Víctor Manuel Moreno López

Expediente 1143/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1143/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Moreno López
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la razón actuarial de once de marzo de dos mil veintidós, elaborada por el fedatario de la adscripción, de la que se advierte que no le fue posible notificar el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, al tercero interesado ***, por los motivos que ahí expone. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la mencionada notificación, así como las de carácter personal subsecuentes por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto el referido tercero designe nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio.

  2. Principal

    Agréguese a los autos los oficios de cuenta remitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, remite copia certificada de diversas constancias relativas juicio laboral 2-180/2021, de su índice.. Ahora bien, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional -conforme al análisis integral del escrito de demanda- se hizo consistir en esencia en: - El acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se señalaron las once horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno, para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral ***. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora, de las documentales allegas el Presidente de la Junta responsable en el oficio de cuenta remitido vía correo institucional, se aprecia que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral ***. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, pues aun cuando el acto subsiste, materialmente no puede surtir efecto legal alguno al dejar de existir el objeto o materia del mismo; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En efecto, en el caso concreto sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo expuesto, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 173858, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en el particular, se tiene conforme la certificación de cuenta, el Presidente de la Junta responsable remitió constancias relativas al juicio laboral 2-180/2021 de las que se advierte, que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 2-180/2021. Lo expuesto revela que la responsable, llevó a cabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral citado e inclusive, en dicha audiencia se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente. En consecuencia, aun cuando durante el procedimiento (antes de celebrar la referida audiencia) la junta del conocimiento dictara acuerdos que pudieran vulnerar la pronta impartición de justicia; esto, por fijar plazos excesivos para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, materialmente no se podría restituir al solicitante del amparo en el derecho cuya vulneración reclama, precisamente por haberse celebrado la referida audiencia o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria por haberse agotado la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, de la que deriva la actuación que originó el motivo de reclamado. Por tanto, ninguna razón jurídica tendría analizar si la fecha para el desahogo de la citada audiencia es lejana e injustificada y, por ende, si vulnera derechos. Lo anterior se considera así, pues si lo que pretende el quejoso a través del juicio de amparo es que con una eventual concesión se ordene a la junta responsable fijar una fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas dentro de los plazos que la Ley Federal del Trabajo establece, y durante el proceso de derechos fundamentales el órgano jurisdiccional de origen ya desahogó dicha audiencia; es inconcuso que ya no puede surtir efecto en perjuicio de la parte promovente, lo cual era el objeto o materia del acto. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo indirecto promovido en contra el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se señalaron las once horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 2-180/2021, fuera de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXII de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.

  3. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que informara a este Juzgado de Distrito si se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 2-180/2021, sin que a la fecha haya proporcionado información al respecto, no obstante haber sido notificada de dicho requerimiento, conforme la constancia que obra en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que quede debidamente notificada, informe a este Juzgado de Distrito, sí se llevó el desahogo de la citada audiencia el siete de diciembre de dos mil veintiuno, o lo que en su caso, haya determinado al desahogo de la misma, así como las constancias necesarias para sustentarlo, por ser necesarias para la debida integración del presente juicio; APERCIBIDA que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Se instruye a la secretaría y oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.

  4. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que en proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por rendido el informe justificado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al cual anexó diversas constancias del juicio laboral 2-180/2021. Asimismo, en el referido informe, indicó que se encontraban señaladas las once horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio citado. Por tanto, en virtud de que podría actualizarse una causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que quede debidamente notificada, informe a este Juzgado de Distrito, sí se llevó el desahogo de la citada audiencia, o lo que en su caso, haya determinado respecto al desahogo de la misma, así como las constancias necesarias para sustentarlo, por ser necesarias para la debida integración del presente juicio; APERCIBIDA que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible a página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, y se programan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Se instruye a la secretaría y oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda

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