Víctor Manuel Lomelín Barreda
Expediente 624/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Lomelín Barreda
Actuaciones
- Principal
."Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que ya transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama: a) La resolución de siete de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca 701/2020, que modificó el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictado en el incidente de ejecución y cumplimiento de sentencia relativo al cobro de diferencia y/o complemento de pensiones alimenticias y otras prestaciones, deducido de la controversia del orden familiar 1100/2019, acumulado al juicio ordinario civil divorcio necesario expediente 566/2002, para el efecto de ordenar que se llamen a las hijas de las partes en virtud de que ya son mayores de edad y, en consecuencia han dejado de ser representadas por sus progenitores y tienen la libre disposición de su persona y bienes; además de que son capaces de conducirse por sí solas en todos los actos públicos de su vida, tomando en cuenta que no han sido llamadas a juicio y se ven involucrados sus intereses. b) La resolución de siete de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca 700/2020, que dejó insubsistente el auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el cual se tuvieron por hechas las manifestaciones de la mandataria judicial de la parte demandada en el incidente de origen y se determinó que debía estarse a lo acordado en diverso proveído de la misma fecha; proveído dictado en el incidente de ejecución y cumplimiento de sentencia relativo al cobro de diferencia y/o complemento de pensiones alimenticias y otras prestaciones, deducido de la controversia del orden familiar expediente 1100/2019, acumulado al juicio ordinario civil divorcio necesario expediente 566/2002, en congruencia con la resolución dictada en el toca 701/2020. Así, las cosas, se estima que las resoluciones reclamadas no constituyen actos de imposible reparación, con los cuales se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte a través de las garantías individuales. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sobre la base expuesta, las resoluciones reclamadas, no cumplen con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afectan directa e inmediatamente prerrogativas fundamentales de las gobernadas (ningún derecho sustantivo, o propiedades, posesiones, vida, libertad, intimidad, etcétera). Aunado a que en todo caso, las transgresiones aducidas constituyen infracciones al procedimiento susceptibles de ser reparadas al promoverse juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el incidente respectivo. Lo anterior encuentra sustento, por analogía y las razones que la conforman, en la jurisprudencia 569 del Pleno de la Suprema de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio".Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en el escrito de demanda. Por otra parte, ténganse por autorizadas de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, a Adriana Mónica Rangel Menchaca y Jeacklynn Broockleenn Martínez Argüelles toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho, en términos del Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos y valores a Geovanny Ascencio Riquelme, hasta en tanto acredite haber dado cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 26, 29 ó 30 de la Ley General de Profesiones. Asimismo, ténganse por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, de conformidad con lo establecido en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. Autorización para obtener imágenes. Hágase del conocimiento de las partes, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Exhortación. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente al promovente, para lo cual la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
*CITATORIO* SE NOTIFICA POR LISTA A VICTOR MANUEL LOMELI BARREDA EL AUTO DE 05/11/2020.
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