Victor Manuel Noriega Rodríguez

Expediente 971/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
971/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Victor Manuel Noriega Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de abril de dos mil veintiuno. I. Designación de nuevo titular. De la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio SEADS/52/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de enero de dos mil veintiuno, se acordó la readscripción del Juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar; de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, registro 164217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Estado de autos. De igual manera, se advierte que se suspendieron los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, así como del diecinueve de enero al quince de febrero de dos mil veintiuno, lo cual fue informado a través de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021. Asimismo, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, en relación con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este juzgado reanudó sus labores a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se entenderían como días inhábiles pero laborables (régimen de transición). III. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por *****, contra actos de la Delegada Federal de la Secretaría de Bienestar y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 971/2020-I, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 114 fracción V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, en términos del artículo 110 de la citada Ley, cumpla con la siguiente prevención: PRIMERO. Indique cuál es el acto que de manera destacada reclama en la presente vía constitucional; lo anterior es así, toda vez que de un análisis del escrito inicial de demanda, del apartado propio, refiere que reclama el cumplimiento del acuerdo pactado y la expedición de las escrituras o título de propiedad. Sin embargo, en el apartado de antecedentes, se advierte lo siguiente: ".la responsable aun sabiendo de que implementaron ese programa de vivienda se niegan a escriturarnos y a proporcionarnos la información veraz para así poder desalojarnos, privándonos de nuestro patrimonio." Es decir, no se tiene certeza, de cuál es el acto que de manera destacada combate en la demanda de amparo, pues únicamente se limita a manifestar que del quejoso fue beneficiado en un programa de asistencia, implementado por el gobierno federal, estatal y municipal, de ahí que se estime oscura e irregular y sea conveniente prevenir para que precise el acto reclamado en el presente asunto, a fin de proceder a realizar pronunciamiento respecto a su admisibilidad. SEGUNDO. Hecho lo anterior, refiera a qué autoridad o autoridades les atribuye dicho acto; así como cuál fue la participación de éstas, en los actos que de manera destacada reclame. TERCERO. En función de lo anterior, con la finalidad de analizar la procedencia del juicio que nos ocupa, deberá abundar sobre los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; esto es, manifestar lo siguiente: A qué acuerdo se refiere, qué se pactó o determinó en el mismo. Mencione la fecha en que se pactó el acuerdo antes citado. Que participación tienen las autoridades que en su caso señale, en las actos que refiera. De igual forma, la parte quejosa aduce que las autoridades ejecutoras pretenden llevar a cabo las órdenes giradas por sus superiores; por lo que, deberá manifestar qué se determinó en las órdenes que refiera, la fecha de éstas y la forma en que se enteró de dichas órdenes. Lo anterior, toda vez que los antecedentes que vierte en su demanda no son suficientes para otorgar certeza de donde derivan los actos reclamados, además de que son necesarios a fin de estudiar la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, hágase notar a la parte promovente que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió y que la Ley de Amparo, el cual prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. Sobre el tema, es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871 del Tomo III del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." CUARTO. Por tanto, en caso de que insista en designar como autoridades responsables a todas las que refiere en el escrito de demanda, deberá exhibir ONCE copias de su escrito de demanda, ya que no acompañó copias de la misma, siendo que en el caso se requieren NUEVE, por corresponder ocho para las autoridades señaladas como responsables y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, lo anterior encuentra sustento en el numeral 108 de la Ley de Amparo. Asimismo, toda vez que solicita se tramite por duplicado el incidente de suspensión, se requieren DOS copias más de la demanda de amparo para la apertura del incidente de la suspensión que solicita, conforme a lo indicado en el párrafo precedente; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se postergara su apertura. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 245, Tomo XVI, Agosto de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." QUINTO. Por último, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrán cumplirla la propia parte quejosa y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de ésta, toda vez que el escrito inicial de demanda, así como su aclaración no pueden desvincularse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente como un sólo documento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, asimismo, se tiene por autorizados en términos restringidos, conforme al artículo 24 de la citada Ley, a *****, en virtud de que al realizar una búsqueda minuciosa en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales, no se encontró registrada su cédula profesional; sin perjuicio de que una vez que acredite ser licenciado en derecho y tener sus cédulas profesionales debidamente inscritas en el Sistema respectivo, se les conferirán las facultades que le fueron designadas. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples del escrito de demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 315/2020-IV, promovido por Alfredo Lozada Olvera, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Querétaro. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia incidental. Fecha que se fija atendiendo a las condiciones de la emergencia de salud, cargas de trabajo, el esquema de trabajo a distancia autorizado, atención a público y cargas administrativas del juzgado. INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive del presente acuerdo, al que deberá agregarse copia de la demanda de amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que surta sus efectos la notificación respectiva, en el que exprese si es o no cierto el acto que se le reclama; apercibida que, de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe previo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 23 fracción II del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. FORMA DE RECEPCIÓN DE INFORMES PROVENIENTES EXCLUSIVAMENTE DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, y dada la emergencia sanitaria que prevalece, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión por parte de la autoridad responsable, de dar respuesta a su escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veinte, en los autos de la carpeta única de ejecución de sentencia en la que el quejoso tiene el carácter de sentenciado, mediante el cual solicitó, de manera destacada, que se le pusiera en libertad por considerar que había cumplido con los requisitos que establece la ley de la materia para la obtención del beneficio sustitutivo de la pena de prisión. Asimismo, el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que se le ponga en inmediata libertad. MATERIA DE LA SUSPENSIÓN. Al respecto, en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo, se puede establecer que actualmente coexisten requisitos legales y jurisprudenciales que el juez debe constatar para otorgar la suspensión, en los casos como el que se analiza, siendo tales: Expresamente lo solicite el quejoso; Interés suspensional; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; No se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, 5. Análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. A la luz de tales requisitos, se procede a verificar la actualización de los mismos en el caso concreto, a fin de comprobar la procedencia de la suspensión solicitada por la quejosa. El primer requisito se encuentra colmado, toda vez que la parte quejosa expresamente solicitó la presente medida cautelar. En relación al segundo requisito, también se colma, por los motivos expuestos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, los cuales refiere bajo protesta de decir verdad, pues al efecto refiere que tiene el carácter de sentenciado en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, aunado a las documentales que anexa, los cuales si bien, obran agregadas en copia simple, se tiene por acreditado su interés, para efectos de la suspensión. Sin embargo, por lo que ve al requisito establecido en el punto III, no se colma puesto que en términos del artículo 131, párrafo II, de la Ley de Amparo, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto constituir aquéllos derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, por lo que el acto reclamado no es susceptible de suspenderse, ya que de concederse la suspensión, se beneficiaría a la parte agraviada otorgándole un derecho que hasta el momento no le ha sido otorgado. De ahí que el objeto de la medida cautelar sea paralizar o suspender el acto reclamado, mas no constituir un derecho en favor de quien la solicita, pues ello es materia de la sentencia que se dicte en el expediente principal en que se resuelva sobre el fondo de la controversia y, de ser el caso, en el que se fijen los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos que se concluya fueron indebidamente afectados, tal como dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por ello el legislador dispuso en el artículo 131, párrafo segundo, de la Ley de Amparo lo siguiente: Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. El citado precepto establece la imposibilidad de que se constituyan derechos a los quejosos con los que no contaban antes de la presentación de la demanda. Esa acotación da a conocer que lo que se pretende evitar es que so pretexto de la concesión de una medida cautelar se otorgue a los quejosos el goce de una prerrogativa de la que, al menos hasta antes de la promoción del juicio, no hayan sido titulares; sin embargo, es cierto que con tal regulación no se desconoce la posibilidad de que aquellos derechos adquiridos con anterioridad a la presentación de la demanda, puedan verse proyectados como parte de los efectos de una eventual suspensión. Lo expuesto cobra lógica con la interpretación integral que se haga del diverso 147 de la Ley de Amparo que establece, bajo ciertas circunstancias, la posibilidad de que a través de la medida cautelar se puedan restablecer de modo provisional los derechos de los quejosos que se estimen afectados. En efecto, el precepto establece: Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. El artículo, en lo que interesa, dispone que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador de amparo deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan al momento de presentación de la demanda y, de ser jurídica y materialmente posible, que podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta ejecutoria en el juicio de amparo. Con esa regulación se superó la naturaleza de la medida cautelar como una institución exclusivamente paralizadora de los actos de autoridad, pues derivado de la inclusión de la previsión contenida en el segundo párrafo del artículo en cita puede fungir como una medida provisional para "restablecer" derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado; sin embargo, la operatividad de ese beneficio dependerá de que se surtan las condiciones expresamente exigidas por la propia legislación se actualicen, es decir, que el restablecimiento sea material y jurídicamente posible. Por lo que los órganos de amparo al proveer sobre la suspensión en que pudiera proceder la mencionada restitución tendrán el deber insoslayable de realizar un examen particular, caso por caso, en que atienda a la naturaleza del acto y determine si existe algún impedimento jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión. En el caso, el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado para que la autoridad responsable lo ponga en inmediata libertad, sin embargo de las propias manifestaciones del quejoso se desprende que, a la fecha, no se ha declarado procedente el beneficio sustitutivo de la pena al que solicitó acogerse; lo que lleva a negar la suspensión que solicita. Máxime que, en el caso, no existen elementos o datos que permitan no sólo a mantener un estado de cosas, sino a ampliar los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión, al restablecimiento en el goce de los derechos. Se estima lo anterior, ya que no es suficiente para acreditar el buen derecho con las manifestaciones vertidas en la demanda bajo protesta de decir verdad, en las que refiera que la responsable ha sido omisa en dar contestación a su escrito, ni con las documentales que acompaña, pues con independencia del valor probatorio que pudiese otorgarse, al tratarse de copias simples, de éstas lo único que se puede advertir es que el quejoso es parte en el proceso penal de origen; no así, que el promovente cumpla con el requisito previsto por la normatividad aplicable para que sea procedente el beneficio que solicitó ante la responsable, porque no es procedente conceder en los términos solicitados por el quejoso. Por lo cual, son insuficientes para que en este momento se acredite la apariencia del derecho que dice tener y que le fue vulnerado por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que estatuye: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE. SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCOSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se base en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la mediada, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de apariencia de derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que el la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, Constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no solo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso, si no que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinase en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquella sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social y al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o el interés de la sociedad está por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realiza el Juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." De igual forma se cita la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." (Jurisprudencia 204/2009, aprobada en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, Novena Época)". Lo anterior se determina, sin prejuzgar respecto de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, pues en este incidente sólo se realiza un análisis preliminar, toda vez que ello en su caso, es materia del fondo del juicio de amparo del que deriva este incidente. En ese sentido, al no haberse colmado el estudio de la apariencia del buen derecho, se niega la suspensión provisional del acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada *****, toda vez que acreditó contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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