Victor Manuel Nieto Gonzalez

Expediente 608/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
608/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2017

Partes del expediente

  • Victor Manuel Nieto Gonzalez
  • Patricia Rico Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    "...el proveído de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO... téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL... los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento en caso de que lo estime pertinente..."

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ... Ahora, toda vez que los quejosos fueron omisos en designar entre ellos un represente común, téngase con tal calidad a Víctor Manuel Nieto González, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro. REGISTRO, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 608/2017-III; ESTUDIO DE PROCEDENCIA En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece textualmente... De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente... De esta disposición se desprende, que el juicio de amparo es procedente contra actos emitidos en materia administrativa, cuyo agravio no sea reparable mediante algún recurso o medio de defensa legal; asimismo, no será necesario agotarlos cuando la ley aplicable exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado que los solicitados en el juicio de amparo. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de dichos medios de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado; además, de que la ley que lo establezca, solicite menos o los mismos requisitos para suspender el acto impugnado que los exigidos por la Ley de Amparo. Atento a lo anterior y a la naturaleza de los actos que se reclaman, es de afirmar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente... Ahora bien, sobre el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse previo a promover el juicio constitucional y consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. En la especie, la parte quejosa reclama, de manera esencial, el retiro mediante el uso de la fuerza pública, de una reja metálica y sus instalaciones, construida en cuatro puntos de acceso al fraccionamiento "El Jarrón Azul" en Valle de Santiago, Guanajuato, dentro del cual habitan; construcción sobre la cual refieren les fue otorgado el permiso por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano de dicho municipio, mediante oficio 340/DDUM/2017, de fecha diecisiete de marzo del año que transcurre. De la copia certificada de dicha misiva se advierte, que en atención a la solicitud planteada por la representante de la Unión de Colonos de dicho fraccionamiento, la responsable contestó en el sentido de que no existía inconveniente para que se iniciaran los trabajos de acceso controlado a dicho Centro habitacional. Antecedente del cual, puede dirimirse que la parte quejosa, al contar con el carácter de peticionaria debió, previo a promover el presente juicio de amparo, impugnar el acto reclamado a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo. Los artículos 226, 227, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen lo siguiente... Ahora bien, el artículo 226 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, regula el recurso de inconformidad, y el numeral 234 de la citada codificación contempla la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. De conformidad con el artículo 234, en correlación con el 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, y ello puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Asimismo, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual forma, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, del mismo modo que en el amparo, se exige que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se garanticen éstos. Asimismo, la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgará, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere, como condición previa, la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que solo es procedente en materia de amparo, proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacione con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. Por otra parte, el numeral 243 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato establece...Asimismo, el artículo 249 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo y el ordinal 268, también contempla la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando sea solicitada en cualquier momento del proceso. Por tanto, la parte agraviada, previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Además, la legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así como la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; así, en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Por ello, se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. En suma, es evidente que las leyes que regulan los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exigen mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Consecuentemente, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Luego, como el acto reclamado en el presente juicio es susceptible de reparación mediante los referidos medios de impugnación, y éstos no fueron agotados, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por tanto, al no haberse observado el principio de definitividad, por no haberse agotado, previo a promover el juicio constitucional, el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo, es dable concluir que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, establecida en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se ordena DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo en estudio. Ahora, el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ... Asimismo como sus autorizadas para oír y recibir notificaciones y obtener copias, a ... Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial...

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