Víctor Manuel Lameida Mora

Expediente 604/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
604/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
26/01/2016

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Lameida Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Víctor Manuel Almeida Mora, recurriera la resolución que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y II del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Asimismo, glósese el CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, derivado del presente juicio de amparo, y debido a que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, SE ORDENA SU DEPURACIÓN, conservando los autos relativos al otorgamiento de la suspensión. Finalmente, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; el cual deberá conservarse pro separado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION III INCISO b) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"...SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA..."

  3. Incidental

    ÚNICO. Se CONCEDE la SUSPENSIÓN DEFINITIVA, solicitada por VÍCTOR MANUEL ALMEIDA MORA, contra los actos de las autoridades señaladas en el considerando primero de esta resolución por los motivos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE

  4. Incidental

    Ensenada, Baja California, veintiuno de diciembre de dos mil quince. Vista la cuenta que antecede; como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 122, 124 y 131 de la Ley de Amparo abrogada, con copia del auto admisorio de esta fecha y dos copias simples de la demanda de amparo, formulada por Víctor Manuel Almeida Mora, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal, con residencia en esta ciudad; fórmese por duplicado el incidente de suspensión. Pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, para cuyo efecto remítasele copia simple del ocurso de mérito, apercibida que de no hacerlo se le impondrá un correctivo disciplinario con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del ordenamiento legal en cita. Se señalan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia incidental. Con fundamento en los artículos 124 y 136 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a VÍCTOR MANUEL ALMEIDA MORA, para el efecto que no se le haga efectiva la medida de apremio consistente en la orden de arresto, hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. Sin que haya necesidad de fijar garantía para que surta efectos la suspensión provisional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 75/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página dieciocho, del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento." Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consultable en la página mil ciento dos, Tomo XVII, abril de dos mil tres, Novena Época, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS DE APREMIO DICTADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE TRATE DEL ARRESTO. La suspensión en el juicio de amparo es la institución jurídica por virtud de la cual la autoridad que conoce del juicio de garantías ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías, a fin de que no ejecuten los actos reclamados y no queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas; medida cautelar cuya procedencia está determinada por la concurrencia de los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, que en síntesis son los siguientes: a) que lo solicite el agraviado; b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios causados con la ejecución del acto. De acuerdo con tales premisas es inconcuso que no procede conceder la suspensión respecto de la ejecución de medidas de apremio decretadas por las autoridades judiciales cuyo propósito sea vencer la contumacia del quejoso a cumplir una determinación, pues no se satisface el segundo de los mencionados requisitos, en tanto la sociedad está interesada en que no se entorpezcan los procedimientos judiciales, ni la observancia de los fallos que establecen la verdad legal; de lo contrario se alargarían los litigios indefinidamente con grave perjuicio para la colectividad y se violarían disposiciones de orden público. Sin embargo, esta conclusión no debe comprender a la ejecución de la orden de arresto a pesar de que se haya decretado como medida de apremio, porque de no concederse en este caso, se consumaría irreparablemente la privación de la libertad personal del quejoso y quedaría sin materia el juicio de amparo; en otras palabras, ni siquiera un eventual otorgamiento de la protección constitucional podría restituir al peticionario en el goce de su garantía individual, porque la afectación de la libertad no puede repararse a través de ningún medio jurídico." Finalmente, como lo solicita el promovente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la suspensión provisional y entréguese por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previa razón que de su recibo se otorgue en autos. NOTIFÍQUESE.

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