Víctor Manuel Ibarra Adame

Expediente 1016/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1016/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
19/01/2018

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Ibarra Adame

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que el asunto se ubica en la hipótesis TERCERA, contenida en la tabla de cuenta, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de DESTRUCCIÓN. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, DESTRÚYASE el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de DEPURACIÓN, mientras que el duplicado de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general.

  2. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 Y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa en la sentencia dictada, únicamente se concedió en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de DEPURACIÓN, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la autoridad responsable el duplicado del expediente 231/2010; lo anterior, por ser innecesaria su retención. Sírvase acusar el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes en proveído de treinta de noviembre pasado para desahogar la vista en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª/J. 26/2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Este juzgado federal, por sentencia emitida por el veinte de octubre de dos mil diecisiete, por una parte sobreseyó y por el resto concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "[.] En las relatadas consideraciones, al ser fundados los conceptos de violación expresados, suplidos en su deficiencia, la justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a VÍCTOR MANUEL IBARRA ADAME, en relación con la orden de reaprehensión de dieciséis de mayo de dos mil catorce, dictada en el juicio penal 231/2010, reclamada al Juez Primero de lo Penal de Colima, para los efectos que se precisan más adelante. Concesión que se hace extensiva en torno al acto consistente en la ejecución de orden de reaprehensión, reclamada al Director de Control de Procesos de Colima; y, Director de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado. EFECTOS DEL AMPARO. Para que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil catorce, donde ordenó la reaprehensión del procesado-quejoso. Además, de forma fundada y motivada, requiera al imputado-quejoso a efecto de que justifique la inasistencia de once de marzo de dos mil catorce, así como las inasistencias a firmar el libro de procesados que gozan de la libertad bajo caución desde el quince de julio de dos mil trece, bajo advertencia que de no hacerlo se ordenará su reaprehensión, en cumplimiento al diverso apercibimiento contenido en el acuerdo de diez de junio de dos mil trece. En la inteligencia de que la autoridad responsable conserva plenitud de jurisdicción, para acordar lo que en derecho corresponda. Deje sin efectos la orden de hacer efectiva la caución exhibida para garantizar la libertad bajo caución por concepto de obligaciones procesales y, en consecuencia gestione la recuperación de dicha garantía. [.]". En auto de veintidós de noviembre causó ejecutoria dicha sentencia (folio 61). Por oficio 29231 de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el juez responsable remitió copia certificada del auto de veintiocho de noviembre pasado dictado en la causa penal 261/2010, a través del cual dejó insubsistente el proveído de dieciséis de mayo de dos mil catorce, requirió al imputado-quejoso a efecto de justificar la inasistencia de once de marzo de dos mil catorce así como las inasistencias a firmar el libro de procesados que gozan de la libertad bajo caución desde el quince de julio de dos mil trece, finalmente dejó sin efectos la orden de hacer efectiva la caución exhibida por el quejoso para garantizar la libertad bajo caución por concepto de obligaciones procesales; de igual forma, remitió copia certificada del oficio 3278/20147 suscrito por el juez responsable a través del cual gestionó la recuperación de la garantía de mérito ante el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima (folios 70 a 73). Documentales, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio. Por tanto, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria, se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma el derecho fundamental por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos al tercero interesado Juan Guillermo Esparza Medina, el auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, que en su parte conducente dice: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes en proveído de treinta de noviembre pasado para desahogar la vista en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª/J. 26/2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Este juzgado federal, por sentencia emitida por el veinte de octubre de dos mil diecisiete, por una parte sobreseyó y por el resto concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "[.] En las relatadas consideraciones, al ser fundados los conceptos de violación expresados, suplidos en su deficiencia, la justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a VÍCTOR MANUEL IBARRA ADAME, en relación con la orden de reaprehensión de dieciséis de mayo de dos mil catorce, dictada en el juicio penal 231/2010, reclamada al Juez Primero de lo Penal de Colima, para los efectos que se precisan más adelante. Concesión que se hace extensiva en torno al acto consistente en la ejecución de orden de reaprehensión, reclamada al Director de Control de Procesos de Colima; y, Director de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado. EFECTOS DEL AMPARO. Para que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil catorce, donde ordenó la reaprehensión del procesado-quejoso. Además, de forma fundada y motivada, requiera al imputado-quejoso a efecto de que justifique la inasistencia de once de marzo de dos mil catorce, así como las inasistencias a firmar el libro de procesados que gozan de la libertad bajo caución desde el quince de julio de dos mil trece, bajo advertencia que de no hacerlo se ordenará su reaprehensión, en cumplimiento al diverso apercibimiento contenido en el acuerdo de diez de junio de dos mil trece. En la inteligencia de que la autoridad responsable conserva plenitud de jurisdicción, para acordar lo que en derecho corresponda. Deje sin efectos la orden de hacer efectiva la caución exhibida para garantizar la libertad bajo caución por concepto de obligaciones procesales y, en consecuencia gestione la recuperación de dicha garantía. [.]". En auto de veintidós de noviembre causó ejecutoria dicha sentencia (folio 61). Por oficio 29231 de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el juez responsable remitió copia certificada del auto de veintiocho de noviembre pasado dictado en la causa penal 261/2010, a través del cual dejó insubsistente el proveído de dieciséis de mayo de dos mil catorce, requirió al imputado-quejoso a efecto de justificar la inasistencia de once de marzo de dos mil catorce así como las inasistencias a firmar el libro de procesados que gozan de la libertad bajo caución desde el quince de julio de dos mil trece, finalmente dejó sin efectos la orden de hacer efectiva la caución exhibida por el quejoso para garantizar la libertad bajo caución por concepto de obligaciones procesales; de igual forma, remitió copia certificada del oficio 3278/20147 suscrito por el juez responsable a través del cual gestionó la recuperación de la garantía de mérito ante el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima (folios 70 a 73). Documentales, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio. Por tanto, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria, se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma el derecho fundamental por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

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