Víctor Manuel Hernández Alba
Expediente 2528/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2528/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/10/2019
Partes del expediente
- Víctor Manuel Hernández Alba
- Congreso del EStado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
TODA VEZ QUE YA TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO DE 15 DÍAS OTORGADO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA RESPECTO DEL AUTO EN QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, ARCHÍVESE ESTE JUICIO DE AMPARO COMO ASUNTO CONCLUIDO, EL CUAL CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Subprocurador Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual allegó copia certificada del acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, del que se advierte que el Procurador Fiscal del Estado, ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso, la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, aplicando la tasa de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), dejando insubsistente el pago realizado mediante recibo de pago A37333569, y como consecuencia devolver la cantidad de $5,033.95 (cinco mil treinta y tres pesos con noventa y cinco centavos), con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de doce de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Víctor Manuel Hernández Alba, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades: ".La autoridad Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la ley de la materia, realice las siguientes acciones: (a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso j), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar la procedencia del documento a registrar; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; estimar lo contrario, implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 37333569, emitido a su nombre por la oficina recaudadora, con residencia en Encarnación de Díaz, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, moneda nacional); reintegrando a ésta el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emita otro recibo por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar la tarifa que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso h), de la ley reclamada)." Por acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, se recibió el oficio del Subprocurador Fiscal del Estado, mediante el cual adjuntó la orden de pago de 1796495, y recibo de doce de marzo de dos mil diecinueve, de los que se advierte que el quejoso recibió la devolución de impuestos por $5,033.95 (cinco mil treinta y tres pesos con noventa y cinco centavos) el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. - Así, en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio del Subprocurador Fiscal del Estado, de la Secretaría de la Hacienda Pública, por el que allegó copia certificada del acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, por el que ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso, la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, aplicando la tasa de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), dejando insubsistente el pago realizado mediante recibo de pago A37333569, y como consecuencia la devolución de la cantidad de $5,033.95 (cinco mil treinta y tres pesos con noventa y cinco centavos), con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por este conducto se notifica al tercero interesado el auto de 07 de junio de 2019, que dice: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Subprocurador Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual allegó copia certificada del acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, del que se advierte que el Procurador Fiscal del Estado, ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso, la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, aplicando la tasa de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), dejando insubsistente el pago realizado mediante recibo de pago A37333569, y como consecuencia devolver la cantidad de $5,033.95 (cinco mil treinta y tres pesos con noventa y cinco centavos), con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de doce de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Víctor Manuel Hernández Alba, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades: ".La autoridad Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la ley de la materia, realice las siguientes acciones: (a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso j), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar la procedencia del documento a registrar; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; estimar lo contrario, implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 37333569, emitido a su nombre por la oficina recaudadora, con residencia en Encarnación de Díaz, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, moneda nacional); reintegrando a ésta el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emita otro recibo por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar la tarifa que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso h), de la ley reclamada)." Por acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, se recibió el oficio del Subprocurador Fiscal del Estado, mediante el cual adjuntó la orden de pago de 1796495, y recibo de doce de marzo de dos mil diecinueve, de los que se advierte que el quejoso recibió la devolución de impuestos por $5,033.95 (cinco mil treinta y tres pesos con noventa y cinco centavos) el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. - Así, en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio del Subprocurador Fiscal del Estado, de la Secretaría de la Hacienda Pública, por el que allegó copia certificada del acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, por el que ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso, la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, aplicando la tasa de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), dejando insubsistente el pago realizado mediante recibo de pago A37333569, y como consecuencia la devolución de la cantidad de $5,033.95 (cinco mil treinta y tres pesos con noventa y cinco centavos), con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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