Víctor Manuel Liceaga Saldaña

Expediente 470/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
470/2017
Año
2017
Actuaciones
27
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Liceaga Saldaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Baltazar Palma Mayo, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido y con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias certificadas de lo que solicita, las cuales podrá obtener y recoger en cualquier día hábil, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción, previa razón de recibo que se otorgue en autos para debida constancia legal. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero ocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de doce de enero del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Por otra parte, en relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo vigésimo, así como en la diversa III del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido, por lo que una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído previa acta, relación que se elabore para la identificación de los incidentes y anotaciones correspondientes en los libros respectivos, deberán desincorporarse y destruirse. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, doce de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de quien reclamó lo siguiente: "La sentencia de treinta de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del Toca Penal VII-500/2016, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso el Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen contra la resolución de dos de mayo de dos mil dieciséis, a través de la cual el entonces Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, negó la orden de aprehensión solicitada dentro de la causa penal 32/2016-II, instruida contra la aquí tercero interesada María Cristina Buenos Aires Ávila, por el delito de despojo en agravio del quejoso Víctor Manuel Liceaga Saldaña; a virtud de la cual se confirmó la determinación apelada." En la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "(. ) que la Sala Penal responsable: 1. Deje insubsistente la resolución de treinta de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal VII-500/2016 de su estadística. 2. En su lugar, emita otra en la que, de manera fundada y motivada, analice el caudal probatorio allegado en la indagatoria, y demás actuaciones practicadas, en los términos indicados en la presente resolución. 3. Con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a sus atribuciones (.)" En cumplimiento a esa sentencia, la Sala responsable remitió copia certificada de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal toca penal VII-500/2016; documental pública que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De la sentencia mencionada, se desprende lo siguiente: a) Dejó insubsistente de la determinación de treinta de marzo de dos mil diecisiete. b) Valoró en su conjunto las pruebas agregadas a la indagatoria (escritura pública 8,842, recibos de mantenimiento, informe del administración del condominio del bien inmueble materia de la litis, testigos ofrecidos Edgar Eduardo Chávez Vázquez y David Castrejón Arteaga, diligencia de inspección ocular y dictamen rendido por el perito nombrado por Ministerio Público y las documentales ofrecidas por la parte activa); y c) Con libertad de jurisdicción emitió la sentencia de mérito en la que determinó confirmar el auto que negó la orden de aprehensión de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el entonces Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 32/2016-II, a favor de María Cristina Buenos Aires Ávila, por el delito de despojo en agravio de Víctor Manuel Liceaga Saldaña. En esas condiciones, si la autoridad responsable se pronunció en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia simple que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Notifíquese.

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