Victor Manuel Medina Balam
Expediente 813/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Manuel Medina Balam
- Gobernador Constitucional del Estado de Yucatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, formándose por tal motivo el toca ******************** Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
SECCION AMPARO EXP.IV-813/2023. OFICIO. IV-19758/2023 AL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, EN TURNO. PRESENTE. De conformidad con lo acordado en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente auto del juicio de amparo al rubro citado, promovido por Víctor Manuel Medina Balam, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; me permito remitirle vía electrónica el presente expediente, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia de diez de julio del año en curso, junto con el escrito de expresión de agravios respectivos, siendo innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente, cumpliendo de éste modo, lo ordenado en el artículo 89 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento del Tribunal de Alzada, que éste Juzgado se encuentra en total disposición de remitir las constancias que la superioridad estime en su caso, ello, para la correcta substanciación del recurso de que se trata. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. MÉRIDA, YUCATÁN, A QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. A T E N T A M E N T E. FIRMA ELECTRÓNICA KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito suscrito por quejosa ********************, mediante el cual desahoga la prevención realizada por este Juzgado en proveído de veintiocho de julio del año en curso; en tal virtud, téngase por desahogada la prevención realizada en el acuerdo de mérito, y por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión y córrase traslado del escrito de expresión de agravios a las partes, con entrega del mismo a las autoridades responsables. En tal virtud, y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito, así como con el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. De igual forma, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias en el momento indicado, a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintinueve minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 813/2023-IV, promovido por **********, contra los actos que reclama de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; estando en audiencia pública la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, quien actúa asistida de la Secretaria, Maricarmen Zermeño Ocampo, que autoriza y da fe, se procede a celebrarla, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda, auto admisorio de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, autos de siete y dieciséis de junio del año en curso, por medio de los cuáles se dio cuenta con los informes justificados rendidos por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, y de la Agente Ana Mayte Solís Herrera; y por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán. A lo que la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de cuenta, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir el presente fallo. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que en copia simple la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, así como las remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, a su informe de ley. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración como corresponda. Acto continuo, en el período de alegatos, se da cuenta de que no fueron formulados por las partes, por lo que se cierra dicho periodo. A continuación, la Jueza declara que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, y no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 813/2023-IV; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, ***************, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, de la Agente Ana Mayte Solís Herrera; y del Gobernador del Estado de Yucatán, y que hizo consistir en la expedición y publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiséis de junio de dos mil once, que contiene el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en específico los artículos 62, párrafo tercero y 451, párrafo primero, así como la tabla de sanciones muy graves, Grupo 4-A, primer renglón; lo anterior, con motivo de su primer acto de aplicación, en la boleta de infracción 725961, de veintiuno de abril del año en curso, así como el retiro y aseguramiento de la torreta que se ubicaba en la parte superior de su vehículo, derivada de la infracción que se impuso al conductor del mismo, por instalar y usar sirenas, estribos y torretas. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2016, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtienen los siguientes actos reclamados: La expedición y publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiséis de junio de dos mil once, que contiene el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en específico los artículos 62, párrafo tercero y 451, párrafo primero, así como la tabla de sanciones muy graves, Grupo 4-A, primer renglón; con motivo de su primer acto de aplicación, en la boleta de infracción 725961, de veintiuno de abril del año en curso, así como el retiro y aseguramiento de la torreta que se ubicaba en la parte superior de su vehículo, derivada de la infracción que se impuso al conductor del mismo, por instalar y usar sirenas, estribos y torretas. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, y de la Agente Ana Mayte Solís Herrera; y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, al rendir sus informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos que se les reclama; de ahí que se tenga por cierto el acto que se les reclama. Además, porque la existencia de la norma cuya inconstitucionalidad se combate está plenamente acreditada, toda vez que por estar publicada en un medio de difusión estatal como es el Diario Oficial del Estado de Yucatán, constituye sin distingo alguno un hecho notorio para Jueces y Tribunales, en términos de lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a lo dispuesto en su numeral 2º. Sobre el particular devienen aplicables los criterios siguientes: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Análisis de procedencia del juicio constitucional. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia que bajo el número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso a estudio, la suscrita Resolutora de amparo, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción Xll, de la Ley de Amparo, que conlleva a sobreseer en el juicio de amparo, respecto de la retención del vehículo que por esta vía pretende defender. Dicho precepto legal literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Lo anterior es así, pues de la misma fracción interpretada a contrario sensu se desprende que el amparo procede cuando se haya ocasionado una afectación o agravio en los intereses jurídicos del quejoso o gobernado. Esta causal de improcedencia se encuentra íntimamente vinculada con el principio fundamental del juicio de amparo, existencia de un agravio personal y directo, este principio implica, grosso modo, que la acción de amparo sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal) y que haya una inmediatez entre la emisión y/o ejecución del acto y el surgimiento de sus consecuencias en su esfera jurídica del gobernado (agravio directo). Para una clara comprensión de este principio fundamental del juicio de amparo, es pertinente entender la expresión agravio, entendiéndose como el perjuicio sufrido en la persona del quejoso, es decir, el agravio es la afectación o alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos del gobernado promovente del juicio de amparo. Así pues, el juicio de amparo es procedente cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando en su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata. En concatenación a lo anterior, debe decirse, que para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la Justicia Federal es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende, que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, este acto tiene que ocasionar un perjuicio en uno o varios derechos legalmente reconocidos del gobernado, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. Apoyo lo anterior, la tesis I. 1º.A.18 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 1695, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad". Como quedó asentado, el quejoso se duele entre otras cosas, del retiro y aseguramiento de la torreta que se ubicaba en la parte superior de su vehículo, lo anterior con motivo de la infracción que se impuso al conductor del mismo, de nombre Felipe Ruiz Ricardez, por instalar y usar sirenas, estribos y torretas, lo que derivó en la boleta de infracción 725961, de veintiuno de abril del año en curso. Como anteriormente se expresó, para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la Justicia Federal, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad, lo que en el caso sujeto a examen no se actualiza, por las razones que se expondrán a continuación. Lo anterior es así, puesto que como ya quedó asentado párrafos precedentes, solamente el titular del derecho afectado es el que en estricto derecho y por principio de amparo puede accionar el juicio constitucional, pues aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que cualquier persona sin tener un derecho de propiedad sobre la torreta que por esta vía pretende defender, ante un acto autoritario pueda accionar el juicio de amparo. En consecuencia, resulta indiscutible que para comparecer a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió acreditar su interés jurídico de manera fehaciente con datos inequívocos y no inferirse con base en presunciones, lo que en el caso no acontece. En el caso en estudio se considera, que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico, respecto de la torreta que se encontraba encima del vehículo de la marca Nissan, tipo Pick Up, modelo dos mil nueve, con número de serie **********, con placas de circulación del Estado de México, que afirma es de su propiedad, derivada de la infracción que cometió el conductor del mismo, y cuya consecuencia fue la emisión de la boleta de infracción **********, y por ende la retención de dicha torreta. Lo anterior, es así, toda vez que no ofertó prueba alguna de la que se advierta que es propietario de dicha torreta, cuenta habida que a la persona a quien se le impuso la infracción en comento, tiene el nombre de **********, el cual resulta ser diversa persona, al aquí quejoso **********. Consecuentemente, es claro que no demuestra su interés jurídico en este juicio de amparo, lo que conlleva a determinar que no acreditó ser titular del bien jurídico protegido y, por ende, la conducta supuestamente desplegada por las responsables en ese sentido, no le afecta, al carecer del interés jurídico, mismo que es requerido por la norma constitucional para la procedencia del juicio de amparo, y en vista de que no tiene ese interés, el reproche atribuido a las autoridades señaladas como responsables, no le afecta, en consecuencia es improcedente el juicio incoado. Lo anterior es así, pues la Corte sostuvo que el interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando un acto que afecta respecto de un bien mueble, éste debe demostrar ser titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo, lo que no acontece en este caso, ya que la parte quejosa, no exhibió prueba alguna que demuestre ser titular del derecho de propiedad sobre la torreta que se encontraba encima del vehículo de la marca Nissan, tipo Pick Up, modelo dos mil nueve, con número de serie **********, con placas de circulación del Estado de México, respecto de la cual se llevó a cabo dicha retención, con motivo de la infracción que cometió el conductor del mismo, y que derivó en la emisión de la boleta de infracción **********, de veintiuno de abril del año en curso. De ahí que, respecto de dicho acto reclamado, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la referida Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la inconstitucionalidad del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en específico los artículos 62, párrafo tercero y 451, párrafo primero, así como la tabla de sanciones muy graves, Grupo 4-A, primer renglón, con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, contenido en la boleta de infracción número de folio 725961, de veintiuno de abril del año en curso, en la que se impuso como sanción la retención de la torreta que por esta vía defiende y que reclama del agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, toda vez que no procede el examen de su constitucionalidad, atento a que, cuando se promueve un amparo en contra de una disposición de observancia general, no puede desvincularse el estudio de dicha disposición impugnada, de su acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Sobre esa perspectiva, este Juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 226555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, este Juzgador Federal, SE RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por **********, contra los actos que reclama de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, de la Agente Ana Mayte Solís Herrera; y del Gobernador del Estado de Yucatán, y que hizo consistir en la expedición y publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiséis de junio de dos mil once, que contiene el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en específico los artículos 62, párrafo tercero y 451, párrafo primero, así como la tabla de sanciones muy graves, Grupo 4-A, primer renglón; lo anterior, con motivo de su primer acto de aplicación, en la boleta de infracción **********, de veintiuno de abril del año en curso, así como el retiro y aseguramiento de la torreta que se ubicaba en la parte superior de su vehículo; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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