Víctor Manuel Hernández Sosa
Expediente 1290/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Víctor Manuel Hernández Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de veintinueve de noviembre del año actual, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquél auto ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido auto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el alegato ministerial 789/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se sobresea en el presente juicio de amparo y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente asunto. En atención a su contenido, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el acuerdo de veintinueve de noviembre de año que transcurre, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo 1290/2018. Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, proceda la secretaría a expedir a costa de la citada agente las copias certificadas que solicita, previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO...QUEJOSA ...Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, al que acompaña en apoyo al citado informe las constancias conducentes del juicio laboral 849/2016. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir los actos reclamados en la omisión del Fiscal General del Estado, de designar perito para el desahogo de las pruebas periciales ofrecidas por el aquí quejoso en el expediente laboral 849/2016, solicitado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y de esta última, la omisión de realizar las diligencias pertinentes a fin de que el Fiscal General del Estado designe al perito antes nombrado. Sin embargo, de las copias certificadas que el Fiscal General del Estado y la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitieron en apoyo a sus informes justificados, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por oficio 419/2018 de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, solicitó al Fiscal General del Estado, la designación de un perito en materias de documentoscopica, grafoscopica, grafométrica y caligráfica para el desahogo de una prueba pericial ofrecida en el juicio reclamatorio laboral 849/2016; solicitud que fue reiterada por la nombrada autoridad mediante oficio 1244/2018 de veintidós de los corrientes. Asimismo, de la propias constancias aparece que mediante oficio FGE-1311-2018 de doce de noviembre del año en curso, entregado el veintiuno del mismo mes y año, el Fiscal General del Estado, designó y proporcionó al L.C.C. Jafar Ali Quintal Euroza como perito para el desahogo de pruebas periciales en el expediente laboral 849/2016, solicitado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado a través de su oficio 419/2018 de diecisiete de abril del año que transcurre. De igual forma, se aprecia que por oficio FGE/ICF/428/2018 de veintidós de noviembre del presente año, el perito designado, aceptó el cargo para el que fue propuesto, manifestando su anuencia a dicha designación y solicitó un término prudente para poder rendir el dictamen pericial solicitado. Todo esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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