Víctor Manuel Kido Cruz

Expediente 103/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
103/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Kido Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo que promueve Víctor Manuel Kido Cruz, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral Región Morelia, de la Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal, ambos con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número V-103/2021. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, revela que los actos reclamados por los promoventes de amparo son los siguientes: Al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, le reclama: El auto de citación a audiencia inicial para formular imputaciones a las indiciados, dentro de la causa penal número 2031/2020 que le fue notificado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Mientras que a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo: La Solicitud de Audiencia de Formulación de Imputaciones, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dentro del número de Carpeta de Investigación Numero Único de Caso 1003202029975. Improcedencia Acto reclamado al juez señalado como responsable. En la especie, este órgano jurisdiccional por lo que respecta al acto atribuido al juez responsable estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en concordancia con 107, fracción V, este último aplicado en su interpretación inversa, ambos de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. Así pues, el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la misma ley, prevén que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VI.1º.A. J/10, consultable en la página 1570 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de dos mil catorce, materia común, décima época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquél que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, como quedó precisado, la parte quejosa reclama el acuerdo de citación a audiencia inicial para formular imputaciones a las indiciados, dentro de la causa penal número 2031/2020 que le fue notificado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Morelia (en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Lo anterior, permite sostener que dicho acto no es de aquéllos considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos, como la vida, la propiedad o la libertad, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no trasciende al resultado del fallo, sino que cosiste sólo en la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable. Si bien pudiera pensarse que podría caber dentro de la fracción V del numeral 107, la cual señala que el amparo biistancial es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, ante el acto de autoridad del que se duele la parte promovente, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, señaló que sí era procedente el amparo indirecto contra la orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación bajo las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, de las legislaciones de los Estados de Durango y Chihuahua. Lo anterior generó la jurisprudencia 1a./J.93/2013, con número de registro 2005048, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. No obstante, al momento de que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió la anterior jurisprudencia aún no se encontraba en pleno ni total funcionamiento el sistema de justicia penal adversarial en lo que respecta a nivel federal. Fue hasta el cinco de marzo de dos mil catorce que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es la legislación adjetiva vigente que regula el procedimiento en materia penal, tanto en las entidades federativas, como a nivel federal. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver ahora la contradicción de tesis 141/2018, emite el siguiente criterio jurisprudencial: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior nos permite observar que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País abandonó el criterio emitido en el año dos mil trece donde preveía que el amparo biinstancial sí era procedente contra la orden de citación para formular imputación; para ahora, decidir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la orden de citación para formular imputación, tal como es el acto reclamado en este caso al autoridad jurisdiccional en comento. Dado que el Juez de Control emite la orden de citación a efecto de que comparezca el quejoso a fin de que en la audiencia respectiva se le formule imputación solicitada por el Ministerio Público, por lo cual, dicho acto no es un acto que atente contra la libertad personal del quejoso, dado que lo único a lo que se limitará el Juez de Control es a comunicarle lo solicitado por el fiscal; por tanto, dicho acto de comunicación, que es la orden de citación, no afecta la libertad del quejoso, ya que en caso contrario de no asistir el fiscal podría pedir el uso de la fuerza pública para su comparecencia. Cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de la contradicción de tesis 141/2018, argumentó lo siguiente: "32. En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal: "Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas "La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. "En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su defensor." 33. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. 34. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. 35. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. 36. Por tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley". En efecto, la citación reclamada no conlleva, per se, afectación a la libertad personal del quejoso, porque aquélla sólo consiste en la comunicación al citado de que se requiere su presencia ante el órgano jurisdiccional. Esto es, la citación no afecta la libertad personal pues sólo tiene por objeto comunicarle la necesidad de su presencia para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de formulación de imputación, pues es necesaria la presencia de los imputados a fin de que hagan valer sus derechos. En el entendido que las consecuencias que podrían derivar de la inasistencia del inconforme, no forman parte del reclamo en esta instancia legal, aunado a que, en todo caso, constituirían actos futuros de realización incierta, pues su aplicación, de existir, estaría condicionada a que el llamado no asista sin justificación y a que la autoridad decidiera la aplicación de alguna medida de apremio; empero, sin que ello sea parte del reclamo ni conste en este expediente, según se dijo. Desechamiento Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata por el acto consistente en el auto de citación a audiencia inicial para formular imputaciones a las indiciados, dentro de la causa penal número 2031/2020 que le fue notificado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Hasta aquí con el acto reclamado al juez señalado como responsable. Acto atribuido a la la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. Aunado a lo analizado, también se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. El primer precepto dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5, fracción II, párrafo primero, indica que las autoridades responsables son las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido construyendo un criterio que defina las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Tales características son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, se estableció en la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Criterio antes invocado que, desde luego, fue emitido con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, en la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se hizo otra cosa más que recoger algunas de las anteriores notas distintivas para establecerlas expresamente en el artículo 5, fracción II, de la nueva Ley de Amparo. Actualmente, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado [autoridad con independencia de su naturaleza formal], dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo. Empero, la circunstancia de que no se haya establecido en la Ley de Amparo que debe de existir entre el ente de hecho o de derecho y el quejoso una relación de supra a subordinación, no quiere decir que éste deje de ser un requisito fundamental para determinar si se trata o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional. Sin que sea óbice que el segundo párrafo del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establezca que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa misma fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; pues tal apartado normativo debe interpretarse en el sentido de que la propia ley le da al particular el imperio para actuar frente al gobernado, en un plano de supra a subordinación y no, como naturalmente lo hace, en coordinación. Por ello, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las particularidades del acto mismo; en otras palabras, debe atenderse a la norma legal y examinarla si facultan a aquélla o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o, bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, es útil acudir a la distinción que hace la teoría general de derecho entre relaciones jurídicas de coordinación, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes. De igual manera, se debe acudir a las relaciones de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. En ese sentido, debe mencionarse que las relaciones jurídicas de coordinación, al entablarse en un plano de igualdad, ninguno de ellos actúa como autoridad y, por ende, los actos realizados por los mismos no pueden ser actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; mientras que en las relaciones jurídicas de subordinación y de supraordinación, sí se pueden suscitar actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que al intervenir en ellas uno o más órganos del Estado que unilateralmente imponen su voluntad, pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Asimismo, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.". Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo el ente de hecho o de derecho que, en una relación de supra a subordinación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, resulta pertinente destacar que si bien la representación social señalada como "autoridad responsable" por los quejosos pueden emitir actos unilaterales, a través de los cuales pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, la realidad es que no se da tal supuesto cuando éstas actúan desprovistas de la facultad de imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. En el caso que nos ocupa, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe precisarse que la parte quejosa reclamó al juez señalado como responsable: el acuerdo de citación a audiencia inicial para formular imputaciones a las indiciados, dentro de la causa penal número 2031/2020 que le fue notificado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Morelia -cuya procedencia ya fue motivo de estudio-. Mientras que a la autoridad investigadora, reclama: la Solicitud de Audiencia de Formulación de Imputaciones, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dentro del número de Carpeta de Investigación Numero Único de Caso 1003202029975. Ahora, para sustentar la improcedencia, es importante traer a colación lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en la cual adujo lo siguiente: "Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal, la figura del Juez de Control, en los siguientes términos: Artículo 16. (...) Los Poderes Judiciales contarán con Jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre Jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Por su parte, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un Juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho..." Asimismo, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el estado de derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de Jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. "... "Otra atribución del Juez de Control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de Jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos Jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros Jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros Jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. "... "Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir Jueces de Control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial..." Como puede observarse, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los Jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil (sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones), así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de Control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese contexto, el Juez de Control tiene dos principales funciones: de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o, bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los Jueces de Control estarán (fáctica y jurídicamente) más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Para efectos del tópico que se analiza, cobra relevancia señalar que el Juez de Control debe ejercer control de legalidad de las determinaciones del Ministerio Público, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar; toda vez que es la autoridad jurisdiccional que está fáctica y jurídicamente más cercana a la investigación de lo tradicional, a fin de que se sujeten a reglas y el respeto a los derechos humanos. Aunado a lo anterior, se establece que de la directriz constitucional, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema penal acusatorio y oral adversarial el agente del Ministerio Público es una parte procesal igual que la víctima u ofendido, asesor jurídico, imputado o defensor, pues todos realizan actos de investigación. Ello se observa en las fases de investigación a que se refiere el artículo 211, fracción I, incisos a) y b), del Código Nacional de Procedimientos Penales [inicial como complementaria], como se aprecia a continuación: 1) La investigación se judicializó; el agente del Ministerio Público ya no genera prueba en la investigación, es decir, en el nuevo sistema penal, conforme al principio de igualdad entre las partes (donde se garantiza las condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen), todas estas investigan y quien controla sus actos u omisiones en esas fases de investigación es el Juez de Control, quien asume el carácter de autoridad en el sistema penal acusatorio y oral, pues así se desprende de los artículos 16, párrafo catorce, de la Constitución; 3º, fracción VII, 24, 29, 133, fracción I, 137 al 174, 183 al 206, 211, fracciones I, incisos a) y b), II, 219, 220, 227, 231, 251, 252, 258, 267 al 303, 304, 307 al 347 y 467, del Código Nacional de Procedimiento Penales. 2) La relación jurídica existente entre las partes corresponde a una de coordinación entre el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y representante legal, imputado y defensor, porque todas realizan actos de investigación; y, 3) Todos los actos de investigación que realizan las partes son analizadas ante su falta de idoneidad o pertinencia, así como el estudio de su ilegalidad en la obtención, ante el Juez de Control; por tanto, ello evita que el Fiscal sea quien decida en exclusiva las cuestiones referentes a las técnicas de investigación, lo que solo implica la posibilidad de que la parte afectada acuda a solicitar audiencia ante el Juez de Control para solucionar el conflicto penal suscitado en la etapa de investigación inicial o complementaria. En ese contexto constitucional y legal, de una interpretación sistemática y funcional, se advierte que el Juez de Control es la autoridad facultada para resolver todas las cuestiones que sean materia de controversia en la investigación inicial (formulación de imputación, incluida la propia solicitud de ésta) o complementaria. Por tanto, atendiendo a que en el nuevo sistema de justicia penal el Ministerio Público figura como parte, en igualdad de condiciones que el imputado y la víctima, los actos que realiza no podrían someterse a escrutinio en el juicio de amparo, el cual procede contra actos de autoridad, o de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que afecten derechos en los términos a que se refiere el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, y sus funciones estén determinadas por una norma general, lo cual no acontece en este caso, pues la solicitud de audiencia inicial para formular imputaciones, es precisamente el acto que materializa la sumisión a la directriz de la potestad jurisdiccional por parte de la institución investigadora; luego, ese propio acto no está dirigido a los particulares en específico, sino que someterse a la potestad jurisdiccional, para que a partir de ese momento, se convierta en el rector del procedimiento correspondiente. En otras palabras, los actos atribuidos a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo (solicitud de audiencia de formulación de imputación) no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no actúa en una relación de supra a subordinación, sino en una diversa, esto es, en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con el quejoso, virtud a que constituye el sometimiento a la potestad jurisdiccional, a fin de que se emita el derecho sobre las cuestiones que, en su momento, propondrá ante dicho juez. Desechamiento Consecuentemente, resulta inconcuso que, en el caso, de manera manifiesta e indudable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo que también procede desechar la demande amparo por lo que ve a los actos atribuidos a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro siguiente: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, titulada: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía Se exhorta a las partes para que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejosa, autoridad responsable y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Habilitación de días y horas inhábiles De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo que promueve Víctor Manuel Kido Cruz, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado y del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral Región Morelia, de la Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal, ambos con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número V-103/2021. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, revela que los actos reclamados por los promoventes de amparo son los siguientes: Al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, le reclama: El auto de citación a audiencia inicial para formular imputaciones a las indiciados, dentro de la causa penal número 2031/2020 que le fue notificado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Mientras que a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo: La Solicitud de Audiencia de Formulación de Imputaciones, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dentro del número de Carpeta de Investigación Numero Único de Caso 1003202029975. Improcedencia Acto reclamado al juez señalado como responsable. En la especie, este órgano jurisdiccional por lo que respecta al acto atribuido al juez responsable estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en concordancia con 107, fracción V, este último aplicado en su interpretación inversa, ambos de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. Así pues, el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la misma ley, prevén que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VI.1º.A. J/10, consultable en la página 1570 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de dos mil catorce, materia común, décima época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquél que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, como quedó precisado, la parte quejosa reclama el acuerdo de citación a audiencia inicial para formular imputaciones a las indiciados, dentro de la causa penal número 2031/2020 que le fue notificado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Morelia (en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Lo anterior, permite sostener que dicho acto no es de aquéllos considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos, como la vida, la propiedad o la libertad, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no trasciende al resultado del fallo, sino que cosiste sólo en la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable. Si bien pudiera pensarse que podría caber dentro de la fracción V del numeral 107, la cual señala que el amparo biistancial es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, ante el acto de autoridad del que se duele la parte promovente, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, señaló que sí era procedente el amparo indirecto contra la orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación bajo las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, de las legislaciones de los Estados de Durango y Chihuahua. Lo anterior generó la jurisprudencia 1a./J.93/2013, con número de registro 2005048, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. No obstante, al momento de que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió la anterior jurisprudencia aún no se encontraba en pleno ni total funcionamiento el sistema de justicia penal adversarial en lo que respecta a nivel federal. Fue hasta el cinco de marzo de dos mil catorce que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es la legislación adjetiva vigente que regula el procedimiento en materia penal, tanto en las entidades federativas, como a nivel federal. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver ahora la contradicción de tesis 141/2018, emite el siguiente criterio jurisprudencial: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior nos permite observar que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País abandonó el criterio emitido en el año dos mil trece donde preveía que el amparo biinstancial sí era procedente contra la orden de citación para formular imputación; para ahora, decidir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la orden de citación para formular imputación, tal como es el acto reclamado en este caso al autoridad jurisdiccional en comento. Dado que el Juez de Control emite la orden de citación a efecto de que comparezca el quejoso a fin de que en la audiencia respectiva se le formule imputación solicitada por el Ministerio Público, por lo cual, dicho acto no es un acto que atente contra la libertad personal del quejoso, dado que lo único a lo que se limitará el Juez de Control es a comunicarle lo solicitado por el fiscal; por tanto, dicho acto de comunicación, que es la orden de citación, no afecta la libertad del quejoso, ya que en caso contrario de no asistir el fiscal podría pedir el uso de la fuerza pública para su comparecencia. Cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de la contradicción de tesis 141/2018, argumentó lo siguiente: "32. En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal: "Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas "La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su defensor." 33. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. 34. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. 35. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. 36. Por tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley". En efecto, la citación reclamada no conlleva, per se, afectación a la libertad personal del quejoso, porque aquélla sólo consiste en la comunicación al citado de que se requiere su presencia ante el órgano jurisdiccional. Esto es, la citación no afecta la libertad personal pues sólo tiene por objeto comunicarle la necesidad de su presencia para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de formulación de imputación, pues es necesaria la presencia de los imputados a fin de que hagan valer sus derechos. En el entendido que las consecuencias que podrían derivar de la inasistencia del inconforme, no forman parte del reclamo en esta instancia legal, aunado a que, en todo caso, constituirían actos futuros de realización incierta, pues su aplicación, de existir, estaría condicionada a que el llamado no asista sin justificación y a que la autoridad decidiera la aplicación de alguna medida de apremio; empero, sin que ello sea parte del reclamo ni conste en este expediente, según se dijo. Desechamiento Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata por el acto consistente en el auto de citación a audiencia inicial para formular imputaciones a las indiciados, dentro de la causa penal número 2031/2020 que le fue notificado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Hasta aquí con el acto reclamado al juez señalado como responsable. Acto atribuido a la la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. Aunado a lo analizado, también se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. El primer precepto dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5, fracción II, párrafo primero, indica que las autoridades responsables son las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido construyendo un criterio que defina las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Tales características son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, se estableció en la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Criterio antes invocado que, desde luego, fue emitido con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, en la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se hizo otra cosa más que recoger algunas de las anteriores notas distintivas para establecerlas expresamente en el artículo 5, fracción II, de la nueva Ley de Amparo. Actualmente, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado [autoridad con independencia de su naturaleza formal], dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo. Empero, la circunstancia de que no se haya establecido en la Ley de Amparo que debe de existir entre el ente de hecho o de derecho y el quejoso una relación de supra a subordinación, no quiere decir que éste deje de ser un requisito fundamental para determinar si se trata o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional. Sin que sea óbice que el segundo párrafo del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establezca que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa misma fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; pues tal apartado normativo debe interpretarse en el sentido de que la propia ley le da al particular el imperio para actuar frente al gobernado, en un plano de supra a subordinación y no, como naturalmente lo hace, en coordinación. Por ello, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las particularidades del acto mismo; en otras palabras, debe atenderse a la norma legal y examinarla si facultan a aquélla o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o, bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, es útil acudir a la distinción que hace la teoría general de derecho entre relaciones jurídicas de coordinación, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes. De igual manera, se debe acudir a las relaciones de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. En ese sentido, debe mencionarse que las relaciones jurídicas de coordinación, al entablarse en un plano de igualdad, ninguno de ellos actúa como autoridad y, por ende, los actos realizados por los mismos no pueden ser actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; mientras que en las relaciones jurídicas de subordinación y de supraordinación, sí se pueden suscitar actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que al intervenir en ellas uno o más órganos del Estado que unilateralmente imponen su voluntad, pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Asimismo, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo el ente de hecho o de derecho que, en una relación de supra a subordinación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, resulta pertinente destacar que si bien la representación social señalada como autoridad responsable por los quejosos pueden emitir actos unilaterales, a través de los cuales pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, la realidad es que no se da tal supuesto cuando éstas actúan desprovistas de la facultad de imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. En el caso que nos ocupa, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe precisarse que la parte quejosa reclamó al juez señalado como responsable: el acuerdo de citación a audiencia inicial para formular imputaciones a las indiciados, dentro de la causa penal número 2031/2020 que le fue notificado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Morelia -cuya procedencia ya fue motivo de estudio-. Mientras que a la autoridad investigadora, reclama: la Solicitud de Audiencia de Formulación de Imputaciones, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dentro del número de Carpeta de Investigación Numero Único de Caso 1003202029975. Ahora, para sustentar la improcedencia, es importante traer a colación lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en la cual adujo lo siguiente: Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal, la figura del Juez de Control, en los siguientes términos: Artículo 16. Los Poderes Judiciales contarán con Jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre Jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Por su parte, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un Juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho..." Asimismo, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el estado de derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de Jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. "... "Otra atribución del Juez de Control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de Jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos Jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros Jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros Jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. "... "Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir Jueces de Control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial..." Como puede observarse, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los Jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil (sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones), así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de Control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese contexto, el Juez de Control tiene dos principales funciones: de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o, bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los Jueces de Control estarán (fáctica y jurídicamente) más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Para efectos del tópico que se analiza, cobra relevancia señalar que el Juez de Control debe ejercer control de legalidad de las determinaciones del Ministerio Público, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar; toda vez que es la autoridad jurisdiccional que está fáctica y jurídicamente más cercana a la investigación de lo tradicional, a fin de que se sujeten a reglas y el respeto a los derechos humanos. Aunado a lo anterior, se establece que de la directriz constitucional, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema penal acusatorio y oral adversarial el agente del Ministerio Público es una parte procesal igual que la víctima u ofendido, asesor jurídico, imputado o defensor, pues todos realizan actos de investigación. Ello se observa en las fases de investigación a que se refiere el artículo 211, fracción I, incisos a) y b), del Código Nacional de Procedimientos Penales [inicial como complementaria], como se aprecia a continuación: 1) La investigación se judicializó; el agente del Ministerio Público ya no genera prueba en la investigación, es decir, en el nuevo sistema penal, conforme al principio de igualdad entre las partes (donde se garantiza las condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen), todas estas investigan y quien controla sus actos u omisiones en esas fases de investigación es el Juez de Control, quien asume el carácter de autoridad en el sistema penal acusatorio y oral, pues así se desprende de los artículos 16, párrafo catorce, de la Constitución; 3º, fracción VII, 24, 29, 133, fracción I, 137 al 174, 183 al 206, 211, fracciones I, incisos a) y b), II, 219, 220, 227, 231, 251, 252, 258, 267 al 303, 304, 307 al 347 y 467, del Código Nacional de Procedimiento Penales. 2) La relación jurídica existente entre las partes corresponde a una de coordinación entre el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y representante legal, imputado y defensor, porque todas realizan actos de investigación; y, 3) Todos los actos de investigación que realizan las partes son analizadas ante su falta de idoneidad o pertinencia, así como el estudio de su ilegalidad en la obtención, ante el Juez de Control; por tanto, ello evita que el Fiscal sea quien decida en exclusiva las cuestiones referentes a las técnicas de investigación, lo que solo implica la posibilidad de que la parte afectada acuda a solicitar audiencia ante el Juez de Control para solucionar el conflicto penal suscitado en la etapa de investigación inicial o complementaria. En ese contexto constitucional y legal, de una interpretación sistemática y funcional, se advierte que el Juez de Control es la autoridad facultada para resolver todas las cuestiones que sean materia de controversia en la investigación inicial (formulación de imputación, incluida la propia solicitud de ésta) o complementaria. Por tanto, atendiendo a que en el nuevo sistema de justicia penal el Ministerio Público figura como parte, en igualdad de condiciones que el imputado y la víctima, los actos que realiza no podrían someterse a escrutinio en el juicio de amparo, el cual procede contra actos de autoridad, o de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que afecten derechos en los términos a que se refiere el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, y sus funciones estén determinadas por una norma general, lo cual no acontece en este caso, pues la solicitud de audiencia inicial para formular imputaciones, es precisamente el acto que materializa la sumisión a la directriz de la potestad jurisdiccional por parte de la institución investigadora; luego, ese propio acto no está dirigido a los particulares en específico, sino que someterse a la potestad jurisdiccional, para que a partir de ese momento, se convierta en el rector del procedimiento correspondiente. En otras palabras, los actos atribuidos a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo (solicitud de audiencia de formulación de imputación) no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no actúa en una relación de supra a subordinación, sino en una diversa, esto es, en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con el quejoso, virtud a que constituye el sometimiento a la potestad jurisdiccional, a fin de que se emita el derecho sobre las cuestiones que, en su momento, propondrá ante dicho juez. Desechamiento Consecuentemente, resulta inconcuso que, en el caso, de manera manifiesta e indudable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo que también procede desechar la demande amparo por lo que ve a los actos atribuidos a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro siguiente: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, titulada: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía Se exhorta a las partes para que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejosa, autoridad responsable y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Habilitación de días y horas inhábiles De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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