Victor Manuel Mendoza Ramirez
Expediente 1206/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Manuel Mendoza Ramirez
- Director del Hospital Regional 1 Morelia, (Charo), del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida al titular de este órgano jurisdiccional, por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, informada mediante oficio 1646/2023, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en términos del artículo 183, fracción I, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito signado por Alejandro León Cortés, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que en atención al acuerdo de treinta de marzo del año en curso [foja 132], manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el tres de abril de dos mil veintitrés, se comunicó telefónicamente con la parte quejosa, para preguntarle si la información rendida por la autoridad es cierta, manifestándole lo siguiente: "Sí, sí han estado entregándome el medicamento. El del 3 de marzo me hicieron regresar más tarde porque no lo tenían, pero sí me lo entregaron. Incluso hoy 3 de abril me entregaron el que corresponde a este mes, sin problema alguno." En ese mismo, sentido el autorizado de la parte quejosa, manifiesta que las autoridades han cumplido la sentencia que concedió el amparo, pues hasta la fecha le han proporcionado la atención médica que requiere y le han entregado el medicamento que le han recetado, que corresponde a su tratamiento y que le deben proporcionar cada mes. En atención a lo anterior este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos por la autoridad responsable. Mediante sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional a ********************, para los siguientes efectos: "[.] "Por tanto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle atención médica integral, en específico de proporcionarle el medicamento necesarios para el tratamiento de la enfermedad que padece; con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento y medicamento que requiere el peticionario de amparo para el padecimiento de leucemia meloide crónica que le aqueja." En cumplimiento a lo anterior, el apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Michoacán, en representación del Director del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán de dicho instituto y Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del mismo, informó lo siguiente [fojas 125-131]: "En seguimiento a la información solicitada y lo que arroja nuestro sistema Sai- Farmacia el día 03 de marzo del 2023 se entregaron dos cajas de Imatimib con el número de receta ********************.": "Dicho medicamento en mención fue descargado para su surtimiento al número de seguridad social ******************** que pertenece al paciente ********************, en apego a la receta expedida para tal efecto por su médico tratante." En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia por reiteración 2ª./J.201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, Novena Época, registro 165807, del siguiente rubro y contenido: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguense los escritos signados por José Filiberto Ortiz Correa en cuanto apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Michoacán, en representación del Director del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán de dicho instituto y Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del mismo (en su denominación correcta), con sede en esta ciudad, por los cuales informa: "En seguimiento a la información solicitada y lo que arroja nuestro sistema Sai- Farmacia el día 03 de marzo del 2023 se entregaron dos cajas de Imatimib con el número de receta 17C3544654." "Dicho medicamento en mención fue descargado para su surtimiento al número de seguridad social ******************** que pertenece al paciente ********************, en apego a la receta expedida para tal efecto por su médico tratante." En consecuencia, se tiene cumplido el requerimiento formulado en autos y se dejan sin efectos los apercibimientos decretados al respecto. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo se le tendrá conforme con dicha información. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1206/2022, promovido por ********************, por su propio derecho; y,****************************************RESULTANDO:****************************************Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ********************, por propio derecho, compareció a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra omisiones del Director del Hospital Regional 1 Morelia (Charo), del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de otras autoridades.****************************************La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 4º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado registró la demanda con el número 1206/2022 y decretó la suspensión de plano en favor del quejoso ********************, en los términos siguientes:****************************************"En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a ********************, de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlos en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica que requiere en este momento, esto es, le proporcionen la atención médica que requiere para sus enfermedades de inmediato."****************************************En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican.****************************************Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice.********************[.]."************************************************************Asimismo, en el referido auto este juzgado admitió a trámite la referida demanda; otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y,****************************************CONSIDERANDO:****************************************Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada no requiere ejecución material y la demanda que dio origen al juicio en que se actúa fue presentada en esta ciudad en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.****************************************Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia.****************************************La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: ****************************************a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y,****************************************b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda.****************************************Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: ****************************************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."************************************************************En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por ********************, consiste en:****************************************La negativa de proporcionarle atención médica integral y suministrarle el medicamento para su tratamiento, en específico el denominado "IMATINIB".****************************************Omisión que atribuyó a las siguientes autoridades:****************************************Director del Hospital Regional Morelia;****************************************Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada; y,****************************************Director de Prestaciones Médicas.****************************************Todas del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en esta ciudad.****************************************Tercero. Certeza del acto reclamado. El apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional en Michoacán, en representación del Director del Hospital General Regional No. 1, así como del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán, y del Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se les reclama a sus representados, en virtud de que en ningún momento se ha negado atención médica a la parte quejosa, paciente valorado periódicamente desde el año 2016 a la fecha en la especialidad de Hematología con el diagnóstico de Leucemia Meloide Crónica, manejado con el medicamento denominado IMATINIB DE 400 MG cada 24 horas, y en cuanto al suministro de medicamento, sus representados actualmente han gestionado ante el área institucional correspondiente se dote de manera puntual el referido medicamento que requiere el derechohabiente.****************************************De lo expuesto y de las constancias que obran en autos se concluye que a la fecha de presentación de la demanda -cuatro de noviembre de dos mil veintidós- sí existía el acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle atención médica integral, en específico, en el sentido de suministrarle el medicamento para su tratamiento de hemodiálisis, así como otorgarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto.****************************************Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno por ser expedidas por institución pública, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°.****************************************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente:****************************************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."************************************************************Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación.****************************************Las autoridades responsables en su informe aducen que actualmente han gestionado ante el área institucional correspondiente se dote de manera puntual el referido medicamento que requiere el derechohabiente, por lo que resulta evidente que se produjo la cesación de efectos de los actos reclamados, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo.****************************************Sin embargo, es preciso destacar que efectivamente, mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa para que se le bridara de inmediato la atención médica necesaria respecto del padecimiento que le aqueja, se garantizara su vida, integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se podría traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirle en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida.****************************************Asimismo, dicha medida cautelar se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables proveyeran las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcionara de inmediato la asistencia médica necesaria y le suministraran los medicamentos que requiere para el padecimiento de leucemia meloide crónica.****************************************En cumplimiento a lo anterior, el apoderado de las autoridades responsables mediante escrito acordado el cinco de noviembre de dos mil veintidós, comunicó que ya se encontraba en farmacia el medicamento IMATINIB 100 MG que surtió el Titular de la CAE de la OOAD Michoacán, para el quejoso ********************, a fin de que acudiera con su receta para ser surtida.****************************************Luego, a través del escrito enviado vía correo electrónico el nueve de noviembre siguiente, el citado apoderado remitió copia de la receta 17C 3346955 donde se acredita que el seis de noviembre de dos mil veintidós, fue entregado al quejoso el medicamento IMATINIB 100MG, quien firmó de recibido en la receta.****************************************De igual manera, a través del diverso escrito enviado vía correo electrónico el veintiocho de diciembre, las autoridades responsables informaron que el doce de noviembre de dos mil veintidós, el paciente acudió por su tratamiento y el seis del propio mes y año se le surtió su medicamento, lo que acreditaron con copia de la receta 17C 3350794, firmada por el quejoso.****************************************Tal circunstancia en apariencia podría revelar que en el caso el acto reclamado ha cesado en sus efectos, dado que las autoridades responsables suministraron al peticionario de amparo el medicamento necesario para tratar su padecimiento.****************************************No obstante dichas consideraciones, quien esto resuelve estima que en el caso no aconteció la cesación de efectos del acto reclamado.****************************************En primer término, atendiendo a que en la técnica de amparo se define a la cesación de efectos, como la causal de improcedencia que impide el estudio del fondo del amparo cuando los actos que al momento de promover la demanda existían, cesaron durante la substanciación del juicio y destruyen de manera total e incondicional sus efectos, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada.****************************************Siguiendo en esa línea argumentativa, la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo.****************************************En ese orden de ideas, en el caso debe establecerse que, la atención médica que se otorgó a la inconforme, esto es, el suministro de los insumos necesarios para el tratamiento de su padecimiento, obedeció al cumplimiento de la suspensión de plano que las autoridades responsables dieron.****************************************Así, la suspensión de plano que se decreta en el juicio de amparo tiene la naturaleza de una medida cautelar, que de acuerdo con lo señalado por Miguel Alejandro López Olvera, son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso o previamente a él, a pedido de un interesado o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho.****************************************Igualmente refiere que, son instrumentos que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave o irreparable daño a las partes o la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso; asimismo, que también pueden ser utilizadas para dar justicia anticipada o autónoma.****************************************Entre las diferentes características que atribuye dicho autor a las medidas cautelares, destaca, para el caso exclusivo, la relativa a la provisionalidad, que define, como el carácter no definitivo de las medidas cautelares, pues éstas desaparecen, perdiendo toda su eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso, cuando finaliza el proceso principal.****************************************La nota de la provisionalidad, señala, se entiende bien, si se conecta con la finalidad de las medidas cautelares; si lo que se trata de proteger y tutelar mediante la adopción de tales medidas es la efectividad de una ulterior sentencia, lógico es que las mismas tengan una vigencia limitada en el tiempo, concretamente aquella en la que dicha sentencia tarde en obtenerse.****************************************De modo que, si en el presente asunto se proporcionó al quejoso el medicamento que requiere para el padecimiento de leucemia meloide crónica que sufre, es claro que, de acuerdo con lo antes expuesto, dicha actuación asumida por las autoridades responsables obedeció al cumplimiento que otorgaron a la medida cautelar, que si se observa superficialmente, en apariencia pudiera establecerse que dicha medida cautelar restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho a la salud que estimó violado, en tanto que, con la misma obtuvo a la pretensión fundamental a la que aspiró al promover este amparo.****************************************No obstante ello, lo cierto es que técnicamente no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, en atención a que no se declaró en definitiva una violación de derechos que le haya constituido la prerrogativa a recibir los insumos necesarios para su padecimiento en tanto dure la vigencia de la medida cautelar decretada en autos.****************************************Lo anterior cobra sentido, si se toma en cuenta que, en el caso que este juzgador determinara sobreseer el presente juicio de amparo, la vigencia de la suspensión de plano que le fue concedida en el presente expediente para que las autoridades responsables le otorgaran el más amplio acceso y garantizaran su derecho a la salud, por la omisión de las responsables de suministrarle los insumos que necesita para tal efecto, quedaría sin efectos una vez que la misma causara ejecutoria; ello, al margen que no se le hubiera declarado en definitiva la violación a derecho alguno que le constituyera la prerrogativa a recibir la atención médica que buscó con este amparo.****************************************Es así pues la suspensión de plano que se concedió a la parte quejosa fue dictada no sólo con efectos preventivos, sino de tutela anticipada, pero de ninguna manera constituyó una declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso para determinar el tránsito de esa declaración provisional a una definitiva que se consolide en la sentencia como cosa juzgada, por ende, resulta necesario que este juzgador realice el análisis correspondiente.****************************************Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna otra, lo procedente es analizar los conceptos de violación.****************************************Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia.****************************************Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes:****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.".****************************************En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa.****************************************Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al quejoso.****************************************El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece:****************************************"Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social."****************************************Constitución cuyos artículos transitorios disponen: ****************************************"Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.****************************************Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto.****************************************Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior."************************************************************Disposiciones que son aplicables a favor de la parte quejosa, porque la demanda de amparo se presentó el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas -sustantivas-, de las que se advierte:****************************************Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud;******************** ********************La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. ****************************************La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.************************************************************Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para toda persona la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad general, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud.****************************************Ahora, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud".****************************************Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.****************************************Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad.****************************************Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa:****************************************a) Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios);****************************************b) Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho);****************************************c) Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); y,****************************************d) De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales.****************************************En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta.****************************************Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia.****************************************Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas.****************************************Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.".****************************************Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general.****************************************En ese sentido, el contenido de la norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa:****************************************Declaración Universal de Derechos Humanos.**************************************** "Artículo 25, párrafo 1o.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios." ****************************************Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.****************************************"Artículo 2********************1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, y la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos."****************************************"Artículo 12. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.********************1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. ********************2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: ********************a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; ********************b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; ********************c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; ********************d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad".************************************************************Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"****************************************Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.******************** Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:********************La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad.********************La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos y familiares de la comunidad; [.]********************La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables."****************************************Expuesto lo anterior, como quedó precisado con antelación en esta instancia el quejoso reclama en esencia:****************************************La omisión de proporcionarle atención médica integral, en específico, de suministrarle los insumos e instrumentos necesarios para tal efecto.****************************************Luego, en cumplimiento a la suspensión de plano, el apoderado de las autoridades responsables mediante escrito acordado el cinco de noviembre del año en curso, comunicó que estas últimas actualmente han gestionado ante el área institucional correspondiente se dote de manera puntual el referido medicamento que requiere el derechohabiente para el padecimiento con diagnóstico de Leucemia Meloide Crónica, manejado con el medicamento denominado IMATINIB DE 400 MG cada 24 horas.****************************************De lo anterior, se aprecia que la queja toral aducida por el peticionario del amparo ********************, consistente en la omisión de proporcionarle atención médica integral, en específico de suministrarle el medicamento necesario para el tratamiento de la enfermedad que padece, quedó satisfecha, vía tutela anticipada, en la medida que ya se le ha otorgado el referido medicamento.****************************************No obstante, se estima que la restitución a ese derecho acontecerá con entera plenitud, con la declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso la violación a su derecho a la salud; de ahí que, la presente resolución únicamente tenga como efecto hacer la declaración formal de violación al derecho a la salud para que en lo subsecuente, las autoridades responsables brinden el tratamiento y servicios que requiere el impetrante de amparo para el padecimiento que le aqueja, dado que conforme a los postulados derivados del artículo 4º Constitucional, la protección de la salud está garantizada por el Estado como derecho humano irrestricto, y conforme al artículo 2, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano debe adoptar las medidas especialmente económicas y técnicas para lograr, progresivamente, garantizar y proteger el derecho a la salud, hasta el máximo de los recursos de que disponga. Lo que se aplica en la especie porque el Estado Mexicano no demostró haber excedido de los recursos disponibles y debe, por ende, costear los tratamientos de atención de la salud de la parte quejosa.****************************************Sirve de apoyo, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta y cuatro del Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ****************************************"SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República.".****************************************También, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y siete del Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene:****************************************"DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.".****************************************Por tanto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle atención médica integral, en específico de proporcionarle el medicamento necesarios para el tratamiento de la enfermedad que padece; con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento y medicamento que requiere el peticionario de amparo para el padecimiento de leucemia meloide crónica que le aqueja.****************************************Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada.****************************************Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se:****************************************R E S U E L V E :****************************************Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, en términos del considerando quinto de la presente sentencia.****************************************Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en el último considerando.****************************************Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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