Victor Manuel Hernandez Huchin
Expediente 1108/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Victor Manuel Hernandez Huchin
Actuaciones
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a *** en contra del acto que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, Presidente y Actuario adscritos, por los motivos expuestos y para los efectos descritos en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. Notifíquese. y por oficio a las autoridades.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de la representante legal de Estafeta Mexicana Sociedad Anónima de Capital Variable, mismo que será adjuntado a la comunicación que para tal efecto se gire, informando lo siguiente: "Por medio del presente escrito y en alcance a la respuesta del oficio al rubro citado, informo que el envío amparado con número de guía 901868548324A508329738 y código de rastro 1472098766, hacemos de su conocimiento, que el reporte generado con el número de folio 2347262 , de fecha 29 de septiembre del 2023, fue generado por el remitente, en cuanto a la leyenda en proceso de verificación, alude a que se generó una verificación de entrega de acuerdo a lo proporcionado por nuestro sistema, como se mencionó, anteriormente, este fue entregado a su destinatario de manera correcta el día 14 de septiembre del 2023, por lo que informamos que se trata de una entrega correcta de acuerdo a lo arrojado por nuestro sistema"
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios de cuenta, suscritos por la (i) Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por si y en representación de (ii) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y (iii) Actuario de su adscripción, todos con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinden sus respectivos informes justificados. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con sus contenidos, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 del referido ordenamiento legal, se tienen como prueba de las citadas autoridades, las documentales anexadas a los oficios de cuenta, las cuales quedan integradas al expediente electrónico, para ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, siete de septiembre de dos mil veintitrés. REGISTRO, CAPTURA EN SISE Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo promovido por ***, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que atribuye al Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, Presidente y Actuario de su adscripción, todos con sede en sede en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 1108/2023-VI-A, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. ADMISION DE LA DEMANDA En vista de lo anterior y toda vez que este juzgado no advierte hasta este momento que se actualice algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los numerales 108, 110, 115 y 117 de la ley de la materia en vigor, se admite a trámite la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSION Sin que sea el caso ordenar el trámite del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni se actualiza algún supuesto contenido en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Precisado lo anterior, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INTERVENCION AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, córrase traslado con copia de la demanda a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. DEL REQUERIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable por su respectivo informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de quince días improrrogables siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de derechos humanos. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2, infórmese a la autoridad responsable que está en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrá adjuntar a su informe justificado el disco magnético que contenga el acto reclamado; lo anterior, permitirá agilizar el trámite y resolución del presente asunto, y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De conformidad con los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación, lo haga de manera extemporánea, o no remita, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 1a./J. 36/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 359; Materias Común, Laboral, Décima Época, con registro digital 2007288, que es de la literalidad siguiente: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. DE SER PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TAL SANCIÓN DEBE SER IMPUESTA AL PRESIDENTE DE LA MISMA, NO A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES OBRERO Y DEL CAPITAL QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A partir de la tesis aislada en materia común de la Segunda Sala de este alto tribunal, que se sustentó desde la quinta época, bajo el rubro: "SANCIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. AL IMPONERSE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR LA OMISIÓN EN QUE INCURRA AL NO RENDIR INFORME CON JUSTIFICACIÓN, DEBE ENTENDERSE QUE LA PENA SE REFIERE PRECISAMENTE A LA PERSONA QUE TENÍA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE AL COMETERSE LA INFRACCIÓN.", consultable en la página 122 del Informe correspondiente al año de 1937, esta Primera Sala comparte el criterio acerca de que la imposición de la multa no puede recaer en persona distinta del directamente infractor. Por consiguiente, la multa prevista en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, no debe imponerse a cada uno de los miembros de la respectiva Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, en el supuesto de que ese órgano haya sido señalado como autoridad responsable y se incumpla con lo dispuesto en el numeral 178 de la propia legislación. Esto es así, pues de conformidad con el artículo 618, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, los presidentes de las juntas especiales tienen la obligación de rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la junta especial; máxime que ese lineamiento de la Ley Federal del Trabajo se retoma y desarrolla en el artículo 22, fracción X, del Reglamento Interior aprobado por el Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013, al disponerse que tales presidentes, además de las facultades y obligaciones que la ley les confiere, deben rendir los informes respectivos en los juicios de amparo en que sean autoridad responsable; realizar los trámites y gestiones de ley, así como dar estricto y puntual cumplimiento a las ejecutorias y otras determinaciones que emitan los órganos jurisdiccionales de amparo. Por lo mismo, el hecho de que en el artículo 178 de la Ley de Amparo se indique que es la autoridad responsable la que dentro del plazo de cinco días contados a partir de la presentación de la demanda, debe acatar los lineamientos que en él se precisan, es insuficiente para imponer la multa a los representantes de los sectores obrero y del capital que la integran, pues es un contrasentido imponer, por esa mera referencia, la sanción prevista en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, también a ellos; sobre todo porque la obligación relativa a rendir los informes derivados de los juicios de amparo y de realizar los trámites y gestiones de ley correspondientes, no recae sobre los mismos. En consecuencia, en caso de incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 178 de la ley de Amparo, los únicos responsables y acreedores a la sanción correspondiente son los presidentes de las referidas Juntas Especiales, pero no los demás integrantes de tales órganos." Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su respectivo informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/4, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Septiembre de 1995, página 452, Materias Común, Novena Época, con registro digital 204370, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE REMITIR CONSTANCIAS EN EL. La omisión de las autoridades responsables de acompañar pruebas a su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto reclamado, sólo da lugar a imponerles determinada multa, pero ello no releva a los quejosos de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que los quejosos tienen la carga de la prueba conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no sea inconstitucional en sí mismo. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que el juez de Distrito, conforme lo establece el último párrafo del artículo 78 reformado de la ley antes aludida, tiene la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y considere necesarias para la resolución del asunto, pues tal reforma alude a que el juez de amparo debe recabar de oficio "pruebas", mas no constancias, porque éstas pueden consistir en elementos diversos de aquellos que tuvo en cuenta la responsable para emitir el acto reclamado, y son precisamente estas "pruebas" las que corresponde al quejoso allegar al juicio de garantías, en términos del primero de los preceptos mencionados." Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes contendientes en el presente juicio constitucional, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado Federal, apercibidas que de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, esto es, $ 5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos M.N. 00/100), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos con 74/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo establecido por el artículo 251 de la ley de la materia. De igual forma, se requiere a las autoridades responsables que remitan al correo electrónico 1jdo31cto@correo.cjf.gob.mx, de este Juzgado Primero de Distrito, la información electrónica que tengan en relación con el acto reclamado. Se hace del conocimiento de las partes, a verificar el sentido en que se conducen ante esta autoridad federal, ya que la infracción a ese deber o a la presentación de testigos o documentos falsos en el juicio de amparo, obligan a los órganos del Poder Judicial de la Federación, a dar noticia de dicha irregularidad al titular de la acción penal federal, ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 261, fracciones I y II de la Ley de Amparo. EXHORTO A LAS PARTES A USAR JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las todas las partes, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. De igual forma, las partes deben procurar (si así lo desean) su continuación en forma Electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e. firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. En otro contexto, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como el portal de internet del Poder Judicial Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de la Materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control jurisdiccional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, motivo por el cual, se ordena que las notificaciones que se generan con motivo de los diferimientos se notifiquen por lista a todas las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas del peticionario de amparo, la documental que adjuntó al escrito que se provee, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana sin perjuicio de que se relacionen nuevamente al momento de celebrar la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito que se provee y como autorizados con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, toda vez que la presente demanda versa en la materia laboral y se trata de la parte trabajadora. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 1, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 13/2020, en relación con los enunciados normativos 6 y 16 del diverso Acuerdo General Conjunto 12/2020, se autoriza al usuario, para consultar el presente expediente en línea, toda vez que se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se ordena realizar el trámite correspondiente a efectos de cumplir materialmente dicha autorización y a tomar las medidas conducentes, para que el expediente electrónico esté conformado con todas las constancias del expediente físico. HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Con fundamento en el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese.
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