Víctor Manuel Martínez Morales

Expediente 328/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
328/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
30/11/2017

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Martínez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, acusa recibo del diverso 19471/2017 de este índice.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponde el oficio del Encargado de Sala de la sede San Miguel de Allende del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región en el Estado, toda vez que ya se acordó lo conducente. Por otra parte, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Con la finalidad de establecer si el fallo protector fue acatado a cabalidad, se procede a establecer los siguientes antecedentes: 1) El catorce de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio, misma que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. 2) El quejoso **********, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mismo que determinó: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables y que quedaron precisadas en el resultando primero de la presente resolución; el amparo se concede para los efector precisados en el penúltimo párrafo del considerando quinto." 3) En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Juez Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado, base Comonfort, Sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, quien en acatamiento a ello, remitió una copia de la cancelación de la multa impuesta a **********, defensor público de **********, dentro de la causa penal 1P0817-8 de su índice. 4) Con la constancia remitida por la responsable, se procedió a dar vista a la parte, para que manifestará lo que a su interés conviniera, vista que no fue desahogada. 5) Ahora, del examen de la constancia remitida, misma que de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene valor probatorio pleno, se desprende que el fallo protector fue cumplido cabalmente. Se afirma lo anterior, en virtud de que el Juez Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado, base Comonfort, Sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, al remitir copia de la cancelación de la multa impuesta al quejoso: Dejó sin efectos la multa impuesta al defensor público **********, pronunciada dentro de la causa penal 1P0817-8 de su índice, el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la multa impuesta dentro de la causa penal número 1P0817-8 de su índice, remitiendo las constancias que así lo acreditan. En esas condiciones, se estima que el Juez Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado, base Comonfort, Sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, emitida dentro de la causa penal 1P0817-8 de su índice, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva y procederse a la destrucción del original del incidente, al haberse negado la suspensión, en términos de la fracción III del mencionado punto; glósese el original del cuaderno de suspensión para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, atendiendo al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, en tal virtud, remítase al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, en el entendido que al tratarse de un asunto en materia penal, solo podrán hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la presente determinación.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponde el oficio del Encargado de Sala de la sede San Miguel de Allende del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región en el Estado, toda vez que ya se acordó lo conducente. Por otra parte, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Con la finalidad de establecer si el fallo protector fue acatado a cabalidad, se procede a establecer los siguientes antecedentes: 1) El catorce de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio, misma que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. 2) El quejoso **********, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mismo que determinó: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables y que quedaron precisadas en el resultando primero de la presente resolución; el amparo se concede para los efector precisados en el penúltimo párrafo del considerando quinto." 3) En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Juez Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado, base Comonfort, Sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, quien en acatamiento a ello, remitió una copia de la cancelación de la multa impuesta a **********, defensor público de **********, dentro de la causa penal 1P0817-8 de su índice. 4) Con la constancia remitida por la responsable, se procedió a dar vista a la parte, para que manifestará lo que a su interés conviniera, vista que no fue desahogada. 5) Ahora, del examen de la constancia remitida, misma que de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene valor probatorio pleno, se desprende que el fallo protector fue cumplido cabalmente. Se afirma lo anterior, en virtud de que el Juez Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado, base Comonfort, Sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, al remitir copia de la cancelación de la multa impuesta al quejoso: Dejó sin efectos la multa impuesta al defensor público **********, pronunciada dentro de la causa penal 1P0817-8 de su índice, el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la multa impuesta dentro de la causa penal número 1P0817-8 de su índice, remitiendo las constancias que así lo acreditan. En esas condiciones, se estima que el Juez Penal de Oralidad de la Primera Región del Estado, base Comonfort, Sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, emitida dentro de la causa penal 1P0817-8 de su índice, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva y procederse a la destrucción del original del incidente, al haberse negado la suspensión, en términos de la fracción III del mencionado punto; glósese el original del cuaderno de suspensión para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, atendiendo al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, en tal virtud, remítase al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, en el entendido que al tratarse de un asunto en materia penal, solo podrán hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la presente determinación.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital; atento a su contenido, dígasele que el siete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el DVD que anexo al oficio 2233 de su índice. Por otra parte, agréguese en autos el oficio que remite el Encargado de Sala de la sede San Miguel de Allende del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región en el Estado, mediante el cual, aduce cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

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