encuentran obligadas a resolver las controversias dentro de los términos que al efecto dispone la legislación vigente, así como a actuar de una manera inmediata y sencilla, sin que en el caso ello hubiere acontecido. En consecuencia, dado lo fundado el concepto de violación analizado, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, deberán cumplir con la función que les encomienda la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y dentro del plazo de tres días, posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá: ( Remita la constancia de emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral SAE-1923/2022 o de tener causa legal de imposibilidad para realizarlo, proveer conforme a derecho corresponda. Es importante precisar que no son materia de esta concesión de amparo los actos u omisiones posteriores al emplazamiento o dictado del acuerdo que emita la autoridad responsable respecto de la imposibilidad que sobre tal diligencia prevalezca en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2ª. CV/2013 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, página 732, registro 2005150, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *************, por conducto de *************, apoderada legal del quejoso, contra el acto reclamado y autoridad precisado en los considerandos segundo y tercero del presente fallo, por los motivos y para los efectos contenidos en el considerando último de la presente sentencia. Notifíquese, por vía electrónica a la parte quejosa, mediante lista electrónica al representante social adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Visto el estado de autos y certificación que anteceden, de los que se advierte que los días diecisiete al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como inhábiles por causas de fuerza mayor; por ende, se difiere la audiencia fijada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de la Presidenta de la Sala Auxiliar de Ecatepec de Morelos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos y remitiendo las constancias respectivas; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento con que se le previno en caso de incumplimiento. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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