Víctor Manuel Mendoza
Expediente 1647/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1647/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2022
Partes del expediente
- Víctor Manuel Mendoza
- Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, residente en Mexicali,
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos y como se advierte de la certificación de cuenta practicada por la Secretaria del juzgado, que transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del auto de siete de octubre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 1647/2022, promovido por ****, en el que se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, causando estado con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 81 del mismo ordenamiento legal. Archivo En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en la inteligencia de que el presente expediente es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que por auto de dos de octubre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano contra el acto reclamado; debiendo conservarse las constancias indicadas en el citado numeral. De igual manera, es de indicarse que este expediente no es de relevancia documental, de conformidad con el numeral 15, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Así también, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes; ello, conforme con lo dispuesto en el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita. Se instruye a la Secretaria encargada del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional, certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del multicitado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, funge como nuevo titular de este órgano el licenciado Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez; de conformidad con la determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, según oficio SEADS/670/2022; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Eva Elizama Durán Orozco, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, encargada del despacho en suplencia de su titular Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, por encontrarse de licencia de carácter oficial, comunicado mediante oficio CCJ/ST/5381/2022 de catorce de noviembre de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, asistida de la Licenciada Marilú Nirvana Millán González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EEDO/MNM/ktg° SECRETARIA ENCARGADA SECRETARIA DEL DESPACHO "2022, Año de Ricardo Flores Magón" Mesa 2 NO. OF 35278/2022 SUBREPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 35279/2022 ENCARGADO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1647/2022, PROMOVIDO POR VÍCTOR MANUEL MENDOZA PAZ Y EXAR LUIS MORI VÁSQUEZ, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: "MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos y como se advierte de la certificación de cuenta practicada por la Secretaria del juzgado, que transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del auto de siete de octubre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 1647/2022, promovido por Víctor Manuel Mendoza Paz y Exar Luis Mori Vásquez, en el que se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, causando estado con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 81 del mismo ordenamiento legal. Archivo En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en la inteligencia de que el presente expediente es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que por auto de dos de octubre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano contra el acto reclamado; debiendo conservarse las constancias indicadas en el citado numeral. De igual manera, es de indicarse que este expediente no es de relevancia documental, de conformidad con el numeral 15, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Así también, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes; ello, conforme con lo dispuesto en el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita. Se instruye a la Secretaria encargada del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional, certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del multicitado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, funge como nuevo titular de este órgano el licenciado Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez; de conformidad con la determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, según oficio SEADS/670/2022; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por este medio se notifica al quejoso, el auto de veinticuatro del actual
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan los oficios remitidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales, con el primero, en atención a su contenido, se le tiene informando que acata la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en términos del artículo del citado ordenamiento legal. Y, con el segundo de los oficios, remite copia certificada de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas instruido a los quejosos Víctor Manuel Mendoza Paz y Exar Luis Mori Vásquez, con los cuales fueron puestos en completa libertad el tres de octubre de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, se advierte que el presente juicio resulta improcedente de manera notoria, manifiesta e indudable por actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." En sustento, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie Víctor Manuel Mendoza Paz y Exar Luis Mori Vásquez señalaron como actos reclamados a las autoridades responsables los siguientes: "(.) I. ACTOS RECLAMADOS: 1. RECLAMAMOS LA INCONSTITUCIONAL REVISIÓN Y DETENCIÓN DE LOS MIGRANTES Y DE LOS QUEJOSOS EN PARTICULAR, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INSCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE $25,000.00 (VIENTICINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES A CADA UNO DE LOS QUEJOSOS, PARA PODER SALIR AMPARADOS BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACION. 3. RECLAMAMOS LA DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE EL QUEJOSO HA SIDO OBJETO, SIN QUE HAYA COMETIDO DELITO ALGUNO Y SIN QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE UN PROCESO, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE NO FUERON LLAMADOS A JUICIO, NI EMPLAZADOS, Y SIN LA MENOR PROVOCACIÓN O JUSTIFICACIÓN HAN SIDO PRIVADOS DE SU LIBERTAD, SIN QUE SE OBSERVEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN LES OTORGA PARA DEFENDERSE. 4. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE LOS AMPARISTAS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 5. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLES A LOS QUEJOSOS, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI B.C. 6. RECLAMAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR LOS QUEJOSOS PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD BOLIVIANA Y PERUANA, RESPECTIVAMENTE. 7. RECLAMAMOS LA ACTUAL E INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O REPATRACIÓN ASISTIDA O "POR RAZONES HUMANITARIAS'' AL PAÍS DE ORIGEN DE LOS QUEJOSOS SIN SU CONSENTIMIENTO. 8. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TAMBIÉN RECLAMAMOS EL ACTUAL E INMINENTE RIESGO DE QUE LOS QUEJOSOS SEAN TRASLADADOS A UNA ESTACIÓN MIGRATORIA DISTINTA A LA QUE SE ENCUENTRAN EN (MEXICALI, B.C.), DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO. PRACTICA QUE ACTUALMENTE REALIZAN LAS RESPONSABLES, ADSCRITAS A EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR LO TANTO, ES UN TEMOR FUNDADO, ESTE ACTO QUE SE RECLAMA. 9. ACTUALMENTE, LOS AQUÍ QUEJOSOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS, RETENIDOS, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADO, O COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR SU CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA. (.)" Sin embargo, de las constancias antes señaladas, se desprende que al ser irregular la situación migratoria de los impetrantes de nacionalidad boliviana y peruana, respectivamente, en el territorio nacional, se les instruyó un procedimiento administrativo migratorio, en el que el tres de octubre en curso, se les expidió documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con una vigencia de cuarenta y cinco días para efecto de que prosiguieran con la regularización de su situación migratoria en libertad, por lo que en esa data egresaron de la Estación Migratoria en la que se encontraban en calidad de alojados. Documentales públicas a las que asisten valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2°. En esa virtud, se pone en evidencia que con el egreso de los amparistas de la Estación Migratoria en la que se encontraban alojados, bajo el amparo del documento aludido, a fin de continuar su trámite migratorio en libertad, han cesado los efectos de los actos reclamados, por lo que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de las supuestas violaciones constitucionales, como si los actos reclamados no hubieran invadido su esfera jurídica, lo que motiva el sobreseimiento en este juicio, ya que los quejosos al haber quedado en libertad desaparecieron los efectos de los actos reclamados antes citados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad a la que se atribuyen deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos de los actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 103, visible en la página 81, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, que aparece bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al advertirse la actualización de la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, respecto de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que tendría verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Eva Elizama Durán Orozco, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en funciones de jueza de Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/3799/2021, de ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, a partir del dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno y durante el tiempo que se encuentre de comisión el juez Alejandro González Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o hasta en tanto dicha Comisión o el Pleno del Consejo lo determinen; asistida del licenciado Pavel Millanes Lerma, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EEDO/PML/ktg 28505, 28506, 28507, 28508, 28509, 28510 y 28511 SECRETARIA EN FUNCIONES SECRETARIO DE JUEZA DE DISTRITO "2022, Año de Ricardo Flores Magón" Mesa 2 No. Of. 28589/2022 SUBREPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 28590/2022 ENCARGADO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CIUDAD EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1647/2022, PROMOVIDO POR VÍCTOR MANUEL MENDOZA Y OTRO, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: "MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan los oficios remitidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales, con el primero, en atención a su contenido, se le tiene informando que acata la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en términos del artículo del citado ordenamiento legal. Y, con el segundo de los oficios, remite copia certificada de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas instruido a los quejosos Víctor Manuel Mendoza Paz y Exar Luis Mori Vásquez, con los cuales fueron puestos en completa libertad el tres de octubre de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, se advierte que el presente juicio resulta improcedente de manera notoria, manifiesta e indudable por actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." En sustento, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie Víctor Manuel Mendoza Paz y Exar Luis Mori Vásquez señalaron como actos reclamados a las autoridades responsables los siguientes: "(.) I. ACTOS RECLAMADOS: 1. RECLAMAMOS LA INCONSTITUCIONAL REVISIÓN Y DETENCIÓN DE LOS MIGRANTES Y DE LOS QUEJOSOS EN PARTICULAR, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INSCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE $25,000.00 (VIENTICINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES A CADA UNO DE LOS QUEJOSOS, PARA PODER SALIR AMPARADOS BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACION. 3. RECLAMAMOS LA DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE EL QUEJOSO HA SIDO OBJETO, SIN QUE HAYA COMETIDO DELITO ALGUNO Y SIN QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE UN PROCESO, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE NO FUERON LLAMADOS A JUICIO, NI EMPLAZADOS, Y SIN LA MENOR PROVOCACIÓN O JUSTIFICACIÓN HAN SIDO PRIVADOS DE SU LIBERTAD, SIN QUE SE OBSERVEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN LES OTORGA PARA DEFENDERSE. 4. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE LOS AMPARISTAS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 5. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLES A LOS QUEJOSOS, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI B.C. 6. RECLAMAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR LOS QUEJOSOS PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD BOLIVIANA Y PERUANA, RESPECTIVAMENTE. 7. RECLAMAMOS LA ACTUAL E INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O REPATRACIÓN ASISTIDA O "POR RAZONES HUMANITARIAS'' AL PAÍS DE ORIGEN DE LOS QUEJOSOS SIN SU CONSENTIMIENTO. 8. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TAMBIÉN RECLAMAMOS EL ACTUAL E INMINENTE RIESGO DE QUE LOS QUEJOSOS SEAN TRASLADADOS A UNA ESTACIÓN MIGRATORIA DISTINTA A LA QUE SE ENCUENTRAN EN (MEXICALI, B.C.), DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO. PRACTICA QUE ACTUALMENTE REALIZAN LAS RESPONSABLES, ADSCRITAS A EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR LO TANTO, ES UN TEMOR FUNDADO, ESTE ACTO QUE SE RECLAMA. 9. ACTUALMENTE, LOS AQUÍ QUEJOSOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS, RETENIDOS, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADO, O COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR SU CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA. (.)" Sin embargo, de las constancias antes señaladas, se desprende que al ser irregular la situación migratoria de los impetrantes de nacionalidad boliviana y peruana, respectivamente, en el territorio nacional, se les instruyó un procedimiento administrativo migratorio, en el que el tres de octubre en curso, se les expidió documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con una vigencia de cuarenta y cinco días para efecto de que prosiguieran con la regularización de su situación migratoria en libertad, por lo que en esa data egresaron de la Estación Migratoria en la que se encontraban en calidad de alojados. Documentales públicas a las que asisten valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2°. En esa virtud, se pone en evidencia que con el egreso de los amparistas de la Estación Migratoria en la que se encontraban alojados, bajo el amparo del documento aludido, a fin de continuar su trámite migratorio en libertad, han cesado los efectos de los actos reclamados, por lo que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de las supuestas violaciones constitucionales, como si los actos reclamados no hubieran invadido su esfera jurídica, lo que motiva el sobreseimiento en este juicio, ya que los quejosos al haber quedado en libertad desaparecieron los efectos de los actos reclamados antes citados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad a la que se atribuyen deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos de los actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 103, visible en la página 81, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, que aparece bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al advertirse la actualización de la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, respecto de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que tendría verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y como se advierte de la certificación practicada por el Secretario del juzgado, que transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 232/2022, promovido por JOSÉ DE JESÚS BELTRÁN RAMOS, por la cual SE SOBRESEYÓ en el juicio, sin que la parte quejosa haya hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, dado que por proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se ordenó la formación de tres tomos de pruebas, con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad, en el que se respetó el sello, folio y rúbrica, contenido en el mismo; el cual ya no resulta necesario, por lo que su destino legal sería depurarlo; sin embargo, en apoyo al principio de economía procesal, y a fin de que pueda ser de utilidad para la citada autoridad, devuélvasele mediante oficio con transcripción de este auto. NOTIFÍQUESE.
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