Víctor Manuel León López
Expediente 1899/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1899/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/02/2019
Partes del expediente
- Víctor Manuel León López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de amparo dictado en el presente sumario constitucional (fojas 28 a 34), y de la que se advierte que se negó al quejoso la protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, dejando sin efectos el apercibimiento decretado mediante el proveído en comento a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, que entró en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit y anexo, mediante el cual pretende dar cumplimiento al fallo protector; sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. **
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este juzgado federal, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada en el presente sumario constitucional el veintiséis de diciembre del año pasado, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa; consecuentemente, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el computó de dicho termino para la responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en virtud de que ésta es un órgano jurisdiccional y, por tanto, carece de legitimación para interponer el medio de impugnación referido, en razón que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento del laudo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo XVIII, Julio de 2003, novena época, página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "**. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de diez días contado a partir de que surta efectos la notificación que se realice de este proveído, acate en sus términos el fallo protector de que se trata Y una vez que lo haya realizado, informe de inmediato sobre su cumplimiento, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, remítase a la responsable un legajo de pruebas que anexó a su informe justificado en virtud de que resulta innecesaria la retención de éste.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara NI protege al quejoso.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el escrito suscrito por ****en su carácter de autorizada del gestionante del amparo y anexo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, relativas a que hasta el momento no se puede tener por cumplida la sentencia concesoria del amparo, dado que las autoridades responsables no han acreditado que dejaron de descontar al quejoso por el concepto 53, lo cual debe reflejarse en su nómina; en consecuencia, agreguése a sus autos para que obren como corresponda. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como, al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, ambos con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento total al fallo protector concedido. Apercibidos que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De otra parte, en cuanto a la petición de la compareciente, mediante el cual solicita copia del presente acuerdo, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su arábigo 2, se autoriza la expedición de lo indicado; lo anterior a su costa, previa toma de razón que de su entrega deje en autos la compareciente o su autorizada para tal efecto.
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