Víctor Manuel Meléndez Ramos
Expediente 1504/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1504/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Víctor Manuel Meléndez Ramos
Actuaciones
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 24696/2023, 24697/2023 y 24698/2023 respecto del proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés; por el cual se les requirió a las autoridades responsables, su informe previo; y atendiendo a que las mismas residen fuera de esta ciudad de Cuernavaca; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 24696/2023, 24697/2023 y 24698/2023 respecto del proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés; por el cual se les requirió a las autoridades responsables, su informe previo; y atendiendo a que las mismas residen fuera de esta ciudad de Cuernavaca; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente por ********************, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 1504/2023-II, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Desechamiento parcial Ahora bien, visto que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Secretario adscrito al Juzgado Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, (antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en razón de no encontrarse entre sus facultades el derecho de resolver un asunto, sino que solamente se limita a autorizar en función de fedataria, con fundamento en el articulo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, interpretado este último en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de dicho funcionario. Al caso en concreto, tiene aplicación la jurisprudencia de la Octava Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo siete, enero de mil novecientos noventa y uno, tesis I.2o.P. J/20, localizable en la página ochenta y cinco, cuyo rubro y texto reza: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama.". En razón de lo anterior, se impone desechar esta demanda de amparo en contra del acto reclamado al Secretario adscrito al Juzgado Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, (antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de proceso escrito ********************, así como las actuaciones y todo lo actuado sin audiencia previa del suscrito quejoso. Admisión de demanda En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, respecto de las autoridades y acto siguientes: Como ordenadoras: El Juez Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, (antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de proceso escrito ********************, así como las actuaciones y todo lo actuado sin audiencia previa del suscrito quejoso. Como ejecutoras: El Actuario o Secretario adscrito al Juzgado Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, (antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el cumplimiento y ejecución del acto reclamado de la ordenadora, en el juicio ordinario civil de proceso escrito ********************. Del incidente de suspensión Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, se ordena la apertura del incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de informe justificado De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercero interesada Por otra parte, se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto las autoridades responsables remitan su informe justificado. Domicilio procesal En otro aspecto, con fundamento en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la para promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Autorizado También, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada con facultades amplias únicamente a ********************, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental exhibida, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Medios de contacto Por otra parte, se tienen por señalados los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, el cual podrá ser utilizado por los actuarios de la adscripción para establecer contacto no procesal, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este Juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1504/2023-II, promovido por Víctor Manuel Meléndez Ramos, por propio derecho.****************************************Requerimiento de informe previo****************************************Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, el cual deberán rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en el que se deberá concretar a expresar si es cierto o no el acto reclamado que se les atribuye, podrá manifestar las razones que estime pertinente sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, asimismo, deberá hacer del conocimiento de esta potestad judicial la naturaleza del juicio, en qué etapa procesal se encuentra y remitir las copias certificadas que acrediten su informe.****************************************Deberá proporcionar las constancias relativas al acto reclamado, con la finalidad de que este órgano jurisdiccional cuente con mayores elementos para estar en posibilidad de pronunciarse respecto a la suspensión definitiva.****************************************Apercibiéndosele que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa, por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo.****************************************De la audiencia incidental****************************************Se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental.****************************************Precisión del acto reclamado********************Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados y las autoridades responsables son: ****************************************Como ordenadoras:********************El Juez Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, (antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien se le reclama la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de proceso escrito ********************, así como las actuaciones y todo lo actuado sin audiencia previa del suscrito quejoso.****************************************Como ejecutoras:********************El Actuario o Secretario adscrito al del Juzgado Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, (antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien se le reclama el cumplimiento y ejecución del acto reclamado de la ordenadora, en el juicio ordinario civil de proceso escrito ********************.****************************************Negativa de la Suspensión Provisional********************Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de la Materia, se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL respecto del acto consistente en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de proceso escrito ******************** y todo lo actuado, decretado por el Juez Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, (antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que dicho acto ya fue emitido, por ende, reviste el carácter de acto consumado. ****************************************Tiene aplicación la Jurisprudencia número 12, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente:********************"ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie."****************************************Ahora bien, se niega la suspensión provisional del acto reclamado consistente en el cumplimiento y ejecución del acto reclamado de la ordenadora, en el juicio ordinario civil de proceso escrito ********************, atribuido al Actuario o Secretario adscrito al del Juzgado Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, (antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que, de concederse, los efectos suspensorios coincidirían exactamente con una eventual sentencia estimatoria de amparo.****************************************La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios).****************************************Se precisó que el último supuesto, se trata de un amparo provisorio, identificado como adelanto provisional, en el que el órgano jurisdiccional debe considerar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) el interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgarlo.****************************************Así se desprende de la tesis 2a. LXXI/2017, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 43, tomo II, junio de dos mil diecisiete, registro 2014400, cuyo rubro es: ********************"JUEGOS CON APUESTAS O SORTEOS. EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo el legislador estableció como regla general la improcedencia de la suspensión en el juicio de amparo cuando se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; por su parte, el artículo 129 de la misma ley señala diversos supuestos en los que la afectación se entiende presupuesta; en el caso de su fracción I, cuando continúe el funcionamiento de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos. Sin embargo, en cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 129 citado también dispone que el órgano jurisdiccional de amparo, excepcionalmente, podrá conceder la suspensión si, a su juicio, con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Así, mediante esta disposición, el legislador permite al juzgador realizar en cada caso un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Con ese propósito y en atención a la naturaleza de la violación alegada, que no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación considerando sus características y su trascendencia, el juzgador debe analizar tanto la apariencia de buen derecho, como el peligro en la demora. En ese sentido, si bien en todos los supuestos normativos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo están presupuestas una afectación al interés social y una contravención a disposiciones de orden público y, en consecuencia, es improcedente conceder la suspensión, excepcionalmente, a partir de la naturaleza de la violación alegada, mediante un ejercicio de ponderación y de acuerdo con el marco constitucional y legal que rige para la suspensión del acto reclamado, el Juez podrá concederla cuando, de no otorgarse, pueda causarse mayor afectación al interés social. En consideración a lo anterior, el artículo 129, fracción I, de la Ley de Amparo, no sólo participa de la condición de generalidad que es exigible para satisfacer el principio constitucional de igualdad y no discriminación, sino que en la medida en la que este supuesto constituye una regla que puede ser excepcionada, al punto de otorgarse la suspensión previa valoración judicial, también satisface el derecho de acceso a la justicia".****************************************Las consideraciones anteriores, se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J.21/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, junio de dos mil dieciséis, página 672, registro 2011829, cuyo rubro y texto son:********************"LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado".****************************************En la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia citada en primer término, la Primera Sala sostuvo que con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión de un acto, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora.****************************************Además, tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afectan derechos de terceros.****************************************Desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el órgano jurisdiccional de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a efectos de resolver sobre la concesión de la suspensión del acto reclamado.****************************************El análisis de la apariencia del buen derecho debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el juez al resolver sobre la suspensión****************************************De lo dicho, se aprecia que la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto o norma reclamada, porque esto sí es exclusivo de la sentencia.****************************************En ese sentido, es que en la nueva regulación del juicio de amparo se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento.****************************************Asimismo, el Máximo Tribunal del País señaló que el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, no deviene de la naturaleza del acto reclamado, sino que dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesaria una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio.****************************************Aquí es donde entra en juego la naturaleza de los actos reclamados, condicionando no la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado.****************************************En ese sentido, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de la naturaleza del acto reclamado, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter.****************************************Lo anterior, significa que las consecuencias que caso a caso puedan producir, serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.****************************************De este modo, lo relevante está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza del acto reclamado.****************************************Así, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.****************************************Las consideraciones anteriores, dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, instancia: Primera Sala, materia(s): (común), registro: 2021263, con el rubro y texto siguientes:********************"SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior".****************************************En ese sentido, respecto de los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de proceso escrito ********************, las actuaciones, así como la ejecución del mismo, dictadas por el Juez Septuagésimo Cuarto Civil de Proceso Escrito, (antes Vigésimo Sexto de Cuantía Menor) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Secretario, el Actuario y Secretario adscritos, respectivamente, es IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.****************************************Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes
- Victor Manuel Jimenez Benitez1061/2023
- Víctor Manuel Jiménez Benítez1585/2022
- Victor Manuel Juarez Landa1308/2022
- Victor Manuel Lara Guzmán1310/2022
- Victor Manuel Mata Alarcon905/2019
- Victor Manuel Medrano Escobedo1341/2018
- Victor Manuel Mendez Estrada2201/2016
- Victor Manuel Moran Morales791/2022
- Victor Manuel Moreno Barrera986/2018
- Victor Manuel Moreno Barrera1074/2018
- Victor Manuel Moreno Barrera1842/2017
- Víctor Manuel Muñiz Ramírez534/2015