Víctor Manuel Lucio Castañeda

Expediente 1702/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1702/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
24/09/2015

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Lucio Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de nueve de septiembre de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por VÍCTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En nueve de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martin Zamora González, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Lucio Castañeda, registrada con el folio 17932. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo que promueve Víctor Manuel Lucio Castañeda, contra actos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Junta Especial Numero 53, con sede en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1702/2015, que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo vigente, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, se tiene que en el presente asunto, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria de uno de septiembre de dos mil quince dictada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Especial No. 53, en donde se declara improcedente el incidente de falta de personalidad promovida por el actor principal, respecto de la parte demandada PROFUTURO GNP AFORES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderada legal licenciada Leticia Madero González con la finalidad de quien intento acreditar su personalidad exhibiendo el acta número 65,953, Poder para Pleitos y Cobranzas, tirada ante la fe del notario público licenciado Carlos Flavio Orozco Pérez, Notario Público Núm. 37 con sede en México, Distrito Federal. Acto seguido, la Junta responsable reconoció la personalidad como apoderada legal de PROFUTURO GNP AFORES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a la licenciada Leticia Madero González, toda vez que así se desprendía del instrumento notarial. Determinación que constituye el acto reclamado. Pues bien, atendiendo al destacado acto que en esta instancia constitucional se reclama, se considera que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, la resolución interlocutoria de dos mil quince, dentro de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones pruebas y resolución, celebrada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Especial No. 53, con sede en esta ciudad, señalada como responsable, de la que se desprende que la Junta responsable tuvo por reconocida la personalidad como apoderado legal de la demandada PROFUTURO GNP AFORES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a la licenciada Leticia Madero González, toda vez que así se desprendía del instrumento notarial; ante ello, no constituye un acto en el juicio que tenga sobre la esfera jurídica de la referida persona moral una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituye una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. En efecto, conforme a la anterior Ley de Amparo y de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; se estableció que el juicio de control constitucional en que se combatan violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva; empero, de modo excepcional se podrían combatir dichas violaciones, cuando se afecta a las partes en grado predominante o superior. En relación con el indicado concepto, ".en grado predominante o superior.", se sostuvo que debía determinarse de forma objetiva, por lo que se tomó en cuenta la institución procesal que estuviera involucrada, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; directrices que, se concluyó, confluyeron en las cuestiones inherentes a la personalidad, pues aun cuando constituían una cuestión formal que no se tradujera en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sí estaba relacionada con un presupuesto procesal, sin el cual no queda debidamente integrada la litis, aunado a que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Por los motivos apuntados es que se consideró que tales resoluciones constituyen una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, en tanto que causan a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, conforme lo disponía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, remediable mediante el juicio de amparo indirecto, exceptuando la diversa hipótesis en que el acto reclamado constituya declaración de la responsable, relativa a que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, pues entonces, se trataría de una resolución que pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo. Ahora, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio contenido a aquél concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el legislador ordinario al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, en tanto que la vulneración de derechos que se hubiera cometido al no tener por acreditada la personalidad como apoderada legal de la demandada PROFUTURO GNP AFORES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a la licenciada Leticia Madero González, en el juicio natural, constituye un acto procesal subsanable si la promovente del amparo obtiene un laudo favorable en el citado procedimiento de origen, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier violación procesal que se hubieran cometido en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, incluso procedería contra el desechamiento de todos los elementos de convicción ofertados por las partes, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos, dentro de los cuales no puede considerarse la determinación que resuelve cuestiones inherentes a la personalidad (salvo cuando se desestima la de la parte actora, pues dada su naturaleza y consecuencias que produce esa determinación, contra ésta procede el amparo directo), en tanto que sus efectos y consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de un laudo favorable. En relación con el tema de que se trata; atendiendo a la Ley de Amparo abrogada, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", sin embargo, el propio Máximo Tribunal del País en diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), declaró inaplicable aquél criterio, por considerar medularmente que dada la connotación que el legislador aportó a la nueva ley de amparo respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece; concluyendo que, por tanto, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que ahora resulta incompatible con el nuevo texto legal, pues como se ha expuesto, dicho criterio se ocupó de darle contenido y alcance al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, la cual que no especificaba lo que habría de entenderse por acto de imposible reparación, mientras que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, vigente a partir del tres del propio mes y año, da contenido a dicho concepto en su artículo 107, fracción V; hipótesis que no se actualiza en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto; y por ende, la demanda de garantías que se aquí se plantea deviene improcedente. La citada Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), corresponde a la Décima Época, Materia Común; se publicó el viernes 06 de junio de 2014; y su contenido literal es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En las condiciones apuntadas; y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el acto que en esta instancia constitucional se reclama no ocasiona una afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sólo produce efectos procesales o adjetivos; por tanto, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Víctor Manuel Lucio Castañeda. Solo resta decir que similar criterio al que aquí se emite, sostuvo el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja laboral 28/2014, el diecinueve de junio de dos mil catorce. Por otra parte, se tiene como autorizados de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a el licenciado Raúl García Sánchez, quien cuenta con su cédula con número 2853741; registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, requisito indispensable dada la materia sobre la que versa el presente asunto, y por no acreditarse lo anterior en cuanto al licenciado Raúl Alberto García López, únicamente se les tiene para oír notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo en vigor; asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Tepozán número 107, Centro, de esta ciudad capital. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy Fe. *FEHF

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